Juicio político

Gobierno de Brasil paga abultada deuda

Esta deuda originó la observación del Tribunal de Cuentas.

El Gobierno de Brasil anunció ayer que saldó las deudas contraídas con la banca pública, que sirvieron como justificante para la petición de apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. El Ministerio de Hacienda informó ayer de que pagó los 72.400 millones de reales (unos US$ 18.660 millones) adeudados con los bancos públicos y que, según la oposición, fueron contraídos de forma irregular y en contra de las leyes que rigen los presupuestos oficiales.

El valor abonado por el Ejecutivo incluye 55.800 millones de reales (unos US$ 14.380 millones) de deuda acumulados en 2014, y 16.600 millones de reales (unos US$ 4.278 millones) en pasivos que ya habían sido liquidados a lo largo de este año.

Esos compromisos pendientes llevaron a que el Tribunal de Cuentas (TCU) reprobase los balances del Gobierno de 2014 y cuestionaran los de este año al considerar que el Ejecutivo omitió las deudas con los bancos para "maquillar" los resultados.

De acuerdo con el TCU, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, los montos previstos para cubrir algunos gastos públicos como los seguros de desempleo o subsidios a las familias más pobres, entre otras obligaciones.

La maniobra fiscal, que mejoró de forma aparente el resultado fiscal del Gobierno, sirvió de munición de gran calibre para que algunos sectores de la oposición y juristas de prestigio solicitaran la apertura de un juicio político contra la mandataria brasileña, reelegida en 2014 para un segundo mandato.

El trámite del juicio político fue autorizado a inicios de este mes por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pero la Corte Suprema identificó algunos "errores de procedimiento" y ordenó que todo el proceso fuera reiniciado, lo cual ha quedado pendiente para febrero próximo.

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