El Estado de Washington permite desde hace mucho tiempo a los inmigrantes sin estatus legal obtener una licencia de conducir. Por tanto, Ofelia Rosas Ramos, una mexicana que vive ilegalmente en la ciudad de Seattle, tiene su licencia desde 2008.

“Es una de las grandes ventajas de este estado”, dijo Rosas, de 31 años, cuya hija de 4 años es ciudadana de Estados Unidos, y sufre de alergia severa. “Si tengo que llevarla de apuro al hospital, al tener la licencia, no debo preocuparme si la Policía me detiene e informa”.

La vida es muy diferente para Camila Trujillo, una inmigrante colombiana que vive en la ciudad de Katy, Estado de Texas. Debido a que Texas exige tener un número de Social Security para obtener una licencia, Trujillo, de 21 años, conduce hasta la universidad y su trabajo sin ese documento. “Te pueden parar por cualquier motivo menor”, dijo. Ser parado por la Policía puede derivar en la deportación. “Es frustrante y triste. No somos delincuentes. Queremos vivir el sueño americano”.

Esta es la geografía de la inmigración: algunos estados son renuentes a aceptar inmigrantes indocumentados, mientras otros avanzan para incorporarlos. La polarización está agudamente expuesta en una demanda judicial que Texas y otros 25 estados plantearon contra los decretos aprobados por el presidente Barack Obama para dar permiso de trabajo y protección contra la deportación a millones de inmigrantes indocumentados.

“Este caso hizo salir las diferencias a la superficie de manera tan vívida porque provoca que los estados elijan de qué lado están”, dijo Roberto Suro, profesor de la Universidad de California del Sur, quien analiza la inmigración.

Texas y sus aliados -entre ellos Florida, Georgia, Indiana, Montana y Nevada- afirman que sufrirán daño irreparable si esos decretos se aplican. Texas, que tiene 825.000 eventuales residentes, indicó en la acción judicial que debería emitir nuevas licencias de conducir y otros documentos, y pagar beneficios de desempleo, lo que constituyen daños que sería difícil superar si la Justicia, en definitiva, determina que los decretos del presidente son inconstitucionales.

Pero, el Estado de Washington, en su presentación ante la Justicia, mencionó “abrumadoras pruebas” de que los programas aprobados por Obama tendrían varios beneficios, al incrementar los salarios a todos los trabajadores y la recaudación impositiva. Washington lidera una coalición de 14 estados y Washington DC que pide a las cortes que permitan el comienzo de los programas.

Esos enfoques divergentes pueden tener impacto significativo en la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Nueva Orleans, donde el gobierno presentó un pedido para que se cancele un fallo de un juez federal de Texas que frenó los decretos del presidente, o al menos permita se apliquen en los estados que estén de acuerdo con esos decretos. La Corte fijó una audiencia para el 17 de este mes.
Más allá de la batalla legal, el caso ha subrayado cómo la división sobre política de inmigración ha creado realidades absolutamente variadas para los inmigrantes ilegales en los diferentes estados.

En el Estado de Washington, con su amplio sector de servicios y producción de frutas, “hace tiempo que se reconoce la importancia de la comunidad de inmigrantes para la economía”, dijo Jorge L. Barón, director ejecutivo del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle. “Todo el mundo sabe que las personas indocumentadas son cruciales para la agricultura y nuestro estado”.

Iowa, donde el gobernador Terry E. Branstad es del Partido Republicano y el procurador general Tom Miller es del Partido Demócrata, ha tomado posición junto al presidente y pide que comiencen los programas.

Un flujo ilegal de inmigrantes de México y Centroamérica hacia los campos y frigoríficos de Iowa, que causó agitación política, llegó a su pico durante la última década, pero ahora ha cesado, dijo Mark Grey, un profesor de la Universidad de Iowa del Norte, quien dirige un centro de capacitación para inmigrantes.

Muchos de los inmigrantes latinoamericanos tienen hijos asimilados que son ciudadanos de Estados Unidos. Los últimos que han arribado a Iowa son imigrantes legales y refugiados de muchos países alrededor del mundo.
“Ya no tenemos el rencor que tuvimos en otros tiempos”, reconoció Grey.

Los estados que se oponen a las medidas de Obama incluyen a Alabama, Arizona y Carolina del Sur, que han aprobado leyes duras contra los inmigrantes que no están autorizados.

Pero, el gran giro en el mapa de la inmigración lo dio Texas, que tiene la segunda mayor población de inmigrantes ilegales. En 2001, Texas fue uno de los primeros estados que dio apoyo para estudiar a los Dreamers (hijos de inmigrantes ilegales que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos cuando eran menores, estudian y no cometieron delitos). Ahora, encabeza la ofensiva contra Obama.

El punto central de la acción legal es frenar lo que Texas y sus aliados consideran como un exceso ilegal del presidente. En la demanda, Texas indicó que Obama “premia el comportamiento ilegal” al permitir que los inmigrantes sin papeles permanezcan y darles beneficios como es el caso de permisos de trabajo.

Los decretos “con certeza, dispararán una nueva ola de inmigración ilegal”, con “consecuencias adversas” para el estado, al incrementar los costos de servicios para inmigrantes y requerir funcionarios policiales y tropas de la Guardia Nacional en la frontera.

A lo largo de Estados Unidos hay millones de historias de extranjeros que optaron por ingresar o permanecer ilegalmente.

La colombiana Camila Trujillo, de 21 años, quien llegó a Estados Unidos junto a sus padres en 2008, escapando de la violencia en su país, ha sentido el cambio que se ha producido en Texas respecto de los inmigrantes ilegales. Si bien no tiene documentos, avanza lentamente en sus estudios en una universidad comunitaria, y solo tiene como sustento los ingresos de un empleo de tiempo parcial atendiendo al público en un taller de reparación de televisores. Pero, si tuviera un permiso de trabajo podría obtener la licencia de conductor, buscar un empleo mejor remunerado y avanzar hacia la obtención de un posgrado en trabajo social, indicó.

“Quiero muchas cosas en mi vida”, comentó. “Sin embargo, en Texas, ahora, estoy cada vez más limitada”.

Por su parte, Ofelia Rosas Ramos, dijo que llegó a Estados Unidos procedente de México, en 2000, cuando tenía 16 años. Sin la documentación necesaria para trabajar, se resigna a la tarea de limpieza en oficinas durante la noche, en Seattle (Estado de Washington). Se postulará a los programas de Obama, que dan protección a los ilegales, si llegan a aplicarse. De cualquier manera, afirmó sentirse orgullosa de vivir en un estado como Washington.

Acaba de cumplir 32 años y ha rozado el cielo financiero de Wall Street, pero hasta hace poco Julissa Arce podría haber sido deportada de Estados Unidos: era otra mexicana indocumentada que ahora, con los sueños cumplidos, quiere gritar al mundo que “sí, se puede”.

Vivió en Taxco (México) hasta los 11 años, cuando sus padres decidieron que se trasladaría con ellos a San Antonio (Texas), un cambio que supuso mucho más que despedirse de su vida acomodada, con asistenta y escuela católica.

“Yo no era consciente de los sacrificios que mis padres estaban haciendo para que yo pudiera tener todo lo que tenía en México”, explica la joven. Pero cuando cumplió 14 años se le acabó el permiso de turista y comenzó un “miedo” que la ha perseguido durante mucho tiempo. “Un día mi madre me dijo que no podíamos ir a México porque mi visa ha expirado y que si fuéramos quizás no podría regresar a Estados Unidos -dice. Y me pregunté, ¿qué más significa eso?”. En ese momento de su vida, las mayores consecuencias de su nuevo estatus migratorio pasaban por no poder acceder a estudios superiores. Afortunadamente, una ley estatal recién aprobada le permitió ser aceptada en la Universidad de Texas en Austin, donde su esfuerzo y ambición la seguían premiando con las mismas excelentes notas que obtuvo el instituto.

La construcción de un museo en San Antonio le obligó a cerrar el puesto de churros con el que pagaba las tasas universitarias, que había heredado de sus padres antes de que se trasladaran de nuevo a Taxco. Sin papeles no podía trabajar y sin un empleo no podía seguir estudiando.

“La deportación era solo lo práctico -subraya. Mi mayor miedo era el de no poder lograr mis sueños, que se me fuera a apagar la luz”.

Compró papeles falsificados, que la podían llevar a la cárcel, pero que, sin embargo, le permitieron finalizar sus estudios con éxito y acabar siendo seleccionada para trabajar en uno de los principales bancos de inversión y uno de los símbolos de Wall Street, Goldman Sachs, donde creció profesionalmente hasta tener grandes responsabilidades.

En 2009, “volvió a respirar” cuando se casó con su pareja, un ciudadano estadounidense que conoció en la universidad, y gracias a él pudo conseguir un permiso de residencia y la consiguiente ciudadanía.

Ahora trabaja en Define American, una organización que se propone cambiar la cultura del lenguaje y la percepción de los inmigrantes en Estados Unidos a través de los medios de comunicación y de Hollywood. (EFE)

Texas lidera acción contra decretos de Obama que dan protección a ilegalesTHE NEW YORK TIMES