Investigan si incurrió en ocultación de patrimonio y lavado
El futuro de Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción, está desde ayer en manos del juez federal Sergio Moro, responsable de la investigación en Petrobras y ahora a cargo del caso que implica al exmandatario brasileño.
Moro, el principal responsable de la más vasta investigación sobre corrupción en la política brasileña y con fama de implacable ganada en los últimos dos años, volverá a juzgar las causas que pretenden establecer si Lula incurrió en los delitos de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Los cargos se refieren fundamentalmente a la supuesta propiedad de un apartamento en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y de una casa de campo en el interior de ese mismo estado.
Ambos inmuebles fueron frecuentados por Lula y su familia y en las notarías de Sao Paulo aparecen a nombre de personas vinculadas al expresidente, quien niega a rajatabla que sean suyos y se dice víctima de una persecución política.
Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que en realidad pertenecen a Lula y que serían producto de diversos "favores" que habría hecho desde el poder a algunas empresas implicadas en la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras.
Las causas contra Lula estaban inicialmente en manos de Moro, pero pasaron a la Corte Suprema una vez que el expresidente fue nombrado ministro del gabinete de la mandataria Dilma Rousseff, que fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución.
Mientras fue responsable del caso, Moro ordenó una de las más impensables acciones de la Policía, a la que envió al domicilio de Lula a primera hora de la mañana del pasado 4 de marzo, un día que Brasil se estremeció ante una operación que tenía como blanco al líder más carismático del país.
El escándalo de Petrobras ha afectado a decenas de empresarios y políticos.
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