INVESTIGACIÓN
La fiscal espera los videos del circuito cerrado de la prisión para determinar si los miembros del Primer Comando Capital se fugaron por un túnel o salieron caminando por la puerta principal.
Paraguay sigue estremecido por la fuga de 75 integrantes de la temible organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) de la cárcel de Juan Padro Caballero, en el este del país y situada en zona cercana a la frontera con Brasil.
La fiscal Reinalda Palacios confirmó al diario ABC Color que los 32 funcionarios penitenciarios detenidos se negaron prestar declaración sobre el caso.
La fiscal espera ver los videos del circuito cerrado de la prisión para despejar las dudas de si se fugaron por un túnel o salieron caminando por la puerta principal como muchos sospechan.
A su vez, el secretario general de la Presidencia de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, reconoció ayer lunes a los medios que existió “un error de apreciación por parte del sistema de Inteligencia”.
Villamayor, ministro del Interior entre agosto de 2018 y octubre de 2019, señaló que “no se puede negar” que “algo se hizo mal”, aunque evitó pronunciarse sobre posibles responsables. “Algo fracasó, por eso se produjo. El Servicio de Inteligencia es de anticipación. Hay que reconocer que si 75 personas que tienen que estar dentro están afuera, quiere decir que hay un error”, dijo.
El Ministerio Público informó de la captura de uno de los fugados, un hombre de 30 años que cumplía una condena por narcotráfico y que fue localizado en la localidad brasileña de Punta Porá, en Nova Itamarat, informó la agencia Efe.
El presidente Mario Abdo Benítez, ordenó al equipo de seguridad la búsqueda de los miembros del PCC y el contacto continuado con las autoridades brasileñas, ya que no se descarta que hayan huido a Brasil. Asimismo, se ha reforzado la presencia militar y policial en los alrededores de todas las cárceles, en atención a la que autoriza la Ley de Emergencia Penitenciaria, sancionada en septiembre.
Esta normativa, cuestionada en su momento, ha vuelto a ponerse en duda.
A eso se suma que la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ya había advertido a mediados de diciembre de 2019 de la existencia de un plan de fuga o rescate de miembros del PCC, organización que paga 80.000 dólares para corromper funcionarios.
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