Recurso fiscal contra la Constituyente; la policía ya tomó el Parlamento.

Es el último intento legal para impedir que Nicolás Maduro termine coronando su dictadura. Dos fiscales pidieron ayer jueves a la Justicia anular la instalación, hoy viernes, de la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro y surgida de una elección denuncias por fraudulentas.

Pero todo indica que este reclamo terminará encajonado en la burocracia chavista. Una prueba de que Maduro no piensa dar marcha atrás, es que ayer jueves la militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó el control del edificio del Parlamento a fin de ir organizando la logística para la instalación hoy de la Constituyente.

El recurso para frenar la Constituyente fue hecha por dos fiscales ante un tribunal de control por la "presunta comisión de delitos durante el proceso electoral", señaló el Ministerio Público en Twitter.

El miércoles la fiscal general, Luisa Ortega, ya había anunciado una investigación a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el supuesto fraude en los comicios, que consideró un "hecho escandaloso".

"Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito", dijo a la cadena CNN Ortega, chavista que se rebeló contra Maduro, a quien acusa de tener "ambición dictatorial".

"He ordenado investigar si estamos en presencia de un delito, incluso de lesa humanidad. Por eso, designé a dos fiscales para investigar a cuatro rectoras del CNE por este hecho escandaloso", afirmó Ortega. La fiscal había presentado varios recursos contra la Constituyente ante el máximo tribunal —acusado de servir al gobierno— que le fueron negados.

La instalación de la Constituyente ocurrirá en medio de protestas convocadas por la oposición y el escándalo tras la denuncia de Smartmatic —empresa que dio soporte tecnológico a los comicios— de que hubo manipulación de los datos de participación por parte del régimen chavista.

Según el órgano electoral, sufragaron 8,1 millones de personas, pero el cálculo de Smartmatic es que votó un millón menos. "Este proceso no lo mancha nada porque es transparente", subrayó la noche del miércoles Maduro, quien atribuyó la versión de Smartmatic a una "reacción del enemigo internacional".

Mientras, la oposición, que calificó la denuncia de Smartmatic de "terremoto", asegura que solo acudieron unos tres millones de electores.

El dato de participación era clave para la legitimidad de la Constituyente, luego de que la oposición recogió 7,6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito simbólico el 16 de julio.

"La Constituyente nace con plomo en el ala (herida). Pero a Maduro no le importa, solo quiere una Constitución a su medida", aseguró a la AFP el analista Luis Salamanca.

Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, como Colombia, Argentina y Perú, anunciaron que no reconocen la Constituyente por considerarla una amenaza a la democracia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le impuso el lunes sanciones financieras y jurídicas a Maduro, a quien llama "dictador", y la semana pasada hizo lo mismo con 13 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del CNE.

Los cancilleres del Mercosur se reunirán mañana sábado para decidir la suspensión de Venezuela del bloque. El Mercosur tiene demorando una definición por la posición de Uruguay, que se ha negado a condenar al régimen de Maduro.

La oposición rechazó desde un inicio participar en la Constituyente, al considerarla un fraude con el que Maduro busca evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un régimen comunista.

Rechazada por 72% de los venezolanos según Datanálisis, la Constituyente sesionará en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo funciona el Parlamento de mayoría opositora, lo que hace temer brotes de violencia.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) postergó para hoy su marcha en Caracas contra el fraude, para coincidir con la instalación de la Constituyente.

Inicialmente prevista para el miércoles o el jueves, Maduro postergó para hoy viernes la ceremonia de toma de funciones de los 545 asambleístas, bajo el argumento de que se debía organizar "con tranquilidad".

El órgano plenipotenciario encargado de redactar una nueva Carta Magna fue elegido el domingo en medio de manifestaciones que dejaron diez muertos, elevando a 125 los fallecidos en cuatro meses de protestas que exigen la salida de Maduro.

"Ese fraude coloca al país camino a una explosión social, con una Constituyente fraudulenta. Ese proceso está nulo. Es el inicio del fin", declaró la noche del jueves el líder opositor Henrique Capriles.

La estatal Pdvsa recortó las ventas de crudo a su unidad refinadora en Estados Unidos, Citgo Petroleum, mientras aumentó el suministro a la rusa Rosneft, siguiendo un plan firmado en mayo para ponerse al día con envíos atrasados. La producción de petróleo venezolano está cayendo desde 2012, declive que se ha acelerado este año en medio de bajas inversiones y retrasos en los pagos a proveedores. Casi todos los clientes de Pdvsa están recibiendo menos volúmenes, entre ellos Estados Unidos.

El plan para compensar a Rosneft por los envíos retrasados se debe a que buena parte del suministro de Pdvsa a esa empresa está atado a préstamos concedidos a Venezuela para ser pagados con petróleo. Por otro lado, Pdvsa solicitó a sus tenedores de bonos un permiso para retrasar la publicación de sus estados financieros auditados hasta el 11 de agosto. REUTERS

El número de presos políticos en Venezuela aumentó en promedio seis veces desde el pasado 1° de abril, cuando se iniciaron las manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, informó el director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero. El abogado señala que hasta ahora son 620 los "presos políticos" en el país caribeño, una cifra que, según dijo, puede variar en dos o tres días debido a que esto no es una "sumatoria lineal". El abogado indicó que antes del 1° de abril había 117 opositores presos y que aunque varios de ellos han sido liberados, otros han sido detenidos después de esa fecha. Esta cifra de 620 es un número que, según Romero, está siendo certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA) "y es un esquema convenido (por ambas partes) a los efectos de tener una cifra oficial por un organismo internacional". El FPV es una organización que, entre otros asuntos, lleva los datos de las personas que considera han sido encarceladas por razones políticas. Tanto la comunidad internacional como la oposición venezolana se han pronunciado, antes y durante las protestas, para pedir la liberación de todos los opositores presos, incluyendo emblemáticas figuras como el líder Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. La ola de manifestaciones antigubernamentales ha dejado un saldo de 121 muertos, según datos de la Fiscalía desde su inicio, hace cuatro meses. EFE

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