CONFLICTO

El pulso entre el gobierno y los principales detractores de la reforma de las pensiones en Francia se intensificó ayer, cuando se cumplían 11 días de huelga en los transportes públicos y en vísperas de una nueva jornada de manifestaciones.

Los transportes seguirán fuertemente perturbados. Solo un cuarto de los trenes de alta velocidad y un tercio de los trenes regionales funcionan, mientras la práctica totalidad de las líneas de metro de París siguen cerradas.

El debate de fondo sobre la reforma de las pensiones registró un nuevo imprevisto con las acusaciones de conflicto de intereses contra el artífice del proyecto de reforma, el alto comisionado para las pensiones Jean-Paul Selevoye.

Según el diario Le Monde, Delevoye habría recibido pagos por sus servicios a instituciones privadas mientras trabajaba para el gobierno francés.

La Constitución francesa prohíbe acumular una función gubernamental y otras actividades remuneradas.

Delevoye presentó el sábado una declaración de intereses en la que reconoce que realizó trabajos como administrador o presidente en diversos organismos, según el diario francés.

En los últimos días, el funcionario había sido muy criticado por haber desempeñado dos trabajos remunerados con varias decenas de miles de euros por año en el grupo de formación IGS y un instituto de reflexión sobre seguros.

El interesado asumió el error y prometió reembolsar las cantidades recibidas.

El "señor jubilaciones" del gobierno recibió el sábado el respaldo del primer ministro Édouard Philippe que dijo estar convencido de su "buena fe", alejando el fantasma que planeaba sobre una posible dimisión.

Cada día más preocupado de que la huelga se extienda hasta la Navidad, el jefe del gobierno criticó a los huelguistas que perturban la vida de los franceses.

"Navidad es un momento importante. Cada cual debería asumir sus responsabilidades", declaró el primer ministro al diario Le Parisien.

El mayor sindicato francés, CFDT, que se había mostrado a favor del principal punto de la reforma, unificar los regímenes de pensiones, se sumó a la movilización después del anuncio del gobierno de introducir una "edad de equilibrio", es decir, aumentar en dos años la edad de la jubilación, que de este modo pasaría de 62 a 64 años.