El primer ministro francés, Manuel Valls, se apuntó un tanto al lograr un amplio respaldo de los diputados a su proyecto de ley de espionaje que refuerza la escucha telefónica y por Internet, que considera necesarios para luchar contra el terrorismo pero que han levantado una gran controversia. En la Asamblea Nacional el texto del jefe del Gobierno socialista logró el respaldo de 483 diputados, mientras que 86 se pronunciaron en contra, una decena de ellos socialistas.

Una "amplia mayoría" que el primer ministro aseguró que responde al hecho de que la ley "preserva las libertades fundamentales", al tiempo que "enmarca la actividad de los servicios de espionaje y les da más medios para que sean más eficaces ante la amenaza terrorista". "Ahora tenemos una legislación a la altura de lo que somos: una gran democracia y un Estado de derecho capaz de afrontar las amenazas que cuestionan nuestras libertades fundamentales", dijo.

Valls aseguró, además, que la ley permite combatir también el crimen organizado y el espionaje económico. El jefe del Gobierno, que pidió una rápida adopción del texto en su debate en el Senado, rechazó las "polémicas inútiles" sobre la ley y las acusaciones "insoportables" de que es "liberticida". Unas críticas que volvieron a escucharse en el hemiciclo en boca de los parlamentarios que consideran que la nueva ley debilita el control del espionaje y genera el riesgo de crear "una policía política", según el ecologista Sergio Coronado.

Pero ha sido fuera del Parlamento donde la oposición se ha hecho más virulenta. "Es un día triste para la historia de las libertades individuales de Francia. Esta ley legaliza la intrusión masiva de los servicios del Estado en nuestra vida privada sin mecanismo de control digno de ese nombre", aseguró la presidenta de Amnistía Internacional en Francia, Geneviève Garrigos. En idénticos términos se pronunciaron otras asociaciones de derechos humanos, pero también asociaciones de magistrados o el organismo independiente que controla la información en Internet.

La ley otorga al primer ministro un mayor poder para decidir sobre el espionaje de personas, telefónico o a través de internet. Prácticas que hasta ahora se hacían al margen de la ley, porque la actual databa de 1991, cuando ni había telefonía móvil ni internet.

La normativa se pensó para combatir mafias y grupos terroristas