Dilma Rousseff le ofreció ser jefe de Casa Civil para salvarlo, pero el expresidente no aceptó.

Ante el pedido de prisión preventiva para el expresidente Lula Da Silva, la presidenta Dilma Rousseff hizo un último y desesperado intento por ponerlo a salvo. Tras conocerse el pronunciamiento de tres fiscales que piden su prisión preventiva, junto a la de su esposa, la mandataria ofreció a última hora que aceptara la jefatura de la Casa Civil, cargo equivalente al de un jefe de Gabinete. Rousseff se proponía remover a su actual jefe, Jaques Wagner, y nombrarlo ministro de Justicia, cargo que aún permanece acéfalo. Sin embargo el propio Lula desarmó este enroque al rechazar este nuevo ofrecimiento. Adujo que el mismo podría interpretarse como un intento de obstrucción a la indagatoria judicial, según informó a última hora O Globo.

La petición de la Fiscalía del estado de San Pablo detonó ayer en un clima político de alta tensión. El dictamen acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de San Pablo, que está a nombre de la constructora OAS —implicada también en el escándalo de Petrobras— y cuya propiedad ha sido negada por Lula en reiteradas ocasiones.

Los fiscales alegan en la denuncia que presentaron ante la Justicia y que fue filtrada ayer a los medios, que es "imprescindible" ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.

Según los fiscales, el arresto de Lula se hace necesario debido a que "es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace que su posibilidad de evasión sea muy simple".

Los fiscales agregan en la denuncia, que los seguidores del exmandatario pueden promover "maniobras violentas" y presentarlo como "un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho", alegan.

Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo.

"No hay ninguna novedad en la denuncia del Ministerio Público (Fiscalía) de São Paulo, que ya había sido anticipada a la revista Veja el pasado 22 de enero por el fiscal Cassio Conserino", informó en un comunicado el Instituto Lula, una fundación encabezada por el ex jefe de Estado y que opera como su portavoz.

El apartamento de tres pisos en una exclusiva playa en el estado de São Paulo está a nombre de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que financió costosas reformas supuestamente solicitadas por la familia del ex jefe de Estado.

El expresidente alega que su familia pagó una cuota inicial por el apartamento cuando el mismo comenzó a ser construido, pero que pidió la devolución del dinero cuando la empresa responsable por la obra quebró y le vendió el proyecto a la OAS.

"Lula no es propietario ni del apartamento en (la playa de) Guarujá ni de la casa de campo en (la ciudad de) Atibaia (que también le atribuyen), y no cometió ninguna ilegalidad", según el comunicado del Instituto.

La nota agrega que el ex jefe de Estado presentó su defensa ante el fiscal y le entregó documentos que prueban que no es propietario del apartamento pero que Conserino los ignoró.

"Cassio Conserino no es el fiscal titular del caso e hizo un juicio anticipado antes de escuchar al expresidente, dejando claro que es parcial", agregó el Instituto Lula al recordar que el acusador ya había anticipado su intención en entrevista a una revista antes de escuchar los planteos de la defensa del acusado.

Según el comunicado, la denuncia refuerza la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia, como lo ha pedido la defensa de Lula en dos oportunidades, defina la competencia en este caso, ya que el mismo es investigado tanto por la Fiscalía regional del estado de São Paulo como por la Fiscalía federal del estado de Paraná. La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, apunta que el apartamento en Guarujá podría estar relacionado con el caso de corrupción en la petrolera y habría sido usado por OAS para disfrazar el pago de coimas. Dicha fiscalía es la que trabaja con el juez Sergio Moro, que ha dirigido esta investigación.

"Jamás ha habido todavía un Superhombre. Yo he visto desnudos a todos los hombres, al más grande y al más pequeño. Se parecen todavía demasiado unos a otros: aún el más grande era demasiado humano", dice el pedido de la Fiscalía citando Así habló Zaratustra, del filósofo alemán Friederich Nietzche. E interpreta la cita como que todos los seres humanos están en el mismo plano ante la ley.

La Corte Suprema de Brasil consideró ayer "inconstitucional" el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Wellington Lima, debido a que es miembro del Ministerio Público y eso le impide "expresamente" asumir funciones en el Gobierno. La decisión del tribunal, tomada por diez votos a favor y solo uno en contra, en la práctica obliga a la presidenta Dilma Rousseff a buscar un nuevo ministro de Justicia, un cargo clave en momentos en que el país está sacudido por gravísimos escándalos de corrupción que salpican a decenas de políticos de la base oficialista. La otra opción, según la corte, sería que Lima renuncie al Ministerio Público y después vuelva a hacerse cargo del Ministerio de Justicia, que en cualquier caso debería dejar vacante.

La crisis se precipitaAFP, EFE, ANSA, O GLOBO/GDA