Aseguran que el exmandatario fue responsable de trama de corrupción.

La situación judicial del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pareció agravarse aún más ayer, con la divulgación de un documento de la Fiscalía en el cual se afirma que "participó activamente" de las corruptelas en Petrobras.

El documento fue obtenido por el diario O Estado de São Paulo, que lo publicó en su portal en internet, y elaborado por cuatro de los fiscales del Ministerio Público dedicados a la investigación de las irregularidades en la petrolera, que ha cifrado los daños que sufrió con la corrupción en por lo menos 2.000 millones de dólares.

Lula respondió a través de sus abogados, que en una nota dijeron que ese documento "fue elaborado para darle titulares a la prensa" e "intenta encubrir la falta de argumentos" contra su cliente, del que sostienen que "es difamado desde marzo pasado" por la Fiscalía.

Al citar ese mes, la defensa parece aludir al momento en que la Justicia ordenó allanar las residencias de Lula y algunos familiares y que la Policía Federal trasladase al exmandatario a una comisaría pa-ra prestar declaración sobre el caso Petrobras.

Sobre la petrolera, el documento divulgado por O Estado de São Paulo, fechado el 3 de agosto, dice que "hay elementos de prueba de que Lula participó activamente del esquema criminal" que operó en Petrobras "y también de que recibió, directa e indirectamente, ventajas (financieras) indebidas de esa estructura delictiva".

"Considerando que una de las formas de pago de coimas dentro de la trama montada en Petrobras eran las donaciones electorales, se debe destacar que, desde 2005, Lula admitió haber sabido sobre esas prácticas de financiación ilegal de las campañas políticas", añade. También sostiene que "Lula sabía que las empresas hacían donaciones electorales por fuera y que había un ávido reparto de los cargos públicos" a fin de facilitar esas irregularidades.

Los fiscales afirman que "no es creíble" que Lula "desconociera la motivación de los pagos en negro para campañas", que fue, según la investigación, uno de los objetivos principales de la red de corrupción detectada en Petrobras, que salpica a medio centenar de dirigentes de casi todo el espectro político. El documento reafirma que "la estructura criminal" en Petrobras "perduró por lo menos una década", que sitúa entre 2004 y 2014, lo cual coincide con los dos mandatos de Lula (2003-2011) y el primero de Dilma Rousseff, su sucesora y suspendida de sus funciones desde mayo pasado para responder a un juicio político de destitución.

Asimismo, incluye entre los beneficiados de esas corruptelas a otros dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula, y a miembros de formaciones que integraron la coalición que le acompañó en el Gobierno, heredada luego por Rousseff.

El documento también hace referencia a las empresas privadas que participaban en la red de corrupción, que obtenían con Petrobras contratos amañados y con precios inflados, a fin de repartirse luego las diferencias.

"Ejecutivos de las mayores constructoras del país, que se reunían y viajan con Lula, participaban de la trama criminal, incurrían en fraudes en las licitaciones de Petrobras y pagaban coimas", afirma.

En ese marco, agrega que, "considerando que todas esas figuras, directamente implicadas en esa estratagema criminal, orbitaban en torno a Lula y al PT, no es creíble que desconociera la existencia de esos ilícitos".

Lula, quien ha sido acusado de "saber" de esas corruptelas por algunos de los implicados, como el exsenador del PT Delcidio Amaral, niega a rajatabla que hubiera tenido conocimiento y ha afirmado que es víctima de una "persecución política y judicial".

A eso pareció aludir ayer, cuando poco después de la divulgación del documento obtenido por O Estado de São Paulo dijo a través de las redes sociales que "en la historia, todo el mundo que gobernó para los más pobres fue perseguido".

El expresidente ya responde formalmente ante un tribunal bajo la acusación de "obstrucción a la justicia", por un supuesto intento de soborno a uno de los implicados en la corrupción petrolera. También es investigado por un apartamento y una finca que están registrados a nombre de empresarios muy cercanos a él, aunque la justicia sospecha que Lula es el verdadero propietario y que le fueron entregados por "favores" ofrecidos estando en el poder.

Lula le ha dado carácter internacional a su defensa y hace diez días denunció la supuesta "persecución" que sufre en su país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.

En tanto, el Senado brasileño ha ignorado la "tregua olímpica" que propuso ayer la inauguración de los Juegos de Río 2016 y avanza en el juicio de destitución de la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, quien parece cada vez más sola.

El Senado fue notificado oficialmente de que el proceso contra la presidenta continúa tras la aprobación de un informe que la acusa de "atentar contra la Constitución" y ese trámite supuso el comienzo de la fase final del juicio instaurado el pasado 12 de mayo.

Mientras se cumplía el trámite, la convocatoria a manifestaciones para exigir el retorno de Rousseff al poder del que fue suspendida para responder al juicio político tuvo ayer escasa respuesta y solo unos pocos millares de personas las respaldaron.

El siguiente paso del proceso será dado el próximo martes, cuando totalmente ajeno al clima deportivo en que Brasil se sumerge desde ayer, ese informe que pide despojar del mandato a Rousseff será sometido a una primera votación en el pleno del Senado. Esa sesión será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y será realmente maratoniana, pues se prevé que durará unas 20 horas.

En un testimonio que duró diez horas en Curitiba, el empresario Marcelo Odebrecht declaró el jueves ante cuatro fiscales que tienen la intención de explicar, en detalle, cómo hizo pagos ilegales a políticos de varios partidos en los últimos años. Es la primera vez que el heredero de la mayor constructora del país se reúne personalmente con los miembros del grupo de trabajo de Lava Jato para tratar de permitir un acuerdo. O GLOBO/GDA

Los abogados del exmandatario fueron los encargados de responder al informe. Los representantes sostuvieron que la Fiscalía "intenta encubrir la falta de argumentos" en su informe. Sostienen que no esgrimieron pruebas contra el líder del PT.

El Ministerio Público ve también una posible vinculación con el escándalo de corrupción de la presidenta suspendida y en medio de un proceso de juicio, dado que buena parte de las maniobras investigadas se hicieron cuando presidía Petrobras y en su gobierno.

En su declaración, que suma 255 páginas y aporta pruebas como sus agendas oficiales, listas de llamadas y pasajes aéreos, el senador denuncia también a numerosos políticos de partidos oficialistas y de oposición. Acusa a Lula de chantajear testigos.

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