El expresidente está involucrado en los favores al grupo Odebrecht.

El acuerdo de la Justicia brasileña con los ejecutivos de la constructora Odebrecht para que delataran la trama de corrupción del Lava Jato a cambio de una reducción de sus penas, puso otra vez al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el banquillo de los acusados. La semana pasada había sido el turno del actual mandatario Michel Temer, que habría recibido 3 millones de dólares. En el caso de Lula, se trata de facilitar acuerdos de Odebrecht con Petrobras por 22,1 millones de dólares. A esta altura en Brasil la pregunta es quién está por fuera del Lava Jato.

La Fiscalía de Brasil presentó ayer jueves nuevos cargos contra Lula (presidente entre 2003 y 2010), acusado de corrupción y lavado de dinero. Si la denuncia es aceptada por la Justicia, Lula enfrentará un nuevo juicio vinculado al caso de la petrolera estatal, que podría complicar aún más su regreso como candidato presidencial en 2018 por el Partido de los Trabajadores (PT).

Los fiscales acusan a Lula de "corrupción pasiva y lavado de dinero" por aceptar sobornos de parte de Odebrecht, la principal constructora de Brasil, a cambio de apoyo político para obtener contratos con Petrobras.

Los sobornos fueron disfrazados mediante la compra de un terreno —destinado a construir el Instituto Lula, creado por el exmandatario cuando dejó la Presidencia— y un apartamento en São Paulo.

Los fiscales afirman que Lula organizó nombramientos políticos de ejecutivos clave dentro de Petrobras que habrían desarrollado el esquema de sobornos en los contratos con Odebrecht.

La decisión de si las nuevas acusaciones terminarán en otro proceso judicial contra Lula ahora dependerá del juez federal Sérgio Moro.

El portavoz del Instituto Lula, José Chrispiniano, dijo que la nueva denuncia surge de la necesidad de los fiscales de la Operación Lava Jato de "inventar una nueva historia en su búsqueda obsesiva por intentar retratar al expresidente como responsable de los desvíos en Petrobras". El Instituto Lula negó igualmente que el apartamento y el terreno que figuran en la denuncia pertenezcan al ex- mandatario.

Los hechos denunciados por la Fiscalía forman parte de un esquema mayor a través del cual políticos, empresarios y funcionarios de Petrobras desviaban dinero para sí y para el financiamiento de partidos y campañas electorales.

Los fiscales identifican a Lula como el "comandante máximo" de ese esquema delictivo, "no sólo para enriquecimiento ilícito, sino especialmente para alcanzar la gobernabilidad basándose en prácticas corruptas y perpetuarse en el poder de forma delictiva".

Un total de nueve personas fueron denunciadas, entre ellas la esposa de Lula, Maria Leticia, y el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht.

Los sobornos provenientes de ocho contratos con Petrobras a los que hace referencia la denuncia suman más de 75 millones de reales (más de US$ 22,1 millones al cambio actual).

Lula ya enfrenta juicios por corrupción, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Figura emblemática de la izquierda latinoamericana, Lula ha dicho que está dispuesto a ser candidato en 2018 y las encuestas lo muestran liderando la contienda en la primera vuelta de las elecciones, pese a las crecientes acusaciones de corrupción.

Sin embargo, ya no goza de la popularidad récord con la que salió del poder en 2010 y sus políticas son señaladas por la derecha como las responsables de la crisis económica que enfrenta Brasil.

Su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso en agosto acusada de manipular las cuentas públicas y el PT sufrió una derrota abrumadora en las últimas elecciones municipales.

Marcelo Odebrecht ya fue condenado a 19 años de prisión por su participación en el esquema. Sin embargo, él y otros 76 ejecutivos de su empresa firmaron un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de una reducción de sus condenas.

Se espera que sus confesiones involucren a decenas de políticos de primera línea. Según adelantos de estos testimonios filtrados por la prensa local, el propio Michel Temer, actual presidente del país, aparece mencionado en el cobro de 3 millones de dólares para su campaña electoral cuando era vicepresidente de Rousseff en 2014.

En su edición del domingo 11, la sección Qué Pasa de El País publicó un amplio informe en colaboración con el Grupo de Diarios América (GDA) sobre el Lava Jato.

En medio del escándalo de corrupción, la guerra entre el Legislativo y el Poder Judicial en Brasil se reavivó ayer jueves después de que la Corte Suprema suspendiera la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley que pretendía castigar a jueces y fiscales.

A fines de noviembre la Cámara de Diputados aprobó un paquete anticorrupción originalmente impulsado por los fiscales que investigan el escándalo "Lava Jato", que llegó al recinto apoyado por más de dos millones de firmas. Paradójicamente, el proyecto fue modificado por los legisladores, que suprimieron varias disposiciones e incluyeron una enmienda que permite castigar a jueces y fiscales por "abuso de autoridad". La enmienda desató una fuerte polémica, pero el proyecto continuó su trámite para ser discutido en el Senado. Hasta que este miércoles un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó una medida cautelar para suspender la tramitación del proyecto de ley porque considera que estuvo plagada de vicios.

Por haber llegado al Congreso como una iniciativa popular, el proyecto debe ser debatido sin "enmiendas y sustitutivos que desfiguren la propuesta original para simular apoyo público a un texto esencialmente distinto a aquel suscrito por millones de electores", consideró el juez Luiz Fux en su escrito.

La región semiselvática de Tijuca, la Bahía de Guanabara y el Cristo Redentor son algunas de las bellezas por las que Río de Janeiro fue escogida como Ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco. Pero Río de Janeiro está en quiebra. Esta semana el gobernador de Río se reunió con el presidente Michel Temer a quien le solicitó el socorro del gobierno federal para superar el "estado de calamidad económica" en el Estado. Peripecias similares enfrenta la Arquidiócesis de Río que lanzó una campaña para recoger donaciones para mantener en buen estado al Cristo Redentor que presenta grietas y filtraciones en su estructura. Debido a la crisis, la Iglesia dejó de recibir parte del dinero que el gobierno de Río cobra a los visitantes del Cristo erigido en el cerro Corcovado. ANSA

AFP, REUTERS

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