Fueron designados por el Parlamento con mayoría oficialista.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impugnó ayer lunes el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su parcialidad ha acelerado la severa crisis del país. "Hoy fui nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a objeto de impugnar la designación de los magistrados", por cuya falta de "idoneidad y parcialidad" la corte "se encarga de acelerar la crisis", declaró Ortega, en entrevista transmitida en la emisora privada Unión Radio.

La fiscal impugnó la designación de los magistrados poco después de que el TSJ declarara "inadmisible" un recurso de nulidad que presentó el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

Confesa chavista ahora considerada "traidora" por el gobierno, Ortega aseguró que el TSJ ni siquiera "entra a conocer el fondo", lo "neurálgico" de las acciones legales presentadas contra la Constituyente. "En vista de la gravedad de lo que está ocurriendo en el TSJ presenté esta demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes", reseñó.

En un turbulento cierre de sesiones, el 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a esos magistrados, antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.

Según la fiscal, hubo "irregularidades durante el proceso para la selección de estos magistrados", lo que les resta "legitimidad". "Advertí que estaba mal y tomaron decisiones a espalda mía", agregó.

Ortega dijo estar presentando su recurso para, en cumplimiento de su responsabilidad como fiscal, garantizar la paz del país, que vive desde hace dos meses y medio protestas opositoras que han dejado 66 muertos. "Lo correcto es que procedan a inhibirse y habría que convocar a nuevos magistrados", apuntó.

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