Ortega teme por su vida y su familia y pide protección.

En Venezuela se cumplen tres meses desde el inicio de la ola de protestas callejeras contra el régimen de Nicolás Maduro, que han dejado al menos 82 muertos, y decenas de heridos y detenidos, al tiempo que se agrava a pasos acelerados la crisis por la escasez de alimentos y medicinas.

Dentro de un mes, el 30 de julio, en teoría, se realizará la elección de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro en un intento por mantenerse en el poder. Esta decisión del presidente, resistida por la oposición, está en la base del origen de las protestas callejeras y en el viraje que hizo la fiscal general Luisa Ortega, una confesa chavista, que se ha convertido en un azote para Maduro y su régimen que por ahora se sostiene por el apoyo de los militares.

Precisamente, ayer la Fiscalía imputó a un segundo general de la Fuerza Armada por violaciones de derechos humanos, elevando aún más la temperatura en su enfrentamiento con el gobierno. Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es sospechoso de "graves y sistemáticas violaciones" de los derechos humanos. Ministro de Interior y Justicia hasta agosto de 2016, este oficial fue citado a una audiencia el próximo martes, el mismo día en que la fiscal Ortega deberá comparecer ante el tribunal supremo, que evaluará si autoriza enjuiciarla como pide el gobierno.

El jueves la Fiscalía había acusado por los mismos cargos que González López al general Antonio Benavides Torres, quien hasta el pasado 20 de junio fue comandante de la militarizada Guardia Nacional.

El jefe del Sebin —la policía política del gobierno— fue sancionado junto con otros oficiales venezolanos por Estados Unidos, bajo señalamientos de violar los derechos humanos.

La Fiscalía lleva a cabo 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales en el marco de las protestas contra Maduro.

El miércoles, la fiscal denunció que en Venezuela hay "terrorismo de Estado", en una de sus más duras acusaciones contra el gobierno, del que se alejó tras años de línea oficialista.

Ortega asegura que Maduro rompió el orden constitucional al convocar una Constituyente sin previa consulta en referendo. Por eso está en la mira de Maduro, que busca sacarla del cargo y poner en su lugar a un funcionario afín al régimen.

Ayer viernes fiscales del Mercosur rechazaron las amenazas de destituir a Ortega. La resolución en apoyo a Ortega fue emitida en Buenos Aires en una reunión de los ministerios públicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y en la que también participaron los fiscales generales de Chile y Perú como asociados del bloque.

Pero una destitución de la fiscal solo puede ser decidida por la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, que aunque la apoya sus decisiones son desconocidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerarla en desacato.

La fiscal Ortega, a quien varios funcionarios del gobierno le han advertido que le quedan pocos días en el cargo, ha denunciado que su familia ha recibido amenazas. Ortega pidió ayer viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, medidas cautelares de protección para los funcionarios del Ministerio Público.

La fiscal ha advertido que "se cierne sobre Venezuela un oscuro panorama sobre el Estado" y ha dicho que "Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana".

También la ONU ve como "muy preocupante" la situación de Ortega, declaró en Ginebra el portavoz para los derechos humanos, Rupert Colville.

El relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, también criticó en Ginebra la decisión del TSJ respecto a Ortega. "Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela", dijo.

El último vuelo de la estadounidense United Airlines desde Venezuela salió ayer viernes, sumándose a la lista de aerolíneas que dejan de operar en el país.

United Airlines decidió a principios de junio suspender la única ruta que mantenía en Venezuela. Las compañías aéreas internacionales encuentran obstáculos para repatriar sus ganancias, debido al férreo control de cambios con el que el gobierno monopoliza el acceso a divisas desde 2003.

La deuda del Estado venezolano con United Airlines, con 16 años de presencia en el país en dos etapas, supera los 123 millones de dólares, dijo a la AFP Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), los fondos bloqueados a las aerolíneas en Venezuela ascendían a 3.800 millones de dólares el año pasado. Como consecuencia, Air Canada suspendió sus vuelos a Venezuela en 2014, año en el cual también lo hizo Aeroméxico. Alitalia amplió el listado en 2015 y GOL, Latam y Lufthansa se sumaron en 2016. Las empresas aéreas que aún operan en el país han recortado sus frecuencias y rutas, como American Airlines, Delta, Air France e Iberia.

Inspirados en el "Euromaidán", la revuelta de 2013 y 2014 en Ucrania que terminó con el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovich, los jóvenes que protestan a diario en las calles de Venezuela se protegen con escudos decorados como los usados en la plaza Maidán, en Kiev. La revuelta ucraniana está contada en el documental de Netflix Winter on Fire, que narra los tres meses de manifestaciones que dejaron 100 muertos.

Los jóvenes venezolanos, que se autodenominan "La Resistencia", elaboran sus escudos con lo que tienen a mano. Algunos escudos, largos y curvados como los que usaban los romanos, están decorados con imágenes de la Constitución venezolana, símbolos religiosos, representaciones de los jóvenes que han muerto en los tres meses de protestas y consignas como "SOS", "¡No+dictadura!" o "¡Maduro asesino!".

En base a REUTERS

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BATALLA DESIGUALAFP | REUTERS | EFE