VIOLENCIA DE GÉNERO

El día que un efectivo de la policía bonaerense asesinó a Úrsula Bahillo, en Rojas, la Justicia había ordenado una custodia para la joven y para su familia.

A pesar de esa orden judicial, el femicida se llevó a Úrsula de Rojas, la trasladó hasta un campo situado en la localidad de Guido Spano, a 14 kilómetros del centro de la ciudad, y la asesinó de quince puñaladas.

Ahora los investigadores del femicidio que conmocionó al país intentan establecer si la policía no cumplió con esa directiva judicial de custodiar a la adolescente y a su familia, ante el riesgo de que el agresor intentara atacarlas en represalia por haberlo denunciado.

Según fuentes judiciales, el lunes pasado, a las 14.18, se enviaron dos correos electrónicos a la comisaría de la Mujer y la Policía Local, de Rojas en los que el responsable del juzgado de Paz de dicha ciudad ordenó que se realicen “rondas de vigilancia policial sobre la denunciante y su familia”.

De acuerdo con los informantes, la medida de protección para la joven y sus familiares fue resuelta por el juez Luciano Callegari.

Ese mismo día, pero a las 11, un funcionario del juzgado solicitó a través de un mensaje de WhatsApp, primero, y por correo electrónico, tres horas después, que se entregue un botón antipánico a la adolescente que había sido víctima de violencia por parte del policía Matías Ezequiel Martínez.

Fuentes de investigación indicaron que los mails con los que solicitó la entrega del botón antipánico fueron enviados al área de Género de la Municipalidad de Rojas y a la Secretaría de Seguridad de esa localidad, algunos minutos después de las 14.

Hasta el momento, nadie explicó si se realizaron o no las “rondas de vigilancia” ordenadas por el juzgado y tampoco se aclaró desde la municipalidad si le entregaron el botón antipánico a la joven, a pesar del pedido insistente desde la dependencia judicial.

La decisión de ordenar la entrega del botón antipánico, según fuentes judiciales, se fundó a partir de la denuncia realizada el sábado pasado por Úrsula, cuando manifestó que Martínez la amenazó de muerte y que su exnovio había violado la orden de restricción perimetral impuesta por el juzgado de Paz.

Las sospechas sobre el presunto incumplimiento de la orden judicial para que realicen las “rondas de vigilancia” para proteger a la adolescente, fueron avaladas con la decisión del ministerio de Seguridad provincial de intervenir las comisarías Local y de la Mujer.

Tanto el fiscal de Junín, Sergio Terrón, como la Auditoría General de Asuntos Internos intentan establecer si el suboficial Martínez tuvo protección de algunos policías.

Martínez, según informó el ministerio de Seguridad bonaerense, había sido separado de su función hace un mes, a partir de la primera denuncia por violencia de género contra Úrsula, que radicó la madre de la víctima.

El ministerio de Seguridad informó que el acusado tenía licencia por enfermedad en el momento de las primeras agresiones y que se le había retirado el arma reglamentaria. Aunque algunos vecinos de Rojas afirmaron que lo vieron armado y, la víctima, en su denuncia, manifestó que amenazó con matarla.

El acusado de femicidio se negó ayer a declarar y se ordenó su traslado al penal de Junín. La fiscalía aseguró que Martínez se había recuperado de las heridas que se autoprovocó con el mismo cuchillo usado para asesinar a la adolescente.

Mientras tanto, el representante del Ministerio Público convocará a técnicos de la Procuración para abrir los teléfonos celulares de la víctima y del femicida. En el caso del acusado se busca determinar si tuvo protección policial.