AUDIENCIA

Familias piden a Corte Interamericana de Derechos Humanos por presos políticos en Nicaragua

Los familiares de los presos políticos detallaron la situación que han vivido desde la detención y la poca o nula información que tienen sobre su paradero.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en un acto político. Foto: AFP
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en un acto político. Foto: AFP

Los familiares de presos políticos en Nicaragua pidieron ayer viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sus libertades, durante una audiencia a la que el régimen de Daniel Ortega no asistió. Como parte de la supervisión de medidas urgentes por el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”, la CorteIDH realizó una audiencia pública para corroborar el cumplimiento de las acciones dictadas el 24 de junio pasado.

El Tribunal había solicitado la liberación inmediata de Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla y en una notificación posterior de Daisy Tamara Dávila Rivas.

En la audiencia, los familiares de los presos políticos detallaron la situación que han vivido desde la detención y la poca o nula información que tienen sobre su paradero, mientras que el Estado de Nicaragua no se presentó a la comparecencia virtual. “Solicitamos una prueba de vida”, dijo entre lágrimas Berta Valle esposa de Maradiaga, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos.

Carolina Jackson, hija de Aguerri, quien tiene 80 días sin ver a su padre, exigió que el Estado nicaragüense libere inmediatamente a José Adán, así como a los otros desaparecidos.

“Ha sido como vivir un duelo sin que esté muerto (...) Hoy él es un desaparecido político por promover el restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres, justas y transparentes. Mi padre se convirtió en un enemigo del régimen por su labor y acusado sin fundamento”, destacó Jackson.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que Chamorro y los otros presos políticos han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y campañas de descrédito desde las protestas populares de 2018. Sin embargo, los ataques fueron incrementados en 2021 a partir de los anuncios de que se postularían para las elecciones presidenciales.

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