La polémica norma prevé evitar corridas bancarias y “golpes de mercado”

Facultan a la ex SIDE para espiar a bancos y empresas

El Gobierno argentino oficializó ayer la nueva doctrina de los servicios de Inteligencia, reformados a raíz del caso Nisman, que le proporciona mayor poder de conducción al Ejecutivo y capacidad para actuar sobre terrorismo, delitos cibernéticos o delitos económicos, como golpes contra los mercados.

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Parrilli explicó que según él la nueva normativa deja atrás a la "criticada" SIDE. Foto: Casa Rosada.

La nueva normativa y organigrama, publicadas en el Boletín Oficial, define el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia argentina (AFI), el organismo que desde marzo sustituye a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Con esta resolución, la AFI amplía las tareas de espionaje y tendrá una conducción institucional definida desde el Ejecutivo. Entre sus modificaciones, tendrá un área dedicada a realizar espionaje interno sobre bancos, empresas o compañías financieras con el pretexto de prevenir "corridas bancarias o cambiarias (operaciones para devaluar bruscamente el peso argentino), desabastecimientos y golpes de mercado", que constituyan "atentados contra el orden institucional y la vida democrática".

"La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos", aclara el documento divulgado en el Boletín Oficial.

La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció en enero de este año la reforma de los servicios de Inteligencia argentinos tras el escándalo por la muerte, aún por resolver, del fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Nisman colaboraba estrechamente con el poderoso exjefe de Operaciones de Inteligencia Antonio Stiuso en la investigación del atentado y llegó a denunciar a Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los sospechosos iraníes de planificar el ataque, cuatro días antes de morir de un tiro en la sien en su domicilio, un caso en el que todavía no se sabe si fue un asesinato, suicidio o suicidio inducido.

Stiuso, que había sido desplazado de su puesto a finales de año por el Gobierno y hoy está jubilado, se encuentra en paradero desconocido pese a ser requerido por denuncias judiciales interpuestas desde el oficialismo.

"Con esta nueva norma dejamos atrás la vieja SIDE de la dictadura militar y del ingeniero Stiuso, que tantas críticas e inconvenientes generó a la democracia argentina", defendió ayer Óscar Parrilli, el secretario de la AFI.

Rechazo empresarial.

Empresarios de rubros diversos expresaron su desacuerdo y evaluaron como peligrosa la medida de la AFI. "Todos los países del mundo tienen sus sistemas de inteligencia destinados a protegerse de ataques externos. Hoy podríamos agregar al narcotráfico como gran amenaza externa. Pero, evidentemente, hacer inteligencia de los propios ciudadanos argentinos va en contra de todo lo que debería ser un país civilizado", dijo Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a dueños o máximos ejecutivos de compañías.

Se le sumó Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y líder de la cámara alimentaria Copal. "En el principio republicano de división de poderes, corresponde al Poder Judicial investigar estas cuestiones o pedir, si correspondiere y en el caso de que fuere necesario, a los organismos del Poder Ejecutivo, pero nunca autónomamente a los órganos del Estado dedicados a eso", afirmó el abogado laboralista.

Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue el más contundente de todos. "Esto es un nuevo signo de autoritarismo por parte del Gobierno", manifestó.

Contraataque.

El gobierno defendió la medida. Ante las críticas por el enfoque económico que el Gobierno da a la AFI, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recordó ayer que los ataques desestabilizadores contra la economía "han hecho mucho daño" al país en los últimos años.

Fernández indicó que es "imperioso que sean investigados y analizados" aquellos que generen movimientos "nocivos" para la gestión de gobierno. "Y más específicamente cuando sean bancos, empresas o compañías financieras", declaró.

"Lo que busca (la nueva doctrina) es terminar con el viejo concepto de que todos suponíamos que en algún momento éramos escuchados por alguien en nuestro teléfono, sino que específicamente cuando eso suceda será porque hay una orden judicial específica", concluyó Fernández.

Realizan una antimarcha en reclamo de justicia.

Un grupo de personas marchó "hacia atrás" desde el Palacio de Tribunales de Buenos Aires, en dirección a la sede de la mutual judía AMIA, para reclamar justicia por el atentado contra la entidad, que dejó 85 muertos en 1994. "La Antimarcha", organizada por el artista argentino Mookie Tenembaum, buscó simbolizar "artísticamente el retroceso permanente en la búsqueda de la verdad" sobre el ataque, que continúa sin respuestas a dos semanas de cumplirse el 22 aniversario, según los organizadores del evento.

Sustituyen a un juez de corte clave.

Luis María Cabral, un juez encargado de varios casos críticos para el Gobierno de Cristina Fernández, fue desplazado de un tribunal clave en Argentina. A raíz de esta decisión, miles de personas se manifestaron el martes en el Palacio de los Tribunales, en una movilización organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia. "Un funcionario regularmente designado para actuar como juez subrogante (suplente) no puede ser removido por un mero acto administrativo", sostuvo Ricardo Recondo, líder de este gremio judicial. El partido gobernante Frente para la Victoria impuso el mes pasado su mayoría en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de fiscalizar la actividad de los magistrados, para no renovar al juez suplente Cabral.

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