Un inmigrante portugués, que hace 25 años abrió su comercio en Caracas, guarda cada semana fajos de billetes en una bolsa negra, a la espera de la llamada de una persona.

Del otro lado de la línea, una voz juvenil le pregunta si va a pagar y, en minutos, un motociclista pasa a recoger los 5.000 bolívares (un poco menos que el salario mínimo mensual que equivalen a 23.000 pesos uruguayos) que le cobra una banda criminal desde hace un año por no volver a atacar a tiros su punto de venta de materiales de construcción.

"Me negué la primera vez que llamaron y un viernes amaneció la santamaría (cortina de acero) del negocio tiroteada. Otro día pasaron en moto disparando a media mañana", contó el comerciante.

"Aquí todos pagan. El que diga que no paga, miente", agregó.

Autoridades y empresarios reconocen que la extorsión es un delito en auge en Venezuela, y que se está propagando desde las zonas fronterizas azotadas por el contrabando y las bandas criminales hasta las principales ciudades del país.

Para el Gobierno de Nicolás Maduro, es un delito importado por paramilitares colombianos. Los comerciantes, en cambio, creen que es otra muestra de que la extendida impunidad sigue avivando el crimen en uno de los países más violentos del continente.

Y el problema no es sólo de seguridad; corre el riesgo de perturbar aún más la economía en recesión (ayer el FMI proyectó una caída del PIB del 10% para este año y una del 6% para el 2016) porque muchos de los empresarios terminan incluyendo estos gastos en los precios finales, echando leña a la inflación más alta de América.

"Esto que pago va en los precios", confesó el minorista, quien pidió proteger su identidad y que cada mes destina a la "vacuna" unos 100 dólares, o cerca de 20.000 bolívares calculados a la tasa de cambio oficial más alta. Este "coste" de más es el equivalente a tener un trabajador más en la nómina.

Aunque es difícil medir la dimensión real de la extorsión, el año pasado la Fiscalía concluyó 215 investigaciones por extorsión y secuestro, un salto frente a las 82 del 2013. No hay cifras disponibles para este año.

No obstante, organizaciones no gubernamentales calculan que los números son mucho más elevados.

Una encuesta hecha por el Observatorio Venezolano del Delito Organizado con el auspicio de la Unión Europea, reveló que la extorsión está "muy presente" para 34% de los 3.500 hogares urbanos consultados entre julio y agosto, y "más o menos presente" en la zona donde vive otro 29%.

Hace dos años, sólo una cuarta parte de los entrevistados aseguró tener conocimiento de casos de extorsión cerca de su casa.

"Eso es paramilitarismo. Y está no sólo aquí (en el fronterizo estado Apure), sino en Caracas también. No cerremos los ojos", indicó hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justificando la decisión de Maduro de cerrar varios pasos en la frontera con Colombia.

Las autoridades de Venezuela han movilizado gran parte de su fuerza militar y policial a las barriadas, buscando desmantelar bandas que expertos describen como pequeños ejércitos con armas de guerra y muy coordinados entre ellos.

Empresarios consultados, que pidieron no revelar su identidad, admitieron que disfrazan los recurrentes pagos por extorsión como gastos operativos en su contabilidad para proteger sus ganancias y esquivar las regulaciones del gobierno socialista, que supervisa sus costos.

Por temores a represalias y a que los criminales terminen sin castigo, muchos comerciantes no denuncian los chantajes. "No dejás de pagar impuestos, y además cancelás este impuesto adicional", afirmó Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas. "La inseguridad incrementa el costo y el precio de los productos", agregó en su oficina.

Un 20% de los 400 miembros de la Cámara cerró sus negocios el año pasado por un cóctel de recesión e inseguridad. Después de que en septiembre unos motoristas lanzaron una granada en una zapatería cerca de la frontera con Colombia, Alberto Quintero, dueño de un local de pinturas de una ciudad cercana, admitió que él también recibe amenazas intermitentes. La última vez que pagó 30.000 bolívares fue hace seis meses.

Comerciantes pagan a delincuentes para que no los roben