Un país en crisis

Ortega pide a Costa Rica identidad de migrantes para detener a opositores.

Un iracundo Daniel Ortega anunció frente a decenas de miles de sus simpatizantes convocados en Managua, que solicitará al gobierno de Costa Rica un listado de los nicaragüenses que han pedido asilo en ese país. La nación vecina se ha convertido en el destino de miles de ciudadanos que huyen de la violencia: la crisis política deja ya 320 muertos. Ortega dijo que depurará el listado para determinar quiénes cometieron "actos terroristas" y someterlos a un "proceso judicial". El mandatario admitió que 26.000 nicaragüenses se han refugiado en suelo costarricense y les prometió "a los que se sienten libres de pecado" que podrán regresar a Nicaragua "con la seguridad de que nadie los va a detener".

Ortega convocó a sus seguidores —miles de trabajadores del Estado, principalmente— a un acto oficial en la céntrica Avenida Bolívar de la capital para informar de que ha reunido más de medio millón de firmas recogidas en todo el país para exigir justicia contra quienes, según el discurso estatal, cometieron "actos terroristas" que dejaron 196 muertos. Es la única cifra de víctimas que acepta el Gobierno. En ese balance de fallecidos están incluidos, principalmente, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), policías y miembros de lo que Ortega ha denominado "policía voluntaria": hombres encapuchados que cargan armamento de alto calibre y siembran zozobra en las ciudades.

En un discurso incendiario —en el que llamó "perros rabiosos" a las decenas de miles de manifestantes que desde abril exigen el fin del régimen— Ortega se refirió por primera vez al éxodo de nicaragüenses que han dejado el país por la crisis.

Criticó al gobierno de Costa Rica por su política migratoria —"este año han deportado 478 nicaragüenses", dijo—, señaló las expresiones de xenofobia de algunos grupos en ese país —"estamos en contra de lo que es el irrespeto a los nicaragüenses, tenemos que condenarlo", afirmó— y dijo que solicitará al gobierno de Carlos Alvarado (centroizquierda) el listado de nicaragüenses que han pedido asilo, porque, dijo, lo depurará para determinar quienes cometieron actos de terrorismo antes de dejar Nicaragua.

La referencia es a los nicaragüenses que participaron en las manifestaciones contra el régimen, montaron barricadas o estuvieron en las decenas de tranques de carretera que paralizaron el país antes de que Ortega ordenara la "Operación limpieza", un ataque de sus huestes armadas contra esos bloqueos, que dejó decenas de muertos e inició la huida de nicaragüenses hacia el vecino del sur.

"Pediremos a Costa Rica que nos pasen el listado de los nicaragüenses que piden asilo, para decirles quiénes tienen causas pendientes por haber quemado, torturado. Tienen que ir a un proceso judicial", dijo Ortega. "A los que se sienten libres de pecado les decimos que pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener".

El gobierno que preside Alvarado ha recibido la solicitud de todos los nicaragüenses, incluso los que residían en el país antes de abril sin documentos suficientes, bajo la premisa de que en este momento sería inseguro el regreso a su país.

Costa Rica ha detenido las deportaciones, según las autoridades, y ha habilitado albergues para quienes buscan refugio. La mayoría de los nicaragüenses llegan a través de veredas, intentan cruzar los puestos fronterizos o pasar por los denominados "puntos ciegos", lugares que no son resguardados por las autoridades. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no puede dar detalles sobre solicitantes de asilo o refugio, ya que se trata de información sensible que se rige por el principio de confidencialidad.

Las denuncias de que militares nicaragüenses que custodian la frontera cuentan con listados de opositores para detenerlos y entregarlos a la Policía son frecuentes. Fue lo que le ocurrió a Carlos Brenes, coronel retirado del otrora Ejército Popular Sandinista, quien fe detenido por militares en la frontera de Peñas Blancas cuando viajaba hacia Costa Rica en busca de refugio. A Brenes, de 66 años, el gobierno lo acusa de "terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento del servicio público y daño agravado". Brenes, un exguerrillero que combatió la dictadura somocista se convirtió en un fuerte crítico del mandatario debido a su deriva autoritaria.

El 16 de julio la Asamblea Nacional aprobó una ley supuestamente destinada a combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la "proliferación de armas de destrucción masiva". El reglamento, sin embargo, ha sido denunciado por agrupaciones de derechos humanos por ser utilizado para justificar la criminalización de la protesta, al acusar a los manifestantes por actos de terrorismo.

Bajo el título "Alarma Nicaragua. La prensa independiente bajo asedio", la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a diarios de Norte, Centro y Sudamérica, así como del Caribe, difundió una declaración en la que expone la situación de violencia en ese país y el peligro que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación.

La declaración indica:  En Nicaragua, las libertades y derechos esenciales son vulnerados como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, continua y creciente por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Esto se da en el contexto de un período de represión que ha dejado más de 400 muertos y 2.500 heridos desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas de abril pasado.

En Nicaragua están en juego la vida, la seguridad personal, la libre expresión, opinión y reunión. Nadie puede quedar indiferente ante esta situación.

En esta etapa de violencia y crisis institucional, los periodistas y medios de comunicación independientes, así como los ciudadanos críticos al gobierno, son un objetivo gubernamental y de los grupos paramilitares que actúan protegidos por el Estado, como lo han documentado organismos internacionales de alta solvencia y credibilidad. Dentro de las víctimas se cuentan los periodistas nicaragüenses que asumen grandes riesgos para informar en este clima de violencia y caos, y que por esa razón son amenazados, agredidos, detenidos, difamados, y son objeto de ataques físicos que devienen en muerte.

Nos solidarizamos con la prensa independiente. Responsabilizamos al Gobierno del Sr. Ortega por los hechos de violencia contra los medios, los periodistas y sus familiares; exigimos el cese inmediato de los actos de agresión, intimidación y amenaza; y demandamos que se investiguen de manera exhaustiva todos los actos violentos, y se hagan cumplir las medidas de protección a periodistas y sus familiares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Reiteramos la solicitud a la comunidad internacional, realizada a durante la visita a Nicaragua de la misión de la SIP y de Reporteros sin Fronteras, a buscar con determinación mecanismos de diálogo con el Gobierno de Nicaragua que desemboquen en una salida democrática a la crisis política y social, en un clima de respeto a las libertades de todos los nicaragüenses. 30 de agosto de 2018.