La exministra de Economía argentina Felisa Miceli fue condenada ayer a tres años de prisión por el caso de la bolsa de dinero hallada en el baño privado de su despacho en el Palacio de Hacienda en 2007, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Sin embargo, la exministra, a quien se acusó de los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público, no irá a la cárcel ya que la sentencia tiene el carácter de “en suspenso”, figura por la cual las condenas de hasta tres años de prisión no son de cumplimiento efectivo.

También deberá reintegrar los fondos. De no tener dinero suficiente, la Justicia podría ejecutar su casa en el barrio porteño de Núñez, que ahora está embargada.

“Sería una tremenda injusticia que vaya presa, estoy arrepentida. Me da rabia”, dijo Miceli, entre lágrimas, en la mañana de ayer, durante su alegato final, antes de que el tribunal oral que la juzgó emitiera su veredicto.

Finalmente, el tribunal le fijó una nueva pena, en sustitución de otra impuesta en 2012.

Al justificarse, la exministra dijo estar “arrepentida” de haber llevado el dinero a su despacho.

“Cometí un error. Nunca jamás voy a ocupar un cargo público, ya aprendí la lección. No es por miedo que no quiero ir a la cárcel, sino porque me da rabia, me da pena que sea tan injusto”, dijo.

“Cuando fui sospechada y pidieron mi indagatoria, pedí que se aceptara mi renuncia porque los funcionarios públicos no pueden trabajar ni hacer su labor bajo la sospecha de que van a ser sospechados e indagados. Eso habla de cómo me comporté”, expresó también Miceli.

Esta afirmación fue interpretada como un tiro por elevación contra el vicepresidente Amado Boudou, imputado por la causa de la imprenta Ciccone y otros casos de corrupción, pese a los cuales no ha renunciado a su cargo.

Curiosamente, el Tribunal Oral en lo Federal Nº 1, que ayer condenó a Miceli, también está a cargo de una de las causas que involucran a Boudou.

Se trata del juicio oral por la inserción de datos falsos en los documentos de un viejo automóvil importado que el funcionario compró hace 20 años, que podría redundar en una pena de uno a seis años de prisión.

En diciembre de 2012 un tribunal de Buenos Aires condenó a Miceli a cuatro años de prisión por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público, al entender que no había justificado debidamente el origen del dinero encontrado en el baño de su despacho, en 2007, durante el Gobierno de Néstor Kirchner.

La defensa de la exfuncionaria apeló ese fallo condenatorio ante la Cámara Federal, que confirmó la condena, pero dispuso que el tribunal oral revisara la pena impuesta.

La exministra fue una de las primeras funcionarias de una administración kirchnerista en ser acusada por un delito vinculado a la corrupción.

En este caso, una inspección de rutina de bomberos fuera del horario de trabajo de Miceli encontró el 5 de junio de 2007 en el baño de su despacho una bolsa con 100.000 pesos argentinos (ahora equivalentes a 11.300 dólares) y 31.670 dólares en efectivo.

La entonces funcionaria fue procesada y durante el juicio alegó que el dinero era producto de un préstamo de un familiar para realizar una operación inmobiliaria, pero nunca pudo probarlo. De la misma forma, la exfuncionaria ocultó el acta original de los bomberos.

“Dejé la plata en el baño de la oficina porque me pareció seguro”, explicó Miceli en diciembre de 2012.

El escándalo truncó la carrera política de Miceli, economista muy cercana al fallecido Néstor Kirchner, que había asumido la cartera de Economía en 2005, convirtiéndose entonces en la primera mujer al frente de ese Ministerio clave.

En 2007, Miceli renunció a conducción del Palacio de Hacienda, tras dos años de servicio en el Gobierno nacional, y recibió acogida en la Asociación Madres Plaza de Mayo, donde se desempeñó como asesora y en su universidad dirigió un centro de estudios económicos.

Miceli es la segunda exfuncionaria kirchnerista con condena en firme de la Justicia, ya que en febrero pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de seis meses de prisión contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, “por sustracción de documento” en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.

En medio de la creciente tensión entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, la prensa británica aseguró ayer que un archivo secreto con información sensible de la base militar en el archipiélago del Atlántico Sur fue publicado en Internet por un error de codificación.

Según reveló el diario Daily Mirror, el documento que se filtró describe la colocación exacta de los campos de vuelo, la consistencia del cemento de las defensas físicas y coordenadas GPS de cuarteles y depósitos de municiones.

Una fuente militar citada por el matutino sostuvo que el archivo, que se publicó por error en el sitio del ministerio de Defensa británico, es “prácticamente un manual para la invasión perfecta”.

Se trata de errores que no podemos permitirnos”, dijo el exministro de Defensa Liam Fox, sobre la falla que provocó la filtración de la información.

El ministerio de Defensa británico negó que el archivo haya sido publicado en Internet. El link del documento no está más activo.

Días atrás, el gobierno británico anunció un aumento en el presupuesto militar en las Malvinas ante lo que considera una “amenaza” de una invasión argentina. La presidenta argentina Cristina Fernández rechazó esa hipótesis y vinculó la denuncia con la campaña electoral británica.

Extitular de Economía Felisa Miceli se salvará de la prisiónAFP, EFE Y LA NACIÓN /GDA