UN PAÍS ESTREMECIDO

Exigen comisión del exterior para investigar 42 muertes

Alta tensión en Nicaragua tras la represión sandinista; esperan el diálogo.

Estudiantes universitarios, con elementos que simulan armas, expresan su rechazo a la represión lanzada por el gobierno sandinista. Foto: AFP
Estudiantes universitarios, con elementos que simulan armas, expresan su rechazo a la represión lanzada por el gobierno sandinista. Foto: AFP

Nicaragua se mantiene a la espera de un diálogo nacional con mediación de la Iglesia Católica después de las violentas protestas que dejaron 42 muertos, mientras estudiantes y activistas convocan nuevas manifestaciones en reclamo de democratización y justicia, y de rechazo a la reforma de la seguridad social. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) continúa un proceso lento de documentación sobre las víctimas fatales de los violentos enfrentamientos de la semana pasada entre manifestantes y policías, evaluando denuncias de familiares.

La entidad informó el viernes que el número de víctimas fatales subió de 38 a 42, incluyendo a dos personas que estuvieron hospitalizadas en cuidados intensivos y otras dos que sufrieron heridas de bala durante las protestas.

Desde el lunes pasado no ha habido choques con la policía, aunque las manifestaciones han continuado pacíficamente en Managua y en otras ciudades. Estudiantes realizaron una manifestación en homenaje a los fallecidos en las protestas.

Pese a que no ha habido enfrentamientos en las últimas manifestaciones, el número de muertos ha aumentado por el fallecimiento de personas hospitalizadas o la aparición sin vida de personas dadas como desaparecidas, según el Cenidh.

La organización humanitaria internacional Human Rights Watch pidió que los países miembros de la OEA aprueben el envío de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua para que investigue denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

"Es una masacre lo que hemos tenido en Nicaragua porque los que han aparecido muertos presentan tiros en la cabeza, en la garganta o el pecho, directamente al corazón", dijo a la AFP el exrector universitario Carlos Tunnermann. Ello demuestra que "ha disparado gente experimentada".

En estas condiciones, el gobierno prepara el inicio de un diálogo nacional en el que la Iglesia Católica ha aceptado ser mediadora y testigo entre las partes, aunque no se ha informado sobre la fecha del encuentro, quiénes participarán o la agenda que se abordará.

Líderes del sector empresarial privado dijeron estar listos para participar en el diálogo por la democratización del país y aguardan ser convocados.

"La mesa (de diálogo) no está limpia como dijo el presidente (Ortega), la mesa está manchada de sangre y por lo tanto hay que limpiarla", dijo Tunnermann, quien urgió crear una comisión internacional que investigue la muerte de los manifestantes.

La fiscalía anunció el jueves una investigación sobre las muertes y creó una comisión integrada por el organismo de medicina legal y peritos policiales para determinar a los responsables y acusarlos penalmente.

No obstante, Tunnerman consideró que la fiscalía está "subordinada al Poder Ejecutivo", por lo cual carece de credibilidad y podría transformar el proceso de investigación "en una cacería de brujas" contra opositores.

Reclamo.

Los estudiantes exigieron ayer sábado la conformación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de las muertes en los hechos de violencia, como condición para iniciar un diálogo.

"Esta comisión deberá investigar, condenar y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión", demandaron los estudiantes universitarios en una declaración.

Los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por la Comisión de la Verdad, que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció que formaría con personas notables.

"No aceptamos que los asesinos se investiguen a sí mismos", repudiaron los estudiantes, tras pedir la disolución de dicha comisión.

Asimismo, exigieron "la destitución de los mandos de la Policía involucrados en los actos de represión".

Campesinos se unen a protestas y rechazan un canal interoceánico

Cientos de campesinos del sur de Nicaragua que se oponen al proyecto de construcción de un canal interoceánico llegaron ayer sábado a la capital para apoyar las manifestaciones anti gubernamentales.

"Que se sume el pueblo, que no tenga miedo (..) cuando el pueblo se levanta no hay" quien lo detenga, dijo Francisca Ramírez, líder de los campesinos anticanal, al entrar en Managua al frente de una caravana de camiones y vehículos que hacían sonar fuertemente sus bocinas.

Es la primera vez que los campesinos que se oponen a este proyecto marchan de manera pacífica, sin la represión a la que se han enfrentado en el centenar de manifestaciones que han protagonizado en los últimos cuatro años, y que han dejado varios heridos. Francisca Ramírez atribuye este logro a la sangre de los más de 40 nicaragüenses que han muerto en las protestas que sacudieron la semana pasada a Nicaragua, en medio de una fuerte represión que fue repudiada por la comunidad internacional y que obligó al gobierno a retirar a los antimotines de las calles. FUENTE: AFP

La reforma jubilatoria desató las protestas

Las protestas estallaron en Nicaragua como consecuencia de la reforma del sistema de jubilaciones, que está quebrado, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La reforma, que ya fue retirada, planteó el aumento del aporte patronal del 19% al 21% y subas graduales hasta llegar al 22,5% en 2020. Este aporte incluye invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad. Los aportes de los trabajadores aumentaban de 6,25% a 7% sobre el salario mensual y la cuota del Estado pasaba de 0,25% a 1,25%. El Instituto de Seguridad Social debía deducir a los jubilados 5% de su jubilación para atención médica.

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