ELECCIONES

Con su imagen erosionada por 13 años de una gestión manchada por la corrupción en su entorno, el boliviano Evo Morales, presidente en funciones más antiguo de América del Sur, busca extender su mandato hasta 2025 apoyándose en un ciclo de bonanza económica que ahora está en declive.

Pastor de llamas en su niñez, el primer presidente indígena de Bolivia, que apenas acabó la primaria, encabeza todas las encuestas, y todo apunta a que se disputará su cuarto mandato con el centrista Carlos Mesa.

Las mismas mediciones de medios locales señalan que Morales, de 59 años, no podrá alcanzar en la primera vuelta del 20 de octubre el 40% de los votos y una ventaja de diez puntos sobre Mesa, para encumbrarse a un nuevo mandato, sino que necesariamente tendrá que ir a balotaje, donde probablemente pierda.

“Algunos periódicos mentirosos dicen que seguramente no vamos a ganar en la primera vuelta. Hermanos y hermanas, de lejos vamos a ganar en la primera vuelta”, afirmó molesto el gobernante hace unos días tras conocerse esos datos.

Morales, un exlíder cocalero, llegó al gobierno en enero de 2006 con el 54% de los votos y revalidó el cargo con 64% para el periodo 2010-2015 y con 61% para la gestión 2015-2020, lo que le ha permitido dominar el Congreso en sus dos últimas gestiones, generándole un amplio poder político.

En los trece años de gobierno, Morales ha catapultado a su país a un auge económico y a una estabilidad política y social inéditos, con algunas medidas duramente criticadas, entre ellas la nacionalización de hidrocarburos, clave en su gestión. A raíz de esa medida, que afectó a Repsol de España, a Total de Francia y a Petrobras de Brasil, que siguen operando en el país tras renegociar contratos, la renta petrolera subió de US$ 674 millones en 2005 a 2.281 millones en 2018, pese a la reciente depresión de los precios internacionales del crudo.

Cuando el petróleo estaba en alza, Bolivia obtuvo 5.530 millones en 2014, y las reservas internacionales netas llegaron a US$ 15.000 millones, una cifra nunca vista en el país.

Además, Morales redistribuyó la riqueza en bonos para ancianos, niños y madres solteras, colectivos históricamente desamparados.

A pesar de la caída del precio del crudo, la economía creció el año pasado en 4,2%, uno de los índices más altos de la región. Además, para 2025 el país proyecta estar fuerte en el negocio del litio, que comenzó a gestarse con la producción primaria de baterías de ión litio.

Pero, la oposición sostiene que en estos 13 años con precios espectaculares de materias primas Bolivia tuvo “una inmensa oportunidad perdida”, según resume el candidato presidencial de derecha, Óscar Ortiz, que va tercero en las encuestas. Sin embargo, son las acusaciones de corrupción de su administración las que han puesto al gobernante en el ojo de la tormenta.

Las sospechas de que usó sus influencias en favor de su excompañera sentimental Gabriela Zapata, cuya compañía china había firmado contratos con el Estado boliviano, le hicieron perder un referendo en 2016 que buscaba la reelección.

A pesar de su derrota, Morales logró que el Tribunal Constitucional lo habilitara para una cuarta candidatura.

Según Waldo Albarracín, líder de la plataforma opositora Conade (Consejo de Defensa de la Democracia), “Bolivia vive en dictadura, porque todo está controlado por el gobierno: el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa y hasta el Defensor del Pueblo”.

Este opositor apuesta a que Morales será castigado en las urnas “por los hechos escandalosos de corrupción”, como un sonado caso de defraudación en la estatal petrolera.

Seguidor del “socialismo del siglo XXI”, del extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Morales es también criticado estos días por unas normas que, según los ambientalistas, han desatado un incendio forestal gigantesco con la pérdida de flora y fauna en más de 5 millones de hectáreas en la Amazonia boliviana.