Ahora enfrentan el difícil equilibrio de limitar inmigración y asilo, mientras buscan preservar tolerancia y apertura.

Pocas horas después de que el gabinete de Alemania aprobó intervenir las comunicaciones de celulares y poner pulseras electrónicas a los migrantes que se encuentran ilegalmente en el país y que pueden ser considerados una amenaza, un grupo de afganos fueron deportados, el miércoles pasado por la noche, en un avión que partió del aeropuerto de Munich.

La deportación fue solo la tercera expulsión masiva hacia Afganistán en los últimos meses, y en combinación con nuevas medidas contra el terrorismo, fue una señal clara de que soplan vientos políticos mas fuertes que están haciendo de Europa, al igual que de Estados Unidos, un lugar menos acogedor para los migrantes.

A lo largo del continente, los europeos se encuentran inmersos en un debate respecto del trato a los migrantes, a medida que la hostilidad creciente hacia quienes llegan choca con los valores de tolerancia y apertura defendidos desde siempre.

Muchos gobiernos están restringiendo su bienvenida a los extranjeros. Suecia ajustó sus normas de inmigración el año pasado. Gran Bretaña abandona la Unión Europea (UE), en gran medida, para frenar el flujo de extranjeros. Italia se ha embarcado en un plan de entrenamiento de libios para que contengan a los botes con migrantes en las cercanías de sus costas. Hungría ve el giro en contra de la migración como una afirmación del acierto de su decisión de construir un muro para sellar su frontera.

Después hay algunos estados como Alemania, que dan pasos más firmes para asegurar que las personas a las que se les niega el asilo realmente abandonen el país, caso de los 18 afganos deportados. No siempre ha sido así.

El gobierno de la canciller Angela Merkel, que enfrenta un duro desafío electoral este año, da los pasos para acelerar las deportaciones después que algunos sospechosos de terrorismo eran inmigrantes que habían sido individualizados para ser enviados de retorno a sus países de origen.

"Nadie es enviado de vuelta a su país de origen", dijo la nacionalista francesa Marine Le Pen, quien se ha definido como partidaria de la deportación, a medida que entra en la recta final de la campaña por la presidencia de Francia como la principal contendiente. "Todos se quedan. Todos se establecen", manifestó en la televisión francesa. "Siete millones de desempleados, nueve millones de pobres, nuestro sistema de salud está saturado y continuamos aceptando a los que arriban".

El debate sobre la deportación estalló en Alemania, en diciembre, cuando Anis Amri, un joven tunecino que solicitó asilo, embistió una feria de Navidad en Berlín con un camión y causó la muerte de 12 personas y heridas a 50. Había sido expulsado de Italia, se había registrado bajo al menos 14 alias para recibir asistencia social y otros beneficios, estaba anotado como una amenaza terrorista y debió ser deportado.

Sin embargo, no pudieron deportarlo porque su Túnez natal no proveyó documentos de identidad. Después del ataque, huyó primero al oeste de Alemania, después a Holanda y finalmente a Italia donde murió en un enfrentamiento con la Policía.

La polémica también envuelve cuántas personas deben ser expulsadas de Gran Bretaña.

En Italia, el experto en seguridad Marco Minniti, que se desempeña como ministro del Interior desde diciembre, impulsa medidas esperadas para frenar la inmigración mediante el proceso más rápido de las solicitiudes de asilo. Los pedidos sumaron 123.000 el año pasado, un incremento agudo desde los 26.000 en 2013, cuando Italia era visto más como un país de tránsito para los migrantes que se dirigían hacia el Norte a Europa Central.

El nuevo decreto elimina el derecho de apelación ante el rechazo al asilo y agrega funcionarios para procesar las solcitiudes con más celeridad. Alemania también aborda el problema después que Merkel abrió las fonteras en 2015.

Los migrantes cuya solicitud de asilo es denegada irán a "centros de repatriación" que Italia creará en sus 20 regiones.

En Europa Central y del este, los países de la UE se han resistido a aceptar migrantes, especialmente musulmanes, argumentando que no están preparados cultural ni económicamente para dar refugio a tantos extranjeros.

En 2015, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban fue el primer líder de la UE que resistió la migración masiva. Instaló una valla a lo largo de las fronteras de su país con Serbia y Croacia para bloquear a los refugiados que huían del Medio Oriente afectado por la guerra a través de la ruta de los Balcanes.

"Creo que el cambio de perspectiva de Estados Unidos ayuda a otros a respetar la posición de Hungría", dijo Zoltan Kovas, el vocero de Orban.

El ministro de Defensa, Istvan Simicso dijo que los objetivos del nuevo gobierno de Estados Unidos confirman el acierto de la política de seguridad húngara.

Las cifras de los países a lo largo de Europa sugieren que, si bien los gobiernos buscan restringir los arribos y cerrar las rutas migratorias como la de los Balcanes, todavía se registra un flujo sostenido de llegadas. Por ejemplo, el organismo del gobierno de Francia que maneja las solicitudes de asilo, informó que recibió 85.244 pedidos en 2016, un incremento de 6,5% en comparación con 2015. Se otorgó el asilo en más del 40% de los casos.

En el mar Mediterráneo está otro frente del drama de la inmigración ilegal. La Operación Sofía, emprendida por la UE para impedir la inmigración irregular logró capturar a 101 traficantes de personas, neutralizar 387 barcos y rescatar a 33.296 migrantes en alta mar, en el año y medio que lleva en funcionamiento. Se estima que esa cifra es el 13% de los que intentan la travesía.

El presidente Donald Trump asegura que están expulsando a extranjeros delincuentes, en cumplimiento de su política de fronteras seguras y protección contra el terrorismo. Mientras, abogados de ciudadanos de los siete países musulmanes incluidos en la veda migratoria ponen en duda la cifra de 746 detenidos que dio el gobierno. Si bien el decreto tuvo corta vigencia, los abogados dicen que la cifra real es mayor.

Las autoridades policiales de las llamadas "ciudades santuario" de Estados Unidos —limitan la cooperación de la policía local con el servicio de inmigración— se encuentran en medio de fuego cruzado. Mientras el gobierno del presidente Donald Trump las presiona para que actúen contra inmigrantes que cometen delitos, los gobiernos locales les dan instrucciones en sentido contrario. Por ejemplo, en Denver, el sheriff Patrick Firman fue advertido por el Fiscal de la ciudad que no debe detener a ningún inmigrante si no tiene la orden escrita de hacerlo. La American Civil Liberties Union amenazó con demandarlo si lo hace. Por tanto, Firman comenzó a hacer lo mismo que otros colegas: equilibrar los pedidos contradictorios. Cuando ICE —la policía de inmigración— quiere deportar a un detenido, la cárcel le envía un fax antes de que el recluso sea liberado. Queda a criterio de ICE si lo detienen y expulsan. En el caso de Ever Valles, de 19 años, un mexicano que iba a ser juzgado por robar autos, el fax de la cárcel de Denver fue enviado de noche, diez horas después que Valles pagó la fianza, pero media hora antes de su libertad. ICE no apareció. El viernes, Valles fue acusado de homicidio. Ahora, Firman está en el ojo de la tormenta política.

NUEVA REALIDAD EUROPEA