PROBLEMA SOCIAL

Miles de personas que huyen de la persecución, en su mayoría de Centroamérica, forman largas filas en la frontera sur de Estados Unidos cada día, con la esperanza de obtener asilo. Esperan durante meses, mientras sus nombres ascienden lentamente por una lista manuscrita hasta que se les permite presentar su caso a las autoridades de Inmigración estadounidenses.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo, la semana pasada, casi ninguna de ellas podrá acceder al asilo.

La Suprema Corte autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a aplicar la nueva norma que prohíbe recibir solicitudes de asilo de personas a las que no se les haya negado el asilo en uno de los países a través de los cuales viajaron en su camino a Estados Unidos.

La norma figura entre las medidas más restrictivas tomadas por este gobierno en su batalla para frenar la migración, trastocando décadas de leyes humanitarias y sobre el asilo.

Es probable que afecte a cientos de miles de migrantes que viajan por México para llegar a Estados Unidos: eritreos y camerunenses que huyen de la violencia política; nicaragüenses y venezolanos que escapan a la represión. Y, el grupo más numerosos de todos: hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que escapan del doble azote de la pobreza y las bandas de delincuentes.

“Esto termina con toda esperanza”, señaló Eddie Leonardo Caliz, de 34 años, quien salió de San Pedro Sula, en Honduras, con su señora y sus dos hijos, hace tres meses, para huir de la violencia de las bandas. Al hablar desde un refugio en el sur de México, sostuvo que medidas como las que aplica la administración de Trump “nos privan de la oportunidad de estar a salvo”.

La nueva norma, que ha tomado vigor mientras están pendientes desafíos legales, es consistente con la postura del gobierno de Trump de hostilidad y rechazo de las personas que buscan protección en Estados Unidos.

Ya sea mediante la separación de las familias de migrantes, limitando de manera drástica el número de solicitudes de asilo aceptadas o con la devolución a México de quienes ingresan a Estados Unidos para esperar la audiencia judicial, la administración ha mostrado una empecinada decisión de desalentar la migración.

Ha ejercido presión sobre México con la finalidad de alcanzar sus objetivos, habiendo amenazado con la aplicación de aranceles a todos los bienes mexicanos si ese país no frenaba la escalada de migrantes que se dirigían a Estados Unidos desde Centroamérica y otras partes.

México respondió. La semana pasada, cuando funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunieron en Washington para analizar los avances en el tema, la delegación mexicana mostró como su acción a lo largo de su frontera con Guatemala y a lo largo del país ha reducido los flujos migratorios hacia Estados Unidos en más del 50% en los últimos tres meses.

La acción de México, si bien es aplaudida por el gobierno de Trump, ha desbordado su sistema de migración. El número de personas que solicita asilo en México ya se había disparado en los últimos años, a medida que Estados Unidos aplicó más restricciones en sus fronteras.

Las nuevas normas se agregan a esa carga, debido a que muchos más solicitarán asilo en México.

Numerosos migrantes que se dirigen hacia el norte, afirman que la nueva norma no los frenará porque el deseo de tener una nueva vida en Estados Unidos es superior a cualquier preocupación legal.