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Escándalo político en Colombia: Uribe renunció al Senado

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Álavaro Uribe. Ahora sin banca, deberá comparecer ante la Justicia; dice que buscan meterlo a la cárcel. Foto: El Tiempo / GDA

La transición en Colombia

El expresidente, investigado por soborno y fraude, acusa a Santos y a la inteligencia británica de complot.

A dos semanas de que asuma el nuevo gobierno de Iván Duque, un escándalo político sacude a Colombia por estas horas. El expresidente Álvaro Uribe, quien renunció esta semana a su banca en el Senado en medio de una investigación de sobornos y fraude, acusó ayer miércoles al mandatario saliente Juan Manuel Santos y a la inteligencia británica de orquestar un complot en su contra.

Uribe había jurado como senador el pasado viernes tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo.

Sin embargo, la justicia lo tenía en la mira a raíz de un caso que se remonta a 2012, cuando el senador de izquierda Iván Cepeda lo denunció de tener vínculos con grupos paramilitares. Desde entonces la Corte Suprema investiga si Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada manipularon testigos para desvincularse de los escuadrones paramilitares.

Uribe, que durante su gobierno entre 2002 y 2010 lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas izquierdistas, es mentor del presidente electo Iván Duque, del partido Centro Democrático.

"Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6, amigos de Juan Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra", escribió ayer Uribe en su cuenta de Twitter, sin presentar mayores evidencias.

En otro mensaje, Uribe cuestiona el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema y aseguró que lleva implícita una "medida de aseguramiento" (cárcel).

La Corte Suprema admitió el martes como pruebas en el caso grabaciones de llamadas interceptadas por las agencias de inteligencia colombianas, al menos una de ellas entre Uribe y un amigo, en la que el expresidente asegura que están siendo grabados y que fueron seguidos en un evento político. La grabación de la llamada fue divulgada por medios locales en febrero y Uribe no negó su autenticidad en su momento.

Es la primera vez en la historia de Colombia que la Corte llama a declarar a un expresidente. Uribe y sus aliados han denunciado falta de independencia de la Corte.

No hubo inmediatamente una reacción del gobierno de Santos, quien dejará la presidencia el próximo 7 de agosto en manos de Duque. Tampoco ha habido reacciones del gobierno británico.

"Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos y estamos seguros de que su honorabilidad e inocencia prevalecerán", dijo Duque, en compañía de la vicepresidenta Marta Ramírez. Además, el mandatario electo expresó su respeto por "la constitución y sus instituciones" y pidió que se garantice la presunción de inocencia de su mentor político.

Con la renuncia de Uribe, que aún es un político muy popular en Colombia, el Centro Democrático pierde a su principal líder en el Congreso, donde Duque busca impulsar reformas económicas, sociales y cambios al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Aunque el partido de Uribe, de 66 años, no perderá la banca en el Senado, la ausencia del expresidente podría debilitar su cohesión. La agrupación tiene 51 de las 280 bancas del Congreso y necesita alianzas para impulsar su agenda.

"Uribe era considerado un hombre intocable, todo poderoso, hasta el día de ayer", dijo el senador Cepeda, quien fue el que denunció a Uribe ante la justicia por presuntos vínculos con los paramilitares.

Uribe y algunos de sus familiares han sido señalados por sus opositores de supuestos lazos con estos escuadrones, que han sido acusados de violaciones a los derechos humanos, pero la actual investigación de la Corte es la única que ha avanzado en el tema.

A lo largo de su carrera, Uribe se ha defendido de señalamientos que lo relacionan con grupos paramilitares, en parte motivados por la política de mano dura que aplicó contra las guerrillas de izquierda.

Bajo su gobierno, unos 30.000 paramilitares se desmovilizaron tras una serie de violaciones de derechos humanos, y varios de sus comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.

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