Las investigaciones sobre una vasta red de corrupción enquistada en la petrolera estatal Petrobras mantienen frenadas inversiones por cerca de 4.100 millones de dólares, según fuentes de la empresa citada ayer por el diario brasileño O Globo.

Entre los proyectos que han sido postergados por la mayor empresa de Brasil, O Globo cita la construcción de dos plataformas para sus operaciones marítimas, embarcaciones de apoyo y otros dirigidos al transporte a tierra del petróleo y gas extraído en alta mar.

Asimismo, ha sido paralizada la construcción de la segunda fase de la refinería Abreu y Lima, concluida en casi un 90 %, y de otras unidades de refinería programadas por Petrobras, una empresa que por si sola responde por casi el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La empresa es objeto de una investigación policial sobre una red de corrupción que, según se sospecha, opera desde mediados de la década de 1990 y desvió una suma aún no precisada, pero calculada en casi 5.000 millones de dólares, aunque entre los investigadores del caso se manejan cifras varias veces superiores.

En el marco de la investigación, que se desarrolla bajo estricto secreto judicial, la Policía Federal ha detenido a varios exdirectores de Petrobras y también a empresarios que, de acuerdo a las autoridades, integraban la red de corrupción.

Según la Policía, los empresarios prestaban servicios a Petrobras pero inflaban los precios de los contratos y se repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal, mientras que el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban las corruptelas desde hacía años.

La Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, ha anunciado que en las próximas semanas solicitará formalmente la apertura de un juicio penal, con lo cual denunciará a los políticos implicados en el caso, cuyos nombres aún se desconocen.Según adelantó la prensa local, que cita fuentes vinculadas a la investigación, la Fiscalía imputará a "decenas" de políticos y parlamentarios, que en su mayoría serían de la base que apoya a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

El escándalo de una magnitud sin precedentes echa una larga sombra sobre el segundo mandato de la presidencia.

A ello se suma una situación económica que, según coinciden numerosos analistas, comienza a presentar preocupantes signos de estancamiento. Los mercados, por otra parte, están resintiendo el escándalo.

Un fiscal del estado brasileño de Minas Gerais fue baleado y la Policía sospecha que se trata de una venganza por su investigación de actos de corrupción en la administración local. Marcos Vinicius Ribeiro Cunha, de 33 años, fue atacado al salir de la fiscalía de Monte Carmelo, un pequeño municipio de Minas Gerais.

Varios megaproyectos quedaron paralizados por el casoEFE