SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, fue destituido ayer viernes por la Justicia brasileña por sospechas de corrupción en el área de la salud en plena pandemia de coronavirus.

Witzel, de 52 años, rechazó las acusaciones y denunció una persecución política, de la que hace responsable al presidente Jair Bolsonaro.

La destitución, por un mínimo de seis meses, fue ordenada por un juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien le prohibió el acceso a las dependencias del gobierno aunque podrá seguir viviendo en el Palacio de Laranjeiras, residencia oficial de los gobernadores en Río, mientras el caso. “El grupo delictivo (integrado por miembros del gobierno de Río y empresarios) actuó y sigue actuando, desviando y lavando recursos en plena pandemia de COVID-19”, afirmó el juez Benedito Gonçalves.

El magistrado ordenó decenas de allanamientos con impresionantes despliegues policiales, incluido en el Palacio de Laranjeiras, sobrevolado por dos helicópteros.

Witzel será sustituido interinamente por el vicegobernador Claudio Castro.

La justicia ordenó además la detención de varios empresarios y del pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece Witzel.

La esposa de gobernador, Helena Witzel, también fue denunciada, tras la identificación de pagos a su gabinete de abogacía por parte de empresarios involucrados en los desvíos.

De acuerdo con la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019 una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos. Entre los fraudes investigados figura la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes de COVID-19, así como la compra irregular de respiradores y medicamentos.

Witzel afirmó que está siendo “masacrado políticamente” en nombre de “intereses poderosos”. “Vamos a tomar todas las medidas judiciales necesarias para que mi destitución sea revertida rápidamente”, afirmó. “El proceso penal brasileño se está transformando en un circo”, prosiguió.

Witzel, un exjuez, fue aliado de Bolsonaro en las elecciones de 2018. Luego se convirtió en uno de sus más frontales opositores, debido al avance de las investigaciones judiciales que involucran al hijo mayor del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, radicadas en Río, y más recientemente por divergencias sobre las medidas de aislamiento para contener la pandemia.

Witzel dijo que la decisión de la Corte fue inducida por la fiscal general adjunta de la Procuraduría General de la República (PGR), Lindôra Araújo, quien, según él, tiene una estrecha relación con la familia Bolsonaro. La PGR había solicitado el arresto de Witzel, pero el STJ solo autorizó su destitución.

“Bolsonaro ya ha declarado que quiere Río, me ha acusado de perseguir a su familia. Pero a diferencia de lo que él imagina, aquí la Policía Civil y el Ministerio Público son independientes”, sostuvo Witzel.

Con Witzel, cinco de los seis gobernadores de Río de Janeiro en funciones desde 1998 han tenido problemas con la justicia, y cuatro de ellos fueron presos en algún momento.

El caso más emblemático es el de Sergio Cabral, preso desde 2016 y condenado a cerca de 300 años de prisión en diferentes casos de corrupción, incluido uno relacionado con las obras de remodelación del Maracaná para el Mundial 2014.