ARGENTINA
El magistrado Claudio Bonadio envió este viernes a juicio a la expresidenta y al resto de imputados de la conocida como "causa de los cuadernos".
El juez federal Claudio Bonadio envió ayer viernes a juicio oral la causa de los Cuadernos de las Coimas, el caso donde se revelaron y confesaron sobornos como nunca antes, un expediente que tiene como acusados a la cúpula del gobierno kirchnerista y a 30 empresarios de grandes compañías contratistas del Estado.
La principal investigada es la expresidenta Cristina Kirchner, sospechada de haber cobrado coimas y de haber montado la estructura para hacerse del dinero obtenido en forma ilegal de los empresarios. Según Bonadio, ella y su marido, el expresidente Néstor Kirchner, “comandaron” una asociación ilícita que funcionó entre principios de 2003 y noviembre de 2015, “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
En el documento de la elevación a juicio, Bonadio volvió a pedirle al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para hacer efectiva la prisión preventiva que él dispuso contra ella en esta causa.
El diputado Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes, también fue investigado como parte de la presunta asociación ilícita, pero Bonadio lo sobreseyó.
Lo mismo dispuso respecto de los demás referentes de La Cámpora imputados, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, José María Ottavis y Julián Álvarez. Lo que le quedaba a Bonadio respecto de ellos era solo la acusación relativa a su supuesta participación de la asociación ilícita. El juez ya se había desprendido por incompetencia de la parte de la causa.
En el presunto organigrama de la asociación ilícita que ahora irá a juicio, por debajo de los expresidentes, figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; su segundo, Roberto Baratta (los dos presos); el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, de la compañía Esuco, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción. Ellos fueron, según Bonadio, los que armaron la banda delictiva. Irán a juicio oral acusados de haber sido “organizadores” de esta presunta asociación ilícita, de la que también habrían participado otros agentes, como el exsecretario de Obras Públicas José López (preso y condenado por el caso de los bolsos con dinero en el convento) y el chofer de Baratta, Oscar Centeno, el autor de los cuadernos que permitieron reconstruir los caminos de las coimas que Bonadio y la Cámara Federal dieron por probadas.
La estrategia es limitar su presencia en público
En cuanto a los empresarios, casi todos irán a juicio procesados por “cohecho activo”, por haber hecho pagos que en el marco de esta causa muchos admitieron cuando declararon como arrepentidos. La lista de los empresarios elevados a juicio por Bonadio incluye al primo del presidente Mauricio Macri y exCEO de Iecsa, Angelo Calcaterra; a Luis Betnaza (Techint), a Aldo Benito Roggio (Roggio); a Enrique Pescarmona (Impsa); a Gabriel Romero (Emepa), a Juan Carlos de Goycoechea (Isolux) y a Armando Losson (Albanesi). También al extitular de la UIA Juan Lascurain y a Néstor Otero, concesionario de la terminal de Omnibus de Retiro.
Entre los procesados está Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que es el único empresario que sigue preso de los acusados en este tramo de la investigación (está en trámite un pedido de excarcelación ante la Cámara).
Pagos.
En cuanto a los empresarios, casi todos irán a juicio procesados por “cohecho activo”, por haber hecho pagos que en el marco de esta causa muchos admitieron cuando declararon como arrepentidos. La lista de los empresarios elevados a juicio por Bonadio incluye al primo del presidente Mauricio Macri y exCEO de Iecsa, Angelo Calcaterra; a Luis Betnaza (Techint), a Aldo Benito Roggio (Roggio); a Enrique Pescarmona (Impsa); a Gabriel Romero (Emepa), a Juan Carlos de Goycoechea (Isolux) y a Armando Losson (Albanesi). También al extitular de la UIA Juan Lascurain y a Néstor Otero, concesionario de la terminal de Omnibus de Retiro.
Entre los procesados está Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que es el único empresario que sigue preso de los acusados en este tramo de la investigación (está en trámite un pedido de excarcelación ante la Cámara).
Análisis | Diego Cabot
Por varias razones, las 154 páginas que constituyen el pedido de elevación a juicio del caso de los cuadernos se convertirá en una pieza jurídica histórica. Por el contenido, pero también por la oportunidad.
La primera razón, claro está, por el tenor de los nombres, entre los que se destaca el de la expresidenta Cristina Kirchner.
Por otra parte, por el copioso listado de empresarios y exfuncionarios que completan el elenco de los procesados. Pero más allá de todo, por la trama que, con un detalle inédito en una investigación sobre corrupción, se describe a lo largo del escrito.
“Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas han sido reconocidas por sus actores”, dice el juez Claudio Bonadío en uno de los párrafos.
Inmediatamente recuerda que esas conductas chocan con lo que establece la ley 24.759: “La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como en el desarrollo integral de los pueblos. El combate contra la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”.
La cita no es casual. La Argentina transita por estos días por una de las campañas electorales más atípicas de la historia, que ahora tendrá un elemento extra. La trama que Bonadio eleva a juicio y que se conoce como la causa de cuadernos es la descripción más brutal de los negociados entre el sector público y privado. Corrupción a cielo abierto.
Justamente ese sistema, que según la resolución fue parte de la esencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, es el que se plebiscita en estos meses. Un sistema acusado por la Justicia y mayoritario en las urnas.
No es posible analizar el fallo sin tener en cuenta la oportunidad. En la página 152 aparece un pedido del juez: “Solicítase al honorable Senado de la Nación el desafuero de Cristina Elisabet Fernández con el fin de cumplir la prisión preventiva dispuesta”, se lee.
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