LA CRISIS VENEZOLANA

Trump envía al secretario de Estado a Argentina, Perú, Colombia y México.

El régimen de Nicolás Maduro está apelando a todos sus recursos para bloquear la participación de la oposición en las elecciones convocadas para antes del 30 de abril, en tanto desde el exterior se hace cada vez más fuerte la presión para una salida a la crisis política y económica en Venezuela.

En ese marco es que se inscribe la gira que el secretario de Estado, Rex Tillerson, realizará en la primera semana de febrero por México, Argentina, Perú y Colombia.

El enviado del presidente Donald Trump ya ha estado en México, pero este será su primer viaje a América del Sur.

En esta gira Tillerson se propone "promover un continente seguro y próspero, con energía segura y democrático".

"Durante todo el viaje Tillerson también defenderá una mayor atención regional a la crisis en Venezuela", informó el Departamento de Estado.

El 1º de febrero Tillerson estará en Texas, donde pronunciará un discurso ante la Universidad de Austin para delinear las prioridades del gobierno de Trump con relación a América Latina. Al día siguiente estará en México para encuentros con su homólogo, Luis Videgaray, y el presidente Enrique Peña Nieto.

Tillerson viajará luego a Argentina para reunirse con el presidente Mauricio Macri y el canciller Jorge Faurie.

Entre el 5 y el 6 de febrero, Tillerson estará en Lima, donde se reunirá con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la canciller Cayetana Aljovín para evaluar la relación bilateral y la agenda regional, incluidos los preparativos para la Cumbre de las Américas de abril en Perú. Esa cumbre tendrá como tema central la crisis en Venezuela.

Y en Bogotá Tillerson se reunirá con el mandatario Juan Manuel Santos y la ministra María Ángela Holguín.

La visita de más alto nivel del gobierno de Trump a la región ha sido hasta ahora la del vicepresidente Mike Pence, en agosto, cuando estuvo en Panamá, Colombia, Argentina y Chile. Ese viaje, como previsiblemente ocurrirá con el de Tillerson, estuvo marcado por la crisis venezolana y, sobre todo, por las polémicas declaraciones de Trump de que no descartaba la "opción militar".

El tema de la crisis política y social en Venezuela está presente en todas las conversaciones de Trump y su equipo con los gobiernos latinoamericanos desde su victoria electoral en noviembre de 2016.

Ayer Mauricio Macri denunció en París el "avance" del autoritarismo en Venezuela. "Vemos que por más que reclamamos la liberación de los presos políticos (...) y la organización de elecciones transparentes, cada vez avanza más el autoritarismo en Venezuela", declaró Macri en una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

"Hace rato que eso ya no es una democracia", estimó, reaccionando a la exclusión de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de los próximos comicios presidenciales.

La corte suprema —acusada de servir al presidente Nicolás Maduro— excluyó el jueves a la coalición opositora de las próximas elecciones presidenciales, al atrasar seis meses un proceso de reinscripción de partidos políticos. Esta decisión deja vía libre a Maduro para revalidar su mandato.

En tanto, Macron se manifestó "favorable" a nuevas sanciones europeas contra funcionarios venezolanos. "Hemos tomado sanciones individuales contra los dirigentes venezolanos, que tienen un impacto limitado. Deseo que vayamos más allá, teniendo en cuenta las decisiones recientes y la deriva autoritaria" del gobierno venezolano, declaró Macron.

El régimen de Maduro reaccionó con dureza esta semana a un nuevo paquete de sanciones impuestas por la Unión Europea contra siete dirigentes venezolanos.

Venezuela acusó a España de dirigir las negociaciones para imponer esas sanciones y declaró "persona no grata" al embajador del país europeo en Caracas, Jesús Silva. Este viernes Madrid replicó con la misma medida contra el representante diplomático venezolano, Mario Isea.

En Venezuela, dos de los principales partidos de la oposición e integrantes de la MUD mostraron ayer su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la que la alianza antichavista no podrá validar su tarjeta para las presidenciales.

Primero Justicia (PJ), a través de su diputado José Guerra, acusó al gobierno de Maduro de usar al TSJ para "ilegalizar a los partidos políticos" y para "perpetuarse en el poder aun siendo una evidente minoría".

Voluntad Popular (VP), partido del opositor en arresto domiciliario Leopoldo López, aseguró, en boca de su diputado Juan Andrés Mejía, que esta decisión del TSJ evidencia "un reflejo también de que estamos más cerca del final" del actual gobierno.

En los últimos meses miles de venezolanos se han aventurado a cruzar la frontera con Colombia y este flujo migratorio se incrementó en un 110% el pasado año, según un informe del Ministerio de Exteriores en Bogotá, que cifra en 35.000 los venezolanos que llegan a diario. El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, aseguró que actualmente residen en Colombia unos 550.000 venezolanos.

Son personas, algunas con doble nacionalidad, que suelen optar por tres opciones: quedarse en Colombia, viajar de forma puntual para obtener comida y medicina, o que cruzan para alcanzar otros vecinos por su frontera sur, como Ecuador. Cárdenas dijo a EFE que su país acoge "con gran compromiso" a miles de venezolanos pero advirtió que, de aumentar el fenómeno, surgirán "dificultades".

Nicolás Maduro anunció ayer viernes que se crearán granjas de "todas las criptomonedas que existen", en especial del petro venezolano en las universidades y colegios del país. "Vamos a crear los proyectos para la minería juvenil y la creación de granjas juveniles de minado en todas las criptomonedas que existen y en especial del petro", anunció Maduro en un acto con estudiantes en Caracas. La minería es la actividad que, mediante unidades con sistemas informáticos, genera criptomoneda y mantiene la tecnología en la que estas se basan. Maduro anunció hace unas semanas la creación de esta criptomoneda como una forma de evitar las sanciones financieras que Estados Unidos dictó contra su Gobierno en agosto. A finales de diciembre aprobó destinar como respaldo del "petro" los más de 5.000 millones de barriles de petróleo "certificados" que, según dijo, hay en uno de los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco en el este de país. EFE