Tras confirmarse la condena a 14 años Washington hace un llamado.

Estados Unidos insistió ayer en su petición al Gobierno venezolano de que libere a Leopoldo López y otros presos políticos en Venezuela, tras la "injusta" ratificación de su condena a más de 13 años de cárcel, y lamentó la ausencia de "debido proceso" y "un juicio justo" en su caso y el de otros.

"Estados Unidos está profundamente preocupado por la decisión de la Corte de Apelación de Venezuela de permitir que la injusticia continúe contra el preso político Leopoldo López", dijo una portavoz del Departamento de Estado, Elizabeth Trudeau, en su conferencia de prensa diaria.

Esta es la segunda reacción de Estados Unidos a la decisión emitida el viernes pasado por el tribunal venezolano, dado que la secretaria de Estado adjunta en funciones para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, se mostró este sábado "muy preocupada" por esa ratificación en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Trudeau recordó que Estados Unidos ha pedido reiteradamente la "liberación de López y otras personas presas por motivos políticos", y que desde el arresto de ese líder opositor en 2014 ha expresado preocupación "por los cargos no corroborados y políticamente motivados" en su contra. "Estados Unidos llama al Gobierno de Venezuela a garantizar los derechos del señor López y de todos los presos políticos al debido proceso, la ausencia de detenciones arbitrarias y un juicio justo, público e imparcial según lo establecido" en varios instrumentos internacionales y "la Constitución venezolana", indicó Trudeau.

"En lugar de silenciar la disidencia pacífica y democrática, ahora es el momento de que los líderes de Venezuela escuchen a voces diversas y trabajen unidos para encontrar soluciones a los retos políticos, sociales y económicos que enfrenta el pueblo venezolano", concluyó la portavoz estadounidense.

La Corte de Apelaciones es la antepenúltima instancia a la que podía acudir el dirigente opositor venezolano para intentar reclamar la nulidad del juicio o una rebaja de la condena que cumple en una prisión militar en los alrededores de Caracas.

López fue condenado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, con relación a los hechos violentos originados al final de una marcha antigubernamental convocada, entre otros, por él, el 12 de febrero de 2014. Las acciones delictivas que se le atribuyen a López habrían sido cometidas en el discurso que pronunció en esa marcha que culminó con destrozos, varios heridos y tres muertos, pero que además dieron inicio a una ola de protestas que duró varios meses.

La oposición venezolana ha solicitado una reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para denunciar la violación de derechos humanos en el caso de López, anunció por su parte el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Luis Florido. "Nosotros vamos a seguir actuando en defensa de los derechos del líder de nuestro partido (...) Las próximas acciones que tomaremos por Leopoldo van a ser acciones de orden internacional, vamos a estar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentando el caso", dijo Florido, que pertenece al partido Voluntad Popular (VP) fundado por López, en una conferencia de prensa.

El diputado opositor consideró que la decisión del pasado 12 de agosto de la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la condena de casi 14 años a López confirma "que los hilos de la justicia (venezolana) se manejan desde Miraflores (sede del Gobierno)" y aseguró que "Leopoldo fue sentenciado directamente por (el presidente) Nicolás Maduro".

"Hay presos políticos en nuestro país. Leopoldo López es la expresión más importante de estos presos políticos, pero estamos hablando de casi 120 presos políticos en Venezuela al día de hoy", afirmó.

La condena a López había sido apelada el pasado 22 de julio en una audiencia que se extendió por unas de 15 horas.

La Corte de Apelaciones es la antepenúltima instancia a la que podía acudir el dirigente opositor para intentar reclamar la nulidad del juicio o una rebaja de la condena que cumple en una prisión militar en los alrededores de Caracas.

La situación de López ha sido, además, el muro contra el que han chocado las intenciones de diálogo. Mientras esta posibilidad permanece en suspenso, el país continúa expectante por la suerte del referendo revocatorio. La desconfianza de la oposición se incrementa con el paso de los días, incluso el jefe de la bancada opositora en el parlamento, Julio Borges, expresó su desconfianza en torno a la figura del alcalde Jorge Rodríguez, a quien atribuye haber alentado la firma "fraudulenta" para desacreditar el recurso.

Unos 134.000 venezolanos se movilizaron por los seis puntos de la frontera con Colombia, durante el fin de semana y este lunes feriado, informó ayer Migración Colombia. Según datos de la entidad, tomados a partir de la expedición de tarjetas de tránsito fronterizo, el sábado transitaron 54.000 personas, el domingo lo hicieron 58.000 y ayer la cifra bajó a 22.000. Los mayores flujos de tránsito se registraron en el puente Simón Bolívar que une a San Cristóbal, Venezuela, con la ciudad colombiana de Cúcuta.

El influyente diario The New York Times evocó ayer un cuadro agudo de Venezuela, tachando al país suramericano en una editorial de ser un "autoritario Estado paria", sumido en una crisis que lo convierte en la más "urgente bomba de tiempo". Bajo el titular, "Inminente choque en Venezuela", el periódico neoyorquino señaló que el país petrolero "debe ser llamado por lo que es: un corrupto y autoritario Estado paria que se ha convertido en la más urgente bomba de tiempo del hemisferio". El New York Times concentró el editorial en el anuncio la semana pasada de las autoridades electorales, que dieron señales de que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro no se realizará este año, como exige la oposición. "Difícilmente fue una sorpresa, pero pone a Venezuela en una peligrosa —y evitable— ruta de colisión", indicó el diario, que también criticó a Maduro por no reconocer la "necesidad de un cambio dramático" y "seguir culpando por la destrucción del país a una conspiración entre EE.UU. y la oposición".

AFP

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