CRISIS EN LA FRONTERA

EE.UU. devuelve a México a 633 personas que no demuestran estar en riesgo

Cada día, cientos de personas que intentan obtener asilo son bloqueadas y no pueden esperar en Estados Unidos que se definan sus casos.

Un funcionario de la Policía Federal de México ayuda a un niño en las cercanías de la valla fronteriza. Foto: AFP
Un funcionario de la Policía Federal de México ayuda a un niño en las cercanías de la valla fronteriza. Foto: AFP

Esperando convencer a los funcionarios de Inmigración de Estados Unidos de que su vida está en peligro, Selvin Alvarado revisó fotos de los hombres que, según dijo, amenazaron con asesinarlo.

Una vez que llegó a Estados Unidos, creyó que estaría seguro, aunque eso significara quedar detenido mientras esperaba por el asilo. "Prefiero mil veces estar encarcelado que muerto", comentó la semana pasada en un refugio situado al sur de la frontera con Estados Unidos.

En cambio, como parte de la nueva política ampliada del gobierno estadounidense, Alvarado, de 29 años, que tiene dos hijos, fue enviado de vuelta a México. Espera desde hace semanas que lo convoquen a una audiencia sobre el asilo en California.

Cada día, cientos de personas que intentan obtener asilo son bloqueadas y no pueden esperar en Estados Unidos que se definan sus casos, en función de la llamada política de Permanencia en México, que las autoridades estadounidenses describen como un freno a la inmigración ilegal.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por su sigla en inglés) indicaron que esa política también apunta a aliviar los centros de detención que están desbordados, a medida que enfrentan un crecimiento del número de migrantes a lo largo de la frontera suroeste. Esa política es objeto de demandas en la Justicia Federal estadounidense.

"La crisis en nuestra frontera empeora y DHS hace todo lo posible dentro de su alcance para ponerle fin", indicó la secretaria Kirstjen Nielsen.

El jueves pasado, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México señaló que no resulta claro cuántos aspirantes al asilo serían rechazados por Estados Unidos bajo esta política, que, según señaló, la administración del presidente Donald Trump amplió sin consultar.

Desde enero, 633 centroamericanos que buscaban asilo fueron rechazados, debido a que no pudieron presentar pruebas suficientes de haber sido torturados o perseguidos en México. Es un cambio de los lineamientos anteriores, que permitían permanecer en Estados Unidos a los migrantes que convencían a las autoridades de que tenían un temor creíble de retornar a sus países de origen, mientras sus casos eran analizados. Historias de cómo huyen de la violencia, la extorsión y la corrupción en sus países de origen no califican, de acuerdo con los nuevos estándares para el ingreso. Muchos migrantes tampoco pueden lograr abogados para que los representen ante la Justicia sin tener una reunión con ellos en Estados Unidos. Alvarado comentó que estaba considerando un ingreso furtivo a Estados Unidos si su solicitud de asilo sigue siendo demorada. "Tendré que hacerlo de manera ilegal", dijo Alvarado, mientras sostenía las fotos de los hombres que, según indicó, lo persiguieron desde Honduras, a través de Guatemala y hasta Tapachula (México).

La política ha sido ampliada para impedir que familias enteras esperen en territorio de Estados Unidos mientras se definen sus casos, aunque se permite el ingreso de niños sin acompañantes y de ciudadanos mexicanos.

La nueva política se aplica en los lugares de ingreso en Calexico (California), que fue visitado el viernes por el presidente Trump, y El Paso (Texas). Nielsen dirige la actuación de DHS para ampliar esta política a otros cruces fronterizos con México.

El número de personas que cruzan la frontera no está en el nivel de comienzos de este siglo, cuando unas 220.000 personas cruzaron la zona límitrofe cada mes. Nielsen estimó que las autoridades fronterizas frenaron a 100.000 migrantes en marzo, lo que significó un incremento en relación con febrero cuando detuvieron a 76.000.

En una acción judicial presentada en febrero, la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) acusó al gobierno de violar las leyes de inmigración al devolver a México a los aspirantes al asilo. El gobierno de Trump sostiene que cuenta con amplia discrecionalidad en la materia.

Situación insalubre y de hambre

El hambre, la insalubridad y el hacinamiento está perjudicando la salud de miles de migrantes, muchos de ellos africanos, que estos días pernoctan en las cercanías de las estaciones migratorias de Tapachula, en el suroriental estado mexicano.

"Las más comunes son las enfermedades diarreicas, respiratorias y dermatológicas, diarrea por la alimentación y por el agua que consumen y respiratorias por el lugar donde transitan", dijo a Efe Ángel Gabriel Ocampo González, jefe de la VII jurisdicción sanitaria en Tapachula.

Además, confirmó se ha establecido una vigilancia epidemiológica para evitar algún brote de enfermedades y destacó los casos de dos niñas, una de un mes de nacida, de origen hondureño, que sufrió deshidratación y otra que presentó varicela, la primera atendida en un hospital de Mapastepec y la segunda en la estación migratoria Siglo XXI.

Los migrantes se han instalado a las afueras del Instituto Nacional de Migración, en condiciones precarias, donde pasan el día y la noche y duermen en improvisadas casas de campaña de plástico. Entre los alimentos que consumen están avena con agua, pasta y algunas frutas, como naranjas.

Además se han instalado una decena de sanitarios pero no hay suficiente agua para el aseo de las personas.

Una migrante del Congo contó que su hija, de un año, ha padecido gripe, tos y diarrea, pero es atendida, mientras que otra de Haití contó que su niño sufrió de gripe y se ha recuperado con medicamentos que le otorgaron.

Ante tal situación, las autoridades mexicanas han tomado medidas. (Fuente: AFP)

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