MEDIDAS

Busca bloquear investigación a sus militares en Afganistán.

Estados Unidos anunció ayer viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), negando visas a cualquier persona involucrada en una posible investigación a militares estadounidenses por sus acciones en Afganistán o en otro lugar.

“Hoy (...) estoy anunciando una política de restricción de visas a aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en rueda de prensa.

“La CPI está atacando el Estado de derecho de Estados Unidos”, subrayó.

Pompeo aseguró que ya se habían emitido las primeras prohibiciones de visados, sin revelar el número ni los destinatarios.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en noviembre de 2017 que buscaba iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el ejército de Estados Unidos.

Según Bensouda, existen “bases razonables para creer” que talibanes, autoridades afganas y tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.Pompeo dijo ayer que las nuevas restricciones de visa incluirían a “personas que tomen o hayan tomado medidas para solicitar o promover una investigación de este tipo”.

“Estas restricciones de visa también pueden usarse para disuadir los esfuerzos de la CPI de perseguir al personal de los aliados (de Estados Unidos), incluidos los israelíes”, agregó el secretario de Estado.

“Estas restricciones de visa no serán el final de nuestros esfuerzos”, dijo.

“Estamos preparados para tomar más medidas, incluidas sanciones económicas, si la CPI no cambia su curso”, agregó.

El presidente Donald Trump ha cuestionado enérgicamente a la CPI, un organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

“La CPI reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable”, dijo Trump ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas.

También en septiembre pasado, la Casa Blanca amenazó con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la CPI si el tribunal tomaba acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán, o si iniciaba investigaciones contra Israel y otros aliados.

La CPI, fundada en 1998, tiene sede en La Haya (Holanda). Se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países y que entró en vigor en 2002. Uruguay ratificó en junio de 2002 el Estatuto de Roma que dio nacimiento a la CPI.

Las relaciones entre Estados Unidos y la CPI con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.

Tampoco Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak han ratificado los estatutos de la CPI.

Andrea Prasow, directora de Human Right Watch (HRW), dijo que “tomar medidas contra aquellos que trabajan para la CPI envía un mensaje claro a los torturadores y asesinos por igual: sus crímenes pueden continuar sin control”.

Hoy la Corte está presidida por el juez nigeriano Chile Eboe-Osuji; su primer vicepresidente es el checo Robert Fremr, y el segundo vicepresidente el francés Marc Perrin de Brichambaut.