Un régimen aislado

La Casa Blanca reclama adelantar las elecciones y analiza más sanciones a Nicaragua.

Estados Unidos le bajó oficialmente el pulgar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El gobierno de Donald Trump responsabilizó directamente a Ortega y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya dejó un saldo de más de 350 muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril.

En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo "son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo".

Es la primera vez que Estados Unidos responsabiliza directamente a Ortega y Murillo por la situación en Nicaragua, y por ello volvió a reclamar que se adelanten las elecciones presidenciales previstas para 2021.

"Estados Unidos está del lado del pueblo de Nicaragua, incluyendo miembros del Frente Sandinista, que piden reformas democráticas y el fin de la violencia", afirmó la Casa Blanca, haciendo referencia al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Para el gobierno estadounidense, la celebración de "elecciones libres, justas y transparentes es la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua".

Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del sistema de seguridad social pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.

En el documento divulgado ayer lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró "el inicio, no el fin, de potenciales sanciones". Con esas sanciones, Estados Unidos "está demostrando que hará responsables por sus actos a funcionarios del gobierno de Ortega que autoricen violencia y roben a los nicaragüenses".

Además, Estados Unidos revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.

La semana pasada, el vicepresidente estadounidense Mi-ke Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró "patrocinada por el Estado". Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno "está virtualmente en guerra con la Iglesia católica" y personas "armadas con machetes (...) han atacado templos y propiedades de la Iglesia".

Ortega, que gobernó de 1979 a 1990 y volvió al poder en 2007, ha descartado renunciar a la presidencia.

También la semana pasada, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. El texto "pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones".

Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada "ley Magnitsky", aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009. Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.

Ayer en una entrevista con Euronews, Ortega acusó a Estados Unidos, su "enemigo poderoso", de apoyar con millones de dólares a los grupos responsables de las protestas contra su régimen. Aseguró tener pruebas de ese financiamiento, pero no las reveló. Esos fondos "se desvían para desestabilizar el país y estimular acciones armadas; son bandas que cometen crímenes", según el gobernante.

En la entrevista, Ortega admitió que su gobierno controla a los paramilitares que han actuado con los antimotines para desmontar las protestas.

"Son policías voluntarios", dijo Ortega, contradiciendo lo que dijo en una entrevista anterior a otra cadena internacional, cuando declaró que los paramilitares son "organizados por la derecha golpista".

Ortega se mostró dispuesto a reanudar el diálogo que su gobierno inició en mayo con la oposición para resolver la crisis, con la mediación de los obispos católicos, pero con nuevas "reglas". Sin embargo, rechazó la posibilidad de discutir un adelanto de las elecciones del 2021 al 2019, como proponen los obispos y amplios sectores nicaragüenses.

"Seguir ese camino es abrir la puertas a la anarquía en el país. Una ruptura de Nicaragua estaría tomada por el narcotráfico", argumentó.

El presidente nicaragüense, no obstante, discutió la realización de un referendo sobre el adelanto de las elecciones en un diálogo con CNN (ver nota aparte en esta página).

El sábado, miles de nicaragüenses peregrinaron en Managua en apoyo a los obispos, que han sido insultados y agredidos por fuerzas del gobierno, y acusados por Ortega de "golpistas".

Pese a la represión, cientos de estudiantes universitarios de la ciudad de León, un importante centro académico de Nicaragua, se declararon en desobediencia y marcharon para exigir justicia por los muertos en las manifestaciones.

La red CNN divulgó ayer una entrevista exclusiva con Daniel Ortega, en la que el presidente de Nicaragua se refiere a la crisis en su país y a la posición de Estados Unidos. "Podemos preguntarle a la gente, claro que sí. El problema aquí es que si dicen que sí pues haremos elecciones anticipadas, pero si dicen que no van a decir que hicimos fraude", dijo.

Ortega afirmó que ha contactado al secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres y a organismos internacionales para "fortalecer la comisión del diálogo y que esto nos ayude a que tengamos buenos resultados". La idea de esos contactos sería "incluir otros actores que puedan fortalecer el trabajo que ha venido haciendo la Iglesia", según dijo.

La Iglesia católica nicaragüense oficia de mediadora en un diálogo entre el gobierno y el arco opositor nucleado en la Alianza Cívica.

De acuerdo con Ortega, "adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas".

En esa entrevista, Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la Iglesia católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.

En otra entrevista, con Euronews, Ortega dijo que se enfrenta a "un enemigo poderoso" que "son los Estados Unidos", que afirma ha asignado millones de dólares a grupos locales responsables de las protestas.

Periodistas de Nicaragua se manifestaron ayer lunes para exigir a las autoridades el cese de agresiones. Los comunicadores se plantaron en la rotonda El Periodista, en el oeste de Managua, para denunciar la muerte de su colega Ángel Gahona, así como las agresiones físicas, amenazas, robos, daño a los equipos de trabajo y detenciones. "Somos periodistas, no somos terroristas", "no más agresión" gritaban los comunicadores mientras conductores que pasaban por el lugar sonaban bocinas en apoyo a sus reclamos. La manifestación se produjo después que el fin de semana dos corresponsales de Canal 10 de Nicaragua fueron objeto de arresto arbitrario mientras cubrían manifestaciones opositoras de apoyo a la Iglesia católica. Al menos una decena de reporteros han denunciado agresiones física, amenazas o capturas por realizar su labor periodística.

La ONU está discutiendo la posibilidad de asumir algún tipo de mediación para poner fin a la crisis en Nicaragua, aseguró hoy el portavoz Farhan Haq. Según explicó a los periodistas, la Secretaría General está manteniendo conversaciones con ese fin, incluidos contactos con la representación de Nicaragua ante la ONU. "Estamos discutiendo la cuestión y viendo qué podemos hacer que sea de ayuda", dijo Haq durante su conferencia de prensa diaria. El portavoz explicó que, mientras esas conversaciones no se completen, no puede dar detalles sobre qué tipo de papel podría asumir la ONU. El pasado 19 de julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, recibió al canciller nicaragüense, Denis Moncada, para analizar la crisis que vive el país. Hasta ahora, Guterres ha centrado sus mensajes en denunciar la violencia y respaldar la mediación de los obispos nicaragüenses para buscar una salida pacífica. En las últimas semanas, algunas ONG y políticos han pedido al jefe de la ONU que intervenga.