VIOLENCIA

Al menos 62 reclusos murieron en una serie de revueltas que estallaron ayer martes en cárceles de Ecuador, y que según autoridades responden a enfrentamientos de bandas criminales que se financian del narcotráfico.

La violencia se apoderó de tres penitenciarías del puerto de Guayaquil y las ciudades andinas de Cuenca y Latacunga.

La Fiscalía agregó que los “enfrentamientos de bandas criminales” también dejaban varios heridos, incluidos dos presos en Guayaquil que están graves.

El director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, Edmundo Moncayo, dijo a periodistas que hubo unos 62 presos fallecidos tras los enfrentamientos en las tres cárceles.

El funcionario explicó que los hechos fueron por dos grupos que buscaban un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de libertad.

El presidente, Lenín Moreno, atribuyó los motines a “organizaciones criminales” que lanzaron una arremetida simultánea. Las autoridades “están actuando para retomar control de cárceles”, señaló en Twitter.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, indicó en Twitter que “ante la acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con mando policial gestionamos acciones, para recuperar el control”.

En diciembre, varios amotinamientos en cárceles ecuatorianas atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron once presos muertos y otros siete heridos.

El sistema penitenciario alberga a unas 38.000 personas y dispone de 1.500 guardias para su custodia.

El gobierno decretó un estado de excepción carcelario que concluyó en diciembre, y que buscaba básicamente recuperar el dominio sobre las cárceles. Solo en 2020 las riñas carcelarias dejaron 51 muertos.

Desde enero y hasta este martes, la Policía había informado de tres muertos en choques entre reclusos.

El organismo gubernamental a cargo de las prisiones, SNAI, ha reconocido la falta de personal de seguridad, lo que “dificulta las acciones de respuesta inmediata” frente a las revueltas de presos.

El lunes se realizó una requisa en la cárcel de Guayaquil, por lo que el Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertas (SNAI) “presume que estos hechos (los amotinamientos) son señal de resistencia y rechazo por parte de los internos, ante estas acciones de control”.

En medio de la pandemia del COVID-19 y para disminuir la sobrepoblación carcelaria, Ecuador aplicó el año pasado medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42% a 30% el hacinamiento.

Las revueltas carcelarias se dan en un contexto político de gran tensión. Cientos de indígenas ecuatorianos llegaron ayer martes a Quito para exigir un recuento de votos de las elecciones presidenciales del 7 de febrero, después de que los resultados oficiales mostraron que el candidato indígena Yaku Pérez no avanzó a la segunda vuelta electoral.

Pérez, un abogado de 51 años, ha estado caminando por la nación andina para denunciar lo que él llama manipulación de las actas electorales, que lo dejaron en tercer lugar por detrás del Andrés Arauz y Guillermo Lasso.