Análisis

Más dura con los de la elite

El texto de la enmienda constitucional que el presidente Jair Bolsonaro le entregó ayer miércoles al Congreso es una propuesta de reforma de la Previdencia (jubilaciones) más dura que la que encaminó el expresidente Michel Temer.

Jair Bolsonaro. Foto: AFP
Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Lo es en, por lo menos, un punto: el tratamiento a la elite de los funcionarios públicos y a los más ricos, que reciben salarios más altos y se jubilan más temprano.

Según esta propuesta, se implementará en la Previdencia un sistema de alícuotas previsionales progresivas, por rango de renta, exactamente como ocurre en el Impuesto de Renta (IR).

El 70% de los contribuyentes del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) tendrán una pequeña reducción en la contribución que descuentan hoy (del 8% al 7,5%). Cerca de un tercio, sin embargo, cargará con alícuotas de hasta el 14% (quien cobra más de 3 mil reales).

Para los empleados públicos, que pagan hoy cerca de 11% independientemente del valor de su vencimiento, la contribución de la seguridad social puede llegar al 22%, en el caso de los salarios que superan los 39 mil reales mensuales.

Pagarán considerablemente más los funcionarios de la cima de la pirámide: carreras de Estado como las de la Receita Federal (el fisco brasileño), del Tesoro Nacional y del Banco Central; fiscales, defensores y jueces; el cuadro de personal de la Cámara y el Senado.

También se termina el derecho automático a la integralidad (jubilación igual al último salario activo). Quienes ingresaron como empleados públicos antes del 2003, solo cobrarán el beneficio integral si cumplieron los 65 años en el caso de los hombres y 62 en el caso de las mujeres y 60 años para los profesores.

De esta manera, la reforma de la seguridad social de Bolsonaro es más justa en la distribución de cuotas de sacrificio que un cambio en las reglas que la jubilación exige ante un régimen que está quebrado (en lo que se relaciona al tratamiento dado a los beneficios asistenciales a los más pobres y ancianos, cuyo acceso fue dificultado o reducido).

Resta saber si el principio de justicia será más fuerte que el lobby de los más ricos, especialmente de la elite de los funcionarios públicos, durante el trámite en el Congreso. En los tiempos de Temer, todas las medidas que afectaban a los empleados del Estado se deshidrataron en las negociaciones.

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