Miles de profesores marcharon ayer en Santiago, en el inicio de una huelga indefinida, en rechazo a una reforma educativa impulsada por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que establece aumentos salariales condicionados a evaluaciones docentes.

El conflicto gremial representa otro frente de batalla para la presidenta, cuya popularidad se vio seriamente afectada tras la divulgación de casos de corrupción de políticos y empresarios, uno de ellos involucrando a su hijo.

La movilización fue convocada por el Colegio de Profesores de Chile, que cuenta con unos 100.000 afiliados, fundamentalmente de la enseñanza secundaria pública, donde estudia una minoría de estudiantes en Chile.

De acuerdo al gremio, el paro contaba con una adhesión cercana al 100%, congregando a 40 mil personas en Santiago y 80 mil a nivel nacional.

A la manifestación se sumaron algunos miles de estudiantes secundarios, que en las primeras horas del día ocuparon cinco liceos en los sectores de Santiago Centro, Providencia, Conchalí y Recoleta, entre ellos el emblemático Instituto Nacional, situado a dos manzanas de la sede del Ejecutivo.

"Es muy importante que las autoridades pongan de su parte y esto significa que tengamos una mesa de diálogo", dijo Jaime Gajardo, presidente del gremio de profesores a periodistas.

Los docentes rechazan un proyecto de carrera que envió recientemente al Congreso el gobierno de Bachelet, en el marco de la amplia reforma educativa que impulsa para acabar con un sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo los recursos públicos para educación y fomentó el ingreso de los privados.

El viernes pasado, precisamente, el Gobierno promulgó la norma que elimina el lucro en los centros educativos que cuentan con recursos públicos. "Podemos decir con orgullo que tendremos una educación sin lucro, donde se terminarán las discriminaciones a los niños y el copago dejará de ser una carga para las familias", dijo Bachelet durante la ceremonia de promulgación de la ley.

La nueva iniciativa de Bachelet establece un aumento salarial de un 28% para los profesores que ingresen a la Nueva política Nacional Docente, que establece evaluaciones de desempeño periódicas.

El gremio de docentes afirma que la reforma está basada en la "desconfianza" hacia la labor de los profesores y rechazan las evaluaciones individuales de desempeño.

El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, señaló a los periodistas que "está claro que esta movilización no es porque los profesores deseen mantener sus actuales condiciones laborales. Nuestros maestros están exigiendo ser tomados en cuenta en los cambios y el gobierno debe abrirse a modificar el proyecto que envió al parlamento", aseveró.

Paredes señaló que los estudiantes seguirán respaldando a los profesores y emplazaron al Ejecutivo para que se abra a la modificación del proyecto de ley.

En tanto, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, rechazó de forma enérgica el paro indefinido de los profesores.

"Lamentamos y rechazamos este paro docente", sostuvo la subsecretaria, quien indicó que la medida de presión de los profesores perjudicará, en gran medida, a los estudiantes y sus familias, sobre todo, "en un contexto donde en el último tiempo hemos tenido fuertes catástrofes a nivel nacional en distintas regiones".

Quiroga recordó que hubo regiones donde se suspendieron las clases producto de estas catástrofes "así que obviamente un paro indefinido en este contexto va a perjudicarlos", sentenció.

La subsecretaria subrayó que el paro no se justifica dentro del marco de conversaciones que se ha generado con los profesores, por lo que hizo un llamado a deponer la movilización y seguir con las negociaciones.

El gobierno calcula que unos 850.000 docentes podrán adherir al nuevo sistema y tendrá un costo para el fisco de 2.300 millones de dólares.

A nivel de la enseñanza primaria, el gobierno de Bachelet logró ya la aprobación en el Congreso de una ley que elimina la selección de estudiantes y prohíbe la obtención de ganancias en escuelas que reciben aportes del Estado.

En mayo, además, Bachelet anunció la gratuidad para el 60% de los estudiantes más pobres de la educación superior a partir de 2016.

La aprobación a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, bajó siete puntos, al 26%, en la última semana, la más baja desde que inició su mandato en marzo del año pasado, según una encuesta de la consultora Plaza Pública-Cadem. De acuerdo con los datos del sondeo, el rechazo a la mandataria subió seis puntos en la última semana, hasta el 62%, una de las tasas más elevadas de su segundo gobierno.

Con este resultado, Bachelet regresó a las malas evaluaciones que ha obtenido desde comienzos de año por culpa de los escándalos de corrupción que han afectado a la clase política y dejó atrás el repunte que registró en la encuesta de la semana pasada, cuando su aprobación subió seis puntos. El sondeo también muestra que bajó el apoyo al gabinete de ministros, que cayó del 29 al 22%. EFE

vea el video