Sánchez busca la unidad

División y protesta en Cataluña

Gobierno presidido por Pedro Sánchez se reunió en Barcelona: clima tenso y con altercados.

Los Mossos d´Esquadra frenan a manifestantes partidarios de la secesión de Cataluña ayer en Barcelona. Foto: AFP
Los Mossos d´Esquadra frenan a manifestantes partidarios de la secesión de Cataluña ayer en Barcelona. Foto: AFP

El gobierno de España que preside Pedro Sánchez celebró ayer viernes un excepcional Consejo de Ministros en Barcelona, que los independentistas tacharon de "provocación" y recibieron con protestas que se saldaron con carreteras cortadas, manifestaciones y algunos enfrentamientos con la policía.

"Lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto, de aprecio a Cataluña" y Barcelona, dijo la portavoz del ejecutivo socialista, Isabel Celaá, al concluir el Consejo de Ministros.

Sánchez quiso reunir a su gobierno en Barcelona para rebajar tensiones con el ejecutivo regional catalán, en manos de los independentistas. El jueves mantuvo un encuentro con su jefe, Quim Torra, que según Celaá buscó "encauzar políticamente la salida del conflicto en Cataluña", el cual tuvo su corolario en la fracasada tentativa de secesión del año pasado.

La acogida del independentismo fue hostil, con manifestaciones pacíficas pero también choques entre separatistas y policías que se saldaron con trece detenidos y 62 heridos, 35 de ellos agentes, según las autoridades regionales.

Durante la jornada, manifestantes encapuchados lanzaron contenedores, piedras, vallas, huevos, botellas y petardos a los agentes, constató la AFP. En uno de los incidentes, estos replicaron con pelotas de gomaespuma.

Con lemas como "desbordémoslos" o "seremos ingobernables", distintos grupos independentistas habían convocado acciones para bloquear Barcelona.

Durante el día, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron varias carreteras en Cataluña, y por la tarde 40.000 independentistas colmaron el Paseo de Gracia de Barcelona, bajo el lema "Tumbemos el régimen". En medio de la multitud, enormes letras amarillas y blancas formaban las palabras "Freedom" (libertad) y "Peace" (paz).

Hace tiempo que "deberíamos haber dado un golpe sobre la mesa, parar el país (económicamente, en referencia a Cataluña). Nosotros no tenemos armas, lo único que podemos hacer es tocarles el bolsillo", dijo a la AFP Joan Ventura, un jubilado de 72 años.

"Mientras dure la represión, el gobierno español no es bienvenido en nuestro país", lanzó desde la tarima el actor Pep Planas.

Miles de partidarios de la recesión de Cataluña protestan contra el gobierno de Sánchez. Foto: Reuters
Miles de partidarios de la recesión de Cataluña protestan contra el gobierno de Sánchez. Foto: Reuters

Medidas.

El excepcional Consejo se celebró en el palacio de la Llotja de Mar, cerca del litoral mediterráneo, en medio de un fuerte dispositivo policial destinado a mantener alejados a los manifestantes.

En él se aprobaron para el año próximo dos medidas de fuerte calado social: un incremento del salario mínimo del 22%, y una subida de los sueldos de los funcionarios del 2,25%.

Igualmente hubo guiños a Cataluña. El gobierno decidió que el aeropuerto de Barcelona-El Prat pasará a llamarse "Josep Tarradellas", en honor del que fuera presidente catalán en el exilio durante el franquismo, y primer presidente regional con la democracia.

El gobierno de Sánchez también condenó el consejo de guerra que en 1940, en la dictadura franquista, decidió el fusilamiento de Lluís Companys, ex presidente catalán que en 1934 proclamó infructuosamente la independencia.

"Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto (...) a lo mejor no hacía falta", le reprochó la portavoz del gobierno regional, Elsa Artadi.

La reunión del gobierno tuvo lugar justo a un año de los comicios regionales que revalidaron la mayoría separatista en el Parlamento regional, disuelto en octubre de 2017 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy tras una infructuosa declaración unilateral de independencia.

Un policía patea una bomba de humo que le lanzaron. Foto: AFP
Un policía patea una bomba de humo que le lanzaron. Foto: AFP

Crítica.

Un día antes, Sánchez se reunió con el presidente catalán Quim Torra, quien mantiene su ambición de hacer realidad una República catalana independiente de España.

Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a "un diálogo efectivo" para "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica".

El encuentro fue enérgicamente criticado por la oposición conservadora. Pablo Casado, líder del Partido Popular, dijo que "parecía una cumbre entre dos gobiernos de dos países distintos", y lo tachó de "acto de traición a España".

Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera, que rechaza la secesión de Cataluña, también hizo críticas a la posición del gobierno de Sánchez.

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, respondió a las críticas de la derecha afirmando que el derecho a la autodeterminación planteado por Torra "no existe". "No cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de no resolver el problema de fondo", apostilló.

A su vez, Celaá —vocera del gobierno— insistió en que la apuesta que hace Sánchez servirá para "encauzar políticamente las relaciones con Cataluña". Los contactos con la Generalitat durante los últimos seis meses "han dado sus frutos con medidas concretas".

A pesar de los costos evidentes —con un clima cada vez más enrarecido con la oposición en Madrid y las críticas cada vez menos veladas de los barones socialistas— Sánchez confía en reconstruir el bloque que le permitió acceder al gobierno nacional. Su equipo intenta alargar la legislatura y sostiene que los puentes entre Barcelona y Madrid permitirían reeditar esa alianza después de las próximas elecciones.

En filas socialistas, sin embargo, no se esconde la preocupación por el desgaste que sufre Sánchez cada vez que intenta un acercamiento hacia Torra y su gobierno por más que deje claro que cualquier medida que se aborde con la Generalitat "será en el marco de la seguridad jurídica", como reza el documento pactado con el gobierno catalán. El problema de la ambigüedad del documento acordado radica en que, mientras para el gobierno nacional esa seguridad jurídica impide ir más allá de un nuevo Estatuto para Cataluña, la Generalitat sigue persiguiendo el objetivo de un referéndum de independencia, y negándose a decir con claridad que abandona la vía unilateral que en 2017 motivó la intervención de la autonomía.

En el entorno de Sánchez se asumen esos riesgos como una suerte de mal necesario para llevar adelante el diálogo con la Generalitat.

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