El presidente Michel Temer prepara una agenda de cambios económicos.

La ya expresidenta brasileña Dilma Rousseff inició su contraofensiva: menos de 24 horas después de ser destituida por decisión del Senado, su defensa pidió ayer jueves al Tribunal Supremo anular el proceso y hacer otro juicio.

El Senado votó, con un holgado 61 a 20, a favor de la destitución de Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y financiar al Tesoro atrasando pagos a la banca pública.

Rousseff, que siempre proclamó su inocencia, dijo que la decisión consumaba un golpe de Estado parlamentario.

"Es un fraude contra el que vamos a recurrir en todas las instancias posibles", advirtió esta economista y exguerrillera de 68 años, que enfrentó el segundo proceso de impeachment desde el retorno de la democracia en 1985, después del que llevó en 1992 a la caída del hoy senador Fernando Collor. Su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, que además fue su ministro de Justicia, introdujo ayer la primera de dos apelaciones previstas ante la corte suprema.

La primera solicita "la suspensión de inmediato de los efectos de la decisión del Senado Federal que condenó por crimen de responsabilidad a la Presidenta de la República" y la realización de "un nuevo juicio", según el texto.

Pide además restablecer a Temer como presidente interino, cargo que ocupaba desde que Rousseff fue suspendida del cargo, en espera del veredicto del Senado. La ahora destituida mandataria tacha a Temer, que fue su vicepresidente, de "usurpador" y "golpista".

"Golpistas son ustedes, quienes están contra la Constitución. Golpe es aquel que propone una ruptura constitucional", replicó el dirigente del partido de centroderecha PMDB, alegando que el proceso cumplió con todos los requisitos contemplados por la Carta Magna de 1988.

Temer fue juramentado poco después del impeachment y, con el título oficial de presidente, viajó inmediatamente a China para participar en la cumbre del G20 de potencias industrializadas y emergentes, donde espera elevar el perfil de Brasil, un gigante regional que se debate contra la recesión y la profunda crisis política.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, expresó rápidamente el interés de Washington en "mantener la fuerte relación bilateral" entre "las mayores economías y democracias del hemisferio", según un comunicado emitido por la presidencia brasileña.

Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; y el secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también "felicitaron" a Michel Temer.

La reacción fue totalmente opuesta por parte de los gobiernos de izquierda de América Latina: el presidente socialista Nicolás Maduro congeló las relaciones y retiró a su embajador. El ecuatoriano Rafael Correa tachó el proceso de "traición" y también retiró a su encargado de negocios, máximo representante diplomático en Brasil.

Cuba y Bolivia condenaron igualmente la destitución de Rousseff.

En respuesta, Brasilia llamó a consultas a sus embajadores en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Asimismo, en las calles de São Paulo varios centenares de manifestantes protestaron contra su gobierno y, por tercera jornada consecutiva, la marcha acabó en enfrentamientos con la Policía antidisturbios.

Una estudiante resultó herida y perdió un ojo en los disturbios, en tanto que dos fotógrafos fueron detenidos, según la estatal Agencia Brasil.

Temer, tan impopular como Rousseff, ha prometido poner a Brasil "de vuelta en el riel" y espera al acabar el actual mandato presidencial, en 2018, "recibir el aplauso" del pueblo. "Va ser difícil", admitió, en una situación de profunda recesión con alta inflación y un desempleo que afecta a unos 12 millones de personas. Con el aval de los mercados, buscará consolidar apoyos en el Congreso para poner en marcha un ajuste fiscal y aprobar impopulares reformas a la ley del trabajo y la seguridad social.

La calificadora de riesgo estadounidense Moodys advirtió que Brasil está lejos del consenso político requerido para aprobar todas las medidas económicas, pero destacó que el fin del juicio a Rousseff "elimina el elemento de incertidumbre política que pesaba sobre la economía brasileña", según un comunicado.

En un giro sorpresivo al escenario político, la oposición a Rousseff en el Senado no consiguió inhabilitarla para ejercer cargos públicos, lo cual le permitiría postularse a cargos electivos. "Volveremos, volveremos para continuar nuestra marcha hacia un Brasil en que el pueblo es soberano", afirmó la mandataria tras el impeachment.

Temer apuntalará su gestión en un Parlamento ultraconservador, que por conveniencias y paradojas políticas se instaló apoyado por la ahora expresidenta socialista.

Temer hereda no solo la Presidencia con la destitución de la ahora exmandataria, sino también buena parte de la variopinta coalición que la respaldó mientras estuvo en el cargo.

La fractura de esa multicolor base parlamentaria fue decisiva para la caída de Rousseff y el gran arco de derecha y centro que se alejó de la exmandataria en los últimos meses será la base en que se apoyará Temer para darle curso a medidas económicas que admite como "impopulares" pero que considera "necesarias".

Entre ellas figuran proyectos para limitar el gasto en función de la tasa de inflación, lo cual pudiera recortar la inversión pública en áreas sociales; elevar la edad para las jubilaciones y reformar las proteccionistas leyes laborales en vigor desde hace décadas.

El nuevo Gobierno también se propone retomar las privatizaciones e implantar un modelo de "Estado mínimo" completamente opuesto al "Estado intervencionista" que imperó desde 2003, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) asumió el poder con Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff.

Más allá de esas propuestas de corte netamente económico, la base parlamentaria de centro y derecha que era contenida de alguna manera por Rousseff también tendrá ahora mayor libertad para darle curso a polémicas iniciativas de impacto directo en los derechos sociales. La baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16, la ley de porte de armas, la prohibición del aborto, la no regularización del matrimonio homosexual, son parte de la agenda.

La Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), la mayor y más influyente patronal del país, publicó ayer un manifiesto en el que abogó por la reconstrucción del país ahora que el proceso contra Dilma Rousseff llegó a su fin. El anuncio pago fue publicado en páginas impares de Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo y O Globo, de Río de Janeiro, los tres grandes periódicos de Brasil. Con el lema "es hora de, todos juntos, reconstruir Brasil", la Fiesp abogó por la unidad de la sociedad para trabajar con el objetivo de que el país, que "andaba como un tren descarrilado", vuelva a las "vías de la confianza, el desarrollo, la gestión eficiente, el buen gobierno y la generación de empleo y riqueza".Brasil, crisis, juicio político, Fiesp

Brasil ha manifestado su intención de integrarse en el Club de París, que reúne a los principales acreedores públicos, y China se plantea hacer lo mismo, indicó ayer el ministro francés de Economía, Michel Sapin. Tras la entrada de Corea del Sur el pasado junio, el Club de París "podría seguir ampliándose y eso es bueno", señaló en una conferencia de prensa Sapin, que avanzó que la cuestión se abordará en la cumbre del G20. Subrayó que la incorporación de países emergentes tiene su razón de ser porque cada vez están más implicados en préstamos. El Ministerio francés de Economía alberga el secretariado del Club de París creado hace 60 años y con una veintena de Estados miembros.

CRISIS BRASILEÑAAFP, EFE