Dilma planea dejar sede del Ejecutivo por la rampa principal; asesores dicen que será esperada por movimientos sociales y militantes de su fuerza política. El líder del PMDB que será el jefe de Estado tomó ideas de un excandidato.

El Senado brasileño decidirá el próximo miércoles el futuro de la presidenta, Dilma Rousseff, en una votación que, según todos los pronósticos, apoyará el inicio de un juicio político con fines destituyentes contra la mandataria.

Rousseff, que da ya por descontada la derrota, se prepara para ser separada del cargo durante 180 días, el plazo que tendrá el Senado para debatir si finalmente es destituida.

Empleados de la Presidencia de Brasil ya comenzaron a realizar algunos arreglos en la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, que dejará la mandataria.

Según informa la prensa brasileña, Rousseff planea dejar el Palacio del Planalto por la rampa principal, donde la aguardarán un grupo de mujeres del Partido de los Trabajadores (PT) y movimientos sociales.

Con el hasta ahora no confirmado descenso por la rampa del Palacio del Planalto, la presidenta pretende demostrar que se va por la "puerta grande", como comentaron sus asesores.

En este período será sustituida por su todavía vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lleva semanas negociando para formar su propio Gobierno y asumir la Presidencia de forma interina.

De confirmarse la destitución definitiva de Rousseff, Temer aspira a completar su mandato, que vence el 1º de enero de 2019, con el respaldo del PMDB, el partido más importante del país, y con las alianzas tejidas con sus nuevos socios, algunos también antiguos compañeros de viaje de la presidenta.

El caos político de Rousseff comenzó a principios del pasado diciembre de la mano del entonces titular de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, a quien el Tribunal Supremo, en una decisión inédita adoptada por unanimidad el viernes, ordenó separar del cargo por las múltiples acusaciones de corrupción que hay en su contra.

Cunha, antiguo aliado del Gobierno devenido en enemigo de Rousseff y convertido ahora en el político brasileño más denostado por sus problemas con la Justicia, fue la pieza fundamental para abrir el proceso de "impeachment" contra la presidenta.

En su condición de presidente de la Cámara Baja, admitió a trámite la solicitud de un grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del PT, al que pertenecen Rousseff y su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.

La petición se basó en unas maniobras contables irregulares del Gobierno para maquillar sus resultados en 2014 y que, según fiscales de organismos de contraloría del Estado, continuaron en 2015.

Para la oposición, este maquillaje fiscal supone un "crimen de responsabilidad", uno de los motivos previstos en la Constitución para justificar el proceso.

El Ejecutivo sostiene que es una vieja práctica utilizada por todos los gobiernos, por lo que considera que el "impeachment" es un "golpe de Estado".

En un contexto de crisis económica y con un Gobierno debilitado por las diferencias con sus aliados, el empujón de Cunha a la denuncia contra Rousseff puso en apuros a la presidenta a fines del pasado año, pero el Tribunal Supremo frenó el proceso y ordenó suspenderlo temporalmente para analizar el asunto.

Las vacaciones navideñas calmaron los ánimos de sus señorías, pero en febrero el clima político volvió a calentarse con multitudinarias movilizaciones contra el Gobierno mientras crecía la indignación por los casos de corrupción ligados a la estatal Petrobras, destapados durante la investigación del "Lava jato", conducida por el juez Sergio Moro.

Políticos, empresarios, funcionarios e incluso el expresidente Lula están en la mira de Moro.

La situación para Lula y Rousseff se complicó aún más con el nombramiento del expresidente como ministro, una maniobra que tuvo efectos contraproducentes tras la difusión de una conversación telefónica privada entre ambos de la que podría desprenderse que la designación pretendía blindar al exmandatario y alejarlo de la órbita de Moro.

El escándalo fue en aumento y, en marzo, la Cámara de Diputados—ya con la autorización del Supremo— nombró a los 65 miembros de la comisión especial para decidir si procedía iniciar un juicio político.

La comisión dio luz verde al proceso y dejó la palabra al pleno de la Cámara de los Diputados, dominado mayoritariamente por conservadores y evangélicos.

Ni los esfuerzos de última hora de Lula para buscar apoyos ni las promesas del PT a sus antiguos aliados tuvieron efecto alguno y Rousseff sufrió una derrota aplastante: 367 votos a favor del "impeachment" y 137 contra.

El resultado de la votación puso en evidencia la debilidad del Gobierno y la soledad de la presidenta, y colocó a Rousseff al borde del precipicio mientras Temer iniciaba, sin disimulos, negociaciones exprés para formar su propio equipo.

Tras la aprobación del informe que pide la apertura del "impeachment" en una comisión especial del Senado, los 81 miembros de la Cámara Alta decidirán, por mayoría simple, el futuro de Rousseff.

La constructora Andrade Gutiérrez, la segunda mayor de Brasil, se comprometió a devolver a las arcas públicas 1.000 millones de reales (unos 285 millones de dólares) desviados en el caso de corrupción que tiene en su eje a Petrobras, informaron ayer varios medios brasileños.

Un posible gobierno de Michel Temer (PMDB), al menos en el área de la salud, no puede calificarse de innovador, según la prensa brasileña. Diez propuestas que el vicepresidente tiene para un programa de salud son similares a las presentadas por el excandidato presidencial Aécio Neves (PSDB), registrada en el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2014.

Algunos tramos son incluso copias y transcripciones idénticas del texto de la candidatura del PSDB.

Hay similitudes en la descripción del Programa Salud de la Familia (PSF), entre otros proyectos. La comparación fue hecha por los investigadores de medicina Mario Scheffer, de la Universidad de San Pablo, y Ligia Bahía, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Al hacer la descripción del Sistema Único de Salud (SUS), el texto de Aécio dice: "El SUS, creado por la Constitución Federal de 1988, cumplió 25 años y sigue siendo una de las grandes políticas de inclusión social en la historia de Brasil." El texto de Temer señala: "El SUS tiene un poco más de 25 años y sigue siendo una de las grandes políticas de inclusión social en la historia brasileña".

En el apartado de redes asistenciales, el texto de Aécio dice: "Creación de redes integradas de atención médica, promoción de un nuevo modelo de atención centrado en el paciente". El de Temer, señala: "Vamos a crear redes asistenciales de salud que permitan un mejor uso de recursos de salud, generando un modelo asistencial con foco en el paciente".

JBS SA, la mayor productora de carne del mundo, negó el sábado un reporte de un diario que indicó que entregó fondos ilegales a la campaña de reelección de la presidenta Dilma Rousseff en el 2014.

El diario O Globo, que citó un testimonio filtrado entregado a los investigadores federales por Mónica Moura, la esposa del jefe de campaña presidencial Joao Santana, reportó previamente que JBS pagó una deuda del equipo electoral de la mandataria a Focal, una firma de comunicaciones con sede en Sao Paulo. El reporte no indicó cuánto dinero pagó JBS a Focal, pero sostuvo que el monto no fue declarado a las autoridades electorales.

CRISIS EN BRASILANSA, EFE, O GLOBO/GDA