Mejorar las alianzas dentro de su Gobierno de coalición, reducir el riesgo de que se le realice juicio político y lavar su imagen hacia la ciudadanía. Estos son los objetivos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien ayer anunció la reducción de ministerios y modificó su gabinete.

La mandataria nombró al exministro de Defensa, Jacques Wagner, como su jefe de Gabinete y dejó la cartera de Salud bajo control del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido de centro derecha que es su principal aliado en la coalición.

En tanto, el exministro de Deporte, Aldo Rebelo, compañero de la mandataria en el Partido de los Trabajadores (PT), será el nuevo jefe de Defensa.

Ayer, en un discurso en el Palacio de Planalto en Brasilia, Rousseff dijo que ella iba a fortalecer los vínculos de su coalición con los legisladores que necesita para lograr un equilibrio en las finanzas públicas.

"Mi Gobierno está buscando apoyo en el Congreso", afirmó la presidenta brasileña. "Necesitamos estabilidad política para que Brasil crezca", agregó.

El Gobierno brasileño lidia con una recesión, con un sobregiro en las finanzas públicas, con la creciente oposición dentro del Congreso y con un enorme escándalo de corrupción en Petrobras.

Para atacar estos problemas, la mandataria eliminó ocho de 39 ministerios al quitar las carteras de menor peso y fusionando otras, como las del Trabajo y la Seguridad Social, y el Ministerio de Derechos Humanos con el de la Igualdad Racial y el de Asuntos de la Mujer.

Rousseff dijo también que los salarios de los ministros serían reducidos en un 10 % y que los gastos de las carteras se recortarían en un quinto, lo que se lograría en parte con la eliminación de 30 secretarías nacionales y 3.000 puestos. No se realizaron cambios en el equipo económico, que actualmente intenta controlar el gasto, revertir un déficit fiscal y evitar una nueva reducción de la calificación de crédito, como hizo Standard & Poors el mes pasado.

Funcionarios dijeron que los recortes ministeriales ahorrarán apenas unos 200 millones de reales (50,4 millones de dólares, monto muy menor considerando el déficit presupuestario primario para 2016 de 35.500 millones de reales (8.950 millones de dólares), que presentó Brasilia el 31 de agosto.

Los cambios realizados le dan más peso político al PMDB, que pasó de tener seis a siete carteras. Además, pasó a controlar el Ministerio de Salud, uno de los que dispone del presupuesto más grande del Estado. En cambio, el oficialista PT pasó de tener 13 a nueve ministerios.

Al darle mayor poder al PMDB, Rousseff busca asegurar que respalden las medidas propuestas de austeridad.

Pero el apoyo podría durar poco, ya que el PMDB tendrá un congreso en noviembre y se prevé que reconsidere su relación con el PT.

"Este cambio en el gabinete le dará (a Rousseff) algo de apoyo hasta el congreso del PMDB", opinó David Fleischer, profesor de Política de la Universidad de Brasilia.

Por su parte, la dirigente opositora del partido Red de Sustentación y excandidata presidencial Marina Silva afirmó que la reforma de gabinete indica que ella está "aislada" y quedó rehén de varios grupos de poder. "Lula y el PMDB están cercando el poder Rousseff", señaló a la prensa Marina Silva.

Actualmente, los índices de aprobación de Rousseff son de apenas un 10 %, según un sondeo divulgado la última semana.

Según la encuesta, realizada por el Instituto Ibope por encargo de la patronal Confederación Nacional de la Industria (CNI), solo el 10 % de los brasileños considera "buena" la gestión de Rousseff, frente a un 21 % que la califica de "regular" y un 69 % que la define como "mala o pésima".

Además, su fuerza política, con 12 años en el poder, está envuelta en el escándalo de corrupción de Petrobras. Su extesorero fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en la petrolera para financiar al partido y José Dirceu, exjefe de Gabinete del primer gobierno de Lula enfrenta un juicio por la misma causa y es señalado como el creador del fraude empresario-político que drenó al menos 2.000 millones de dólares de la empresa.

Estos hechos, sumado a la crisis económica que afecta al país, han provocado que la oposición intente realizar el juicio político, más conocido como "impeachment".

"La presidenta resolvió hacer esta reforma ministerial después de mucha presión del PMDB y también de mucha presión del expresidente Lula con el objetivo fundamental de reducir el riesgo de sufrir un proceso de impeachment en el Congreso, que todo indica podía ser tratado en noviembre. Lo que busca es garantizarse el apoyo del PMDB", dijo el analista político Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores.

Esta medidas en su gabinete parecen aliviar la posibilidad de que se lo realicen, sumado a una noticia de la última semana, que indica que su principal enemigo en el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha tenía cuentas en Suiza investigados por sospecha de corrupción y lavado de dinero.

La fiscalía brasileña acusa a este político de cobrar un soborno de 5 millones de dólares en la causa Petrobras.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) admitió ayer haber perdido espacio en el nuevo gabinete anunciado por la presidenta Dilma Rousseff mientras ganó poder el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.

"Es malo para nosotros, del PT, pero no había otra alternativa que ceder espacio en el diseño del gabinete", declaró el senador Umberto Costa, jefe del bloque del oficialismo, al hacer un análisis del nuevo elenco ministerial definido ayer.

La máxima corte de justicia de Brasil autorizó ayer a la Policía Federal a convocar para un interrogatorio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la calidad de testigo, en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informaron fuentes judiciales.

El magistrado instructor del caso en el Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, en un despacho publicado este viernes, coincidió con la Fiscalía en que el exjefe de Estado puede ser escuchado como informante de la investigación, en calidad de testigo, y no como investigado.

La autorización para interrogar a Lula fue solicitada en septiembre pasado por un comisario de la Policía Federal para quien el exmandatario "pudo haberse beneficiado" de la red que, según Petrobras, desvió cerca de 2.000 millones de dólares de la estatal.

Zavascki no estableció un plazo para que el expresidente sea interrogado pero la Policía Federal aclaró en la petición que su intención es poder escucharlo en un plazo máximo de hasta 80 días.

El magistrado también autorizó que sean interrogados, igualmente como testigos, importantes autoridades en el Gobierno de Lula, como su ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti; el entonces secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, y el presidente de Petrobras en la época, José Sergio Gabrielli.

El procurador general de la República (Fiscal), Rodrigo Janot, ya había emitido un parecer en el que se manifestaba favorable a que Lula fuese escuchado en la calidad de testigo en la investigación por el mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Brasil.

De acuerdo con el magistrado instructor, la Fiscalía y la Policía Federal tienen la atribución de determinar "la conveniencia, la oportunidad o la necesidad" de realizar diligencias que auxilien en una investigación y ayuden a aclarar los hechos. EFE

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