Brasil estremecido por el caso; Senado vota, el martes, seguir el juicio y a fin de mes, destituirla.

Mientras más de 10.000 atletas de 206 países compiten con el máximo esfuerzo para intentar conquistar medallas de oro en los Juegos Olímpicos que tienen como escenario a Río de Janeiro, la presidenta suspendida Dilma Rousseff lucha, en una contienda política que se presenta mucho más difícil que lograr el éxito olímpico, para sobrevivir en la política e intentar el retorno al ejercicio del máximo cargo de Brasil.

La suerte de Rousseff parece definida, si bien todavía quedan dos etapas en el juicio político que se aprobó el 12 de mayo de este año y que le significa estar apartada de la presidencia durante un máximo de 180 días, antes de enfrentar la votación para destituirla.

El proceso no solo tiene enorme impacto en Brasil, en un periodo de recesión —se estima que la economía caerá 3,3% este año— después de sostenido crecimiento durante años promovido por las políticas del Partido de los Trabajdores (PT) —primero bajo Luiz Inácio Lula da Silva y después con la conducción de Dilma Rousseff—, sino también genera repercusiones en el mundo, que sigue con expectativa e incertidumbre el desenlace de la situación, debido a la importancia e influencia política y económica que logró Brasil.

Este mes será definitorio, debido a que se cumplirán las dos etapas que faltan del juicio político.

Después de la aprobación del informe de la Comisión Especial que pide el juicio político, el plenario del Senado está convocado patra el próximo martes para recibir la notificación de esa decisión y votar si aprueba el informe y sigue el juicio. El martes se necesita una mayoría simple de votos de 41 senadores en 81 miembros de ese cuerpo para que el juicio avance. Todo indica que hay votos suficientes para que siga el proceso. En el ámbito parlamentario se estima que la sesión será extensa y podría durar unas 20 horas.

Tras la aprobación por el Senado pasado mañana, el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, convocará nuevamente al Senado para decidir la suerte definitiva de Rousseff, quien fue sustituida interinamente el 12 de mayo por quien era su vicepresidente, Michel Temer. Se estima que Lewandowski convocará al Senado para el jueves 25 o lunes 29 de agosto, para una sesión que podría extenderse durante cinco días, mientras se exponen los argumentos a favor y en contra de la destitución. En esa sesión, se necesitan los votos de dos tercios del cuerpo, es decir, 54 de los 81 senadores para declararla culpable y privarla del desempeño de la presidencia. En ese caso, Temer deberá completar el mandato que vence el 1° de enero de 2019, pese a que su gobierno enfrenta fuerte resistencia. La oposición asegura que tiene los votos necesarios para la destitución de la presidenta. Si se diera la eventualidad de que fuera absuelta, — un escenario que parece improbable— Rousseff recuperaría el cargo presidencial, y Temer volvería a la vicepresidencia.

La oposición afirma que la presidenta incurrió en unas maniobras contables de características ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. Asimismo, sostiene que el Gobierno aprobó decretos de crédito suplementario en 2015 sin tener la autorización necesaria del Congreso, después de advertir que no podía cumplir la meta fiscal de ese año. La ley de juicio político considera un "delito de responsabilidad" atentar contra la ley presupuestal, y la administración de los dineros públicos.

El jueves último, el senador Antonio Anastasia (Partido de la Social Democracia Brasileña) obtuvo amplio respaldo en la Comisión Especial a su informe de 441 páginas en el que se pronunció a favor del impeachment o juicio político. "La gravedad de los hechos constatados no deja dudas en cuanto a la existencia no de meras formalidades contables, sino de un auténtico atentado contra la Constitución", afirmó Anastasia, despues de cien días de labor en la preparación del informe que es la base del juicio.

Desde que se planteó el juicio político, Rousseff señala que las acciones contables que son tomadas como fundamento por la oposición para impulsar el proceso en su contra y destituirla no suponen una ilegalidad y menos aún "un delito de responsabilidad". Argumenta que practicó esos actos administrativos basada en una cadena de decisión, con análisis técnicos y jurídicos que los avalaron.

Asimismo, aclara que en su contra "no hay ninguna acusación de desvío de dinero, de enriquecimiento ilícito, ni de ocultar cuentas en el exterior".

Rousseff denuncia que más que un juicio político es un golpe de Estado que la oposición da contra su gobierno para impedir que el PT continúe las políticas que han sacado a millones de brasileños de la pobreza.

El abogado de Rousseff, José E. Cardozo, dijo que Anastasia omitió pruebas que muestran la inocencia de la presidenta. "El instructor no se libró de la pasión", dijo Cardozo y lo acusó de ignorar un informe de la Fiscalía que exculpa a Rousseff de delitos penales, aunque también dice que fueron comprobadas irregularidades en el manejo de los presupuestos.

Michel Temer no es popular. Nunca lo fue. Sus oponentes aseguran que nunca lo será. Su Gobierno, según las últimas encuestas, tiene 14% de aprobación, casi el mismo que Dilma Rousseff, cuando fue apartada. Temer tiene pendientes dos gran des reformas impopulares que, según asegura, encarará cuando se convierta en presidente con todas las letras: las de las pensiones y la laboral. (Fuente: El País de Madrid).

En una entrevista con la BBC, Dilma Rousseff sostuvo que si recupera el poder convocará a un plebiscito para consultar a los ciudadanos sobre la realización de nuevas elecciones. Anunció que prepara una "Carta a los Brasileños".

La propuesta ahondó las diferencias con el PT. El presidente de ese partido, Rui Falcao, dijo que unas nuevas elecciones presidenciales "no tienen ninguna viabilidad". Fuente: EFE

DECIDEN EL FUTURO DE DILMA