El pedido de juicio ingresó ayer al Senado y comienza a estudiarse el lunes.

La mandataria brasileña, Dilma Rousseff, dijo ayer que cree "que hay un componente fuerte" de machismo detrás del proceso que la puede llevar a perder el cargo y aseguró que "este no pasaría si el presidente fuera un hombre".

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Rousseff afirmó que en el trámite para un juicio político percibe "varios tipos de violencia", y aseguró que "hay mezclado también un alto grado de prejuicios" que vinculó a su condición de mujer.

"Creo que hay un componente fuerte" de machismo, indicó la jefa de Estado, quien citó reportajes aparecidos en la prensa local que calificó de "misóginos" y ofensivos con las mujeres.

"Han dicho que estoy nerviosa, histérica, desequilibrada, y hasta han insinuado que soy autista", apuntó la presidenta, quien aseguró que esos calificativos no habrían sido usados con un hombre.

"No soy de desesperarme. Tengo capacidad de lucha. Soporté la dictadura y la tortura. Pero lamento profundamente el alto grado de prejuicios contra las mujeres", declaró.

El proceso iniciado contra la mandataria se fundamenta en unas maniobras fiscales con las que el Gobierno maquilló sus resultados, que según Rousseff no constituyen un "delito de responsabilidad", que es como la Constitución define las causas que pueden llevar a la destitución de un gobernante.

El trámite, aprobado este domingo por la Cámara de Diputados, está ahora en manos del Senado, que esta semana deberá instalar una comisión de 21 miembros que analizará el caso y preparará un informe que luego será llevado al pleno de la Cámara.

En caso de que el pleno respalde la apertura del juicio político, Rousseff deberá separarse del cargo mientras dure el proceso y será reemplazada temporalmente por el vicepresidente Michel Temer, que en caso de su destitución completará el mandato que vence el 1º de enero de 2019.

Senadores opositores, como el exmandatario Fernando Collor de Mello, exigieron que se proceda con celeridad en el tratamiento del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y se sesione durante un feriado.

Los legisladores apuran el juicio por impedimento y esperan que en el feriado nacional del 21 de abril se analice la cuestión en el recinto, a ejemplo de lo que hizo la Cámara Baja, e incluso trabajar "sábado y domingo".

"No queremos que haya dilaciones que puedan beneficiar al gobierno", declaró el senador Agripino Maia, presidente del partido Demócratas, que integra la coalición que respalda el impeachment contra Dilma Rousseff.

"Estamos dispuestos a llegar a un pacto con el bloque oficialista para trabajar el feriado de Tirantedes (21 abril), el viernes, el sábado y el domingo" tal como lo hizo la Cámara de Diputados, que trabajó el sábado y domingo pasados, comparó Maia. El domingo a las 23:50 horas, luego de 10 horas de deliberaciones en las que hubo insultos y conatos de agresión, Diputados propinó una fulminante derrota a la presidenta Dilma Rousseff al aprobar por 367 votos contra 137 la apertura del impeachment.

Mientras la crisis no se resuelve, Brasil enfrenta una situación de virtual acefalía política. Dilma Rousseff continúa en el cargo en Brasilia, pero con su poder erosionado y el vicepresidente Michel Temer comenzando a diseñar el gabinete en San Pablo.

Luego de reunirse con potenciales ministros de su futuro gabinete, Michel Temer declaró ayer: "Quiero ser muy silencioso y respetuoso de lo que decida el Senado".

Es "inadecuado" realizar declaraciones sobre la forma como la Cámara Alta está tramitando el impeachment, acotó el vicepresidente y eventual futuro mandatario Temer, al hablar con la prensa en San Pablo.

En tanto, el presidente del Senado, Renan Calheiros, ya recibió las actas de la votación y la denuncia contra Rousseff por "crimen de responsabilidad" refrendada en la Cámara Baja.

Según establece el reglamento legislativo, esos antecedentes tienen que ser analizados por una Comisión especial del Senado, la cual decidirá por mayoría simple si se abre o no un proceso contra la mandataria. Si hubiera un voto por el juicio, lo cual parece probable, Rousseff será obligada a licenciarse del cargo durante seis meses, período en el que será reemplazada por el vicepresidente Temer.

El expresidente y actual senador opositor Fernando Collor de Mello se sumó a otras voces opositoras al recomendar que la comisión se pronuncie a la brevedad sobre el caso.

Collor de Mello recordó que "cuando fue el impeachment contra mí hubo nada más que dos sesiones" hasta que la comisión senatorial decidió dar vía libre al enjuiciamiento.

El Senado espera instalar el próximo 26 de abril la comisión especial que analizará el proceso para un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, informó ayer el presidente de ese órgano legislativo, Renan Calheiros. El trámite en el Senado comenzó ayer mismo, con la lectura de un informe remitido por la Cámara de Diputados. El presidente del Senado resolvió, asimismo, adelantar en una semana la votación de la comisión especial el próximo lunes que quedará en funciones desde el 26.

Con el avance al Senado del proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el futuro de la principal economía de América Latina recae en las manos de Renan Calheiros, un hombre que, como muchos legisladores brasileños, tiene problemas legales... y una renovada cabellera. De 60 años, Calheiros es el presidente del Senado y tiene un papel central en el impeachment: desde decidir cuestiones tácticas, como los plazos del proceso, hasta imponer el tono de la discusión. El lunes definió con el presidente de la Corte Suprema el cronograma del proceso de juicio. Pero muchos brasileños consideran que Calheiros no es un personaje clave en toda esta trama, sino más bien un político discreto, de quien lo que más resalta es su cabello, o más bien sus problemas de caída, y el extraordinario trabajo que se tomó para hacerse implantes. Ahora enfrenta un caso mucho más grave, al estar señalado de haber aceptado sobornos de la trama Petrobras. Medios de prensa publicaron, basados en una delación de un exdirectivo, que recibió US$ 6 millones en 2006. AFP

JUICIO POLÍTICO