“Tenemos que tener cuidado con eso”, señaló la mandataria brasileña

Dilma admite que podrían iniciarle un juicio político

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, admitió el domingo que existe riesgo de un "impeachment" (juicio político en su contra), que, eventualmente, podría destituirla del cargo.

Rousseff consideró, en una entrevista con la cadena CNN, que esta iniciativa, impulsada por su excontrincante presidencial Aécio Neves y otros opositores, es "una amenaza a la consolidación institucional".

"Tenemos que tener mucho cuidado con eso (del "impeachment") porque nuestra democracia es aún adolescente, diría yo", planteó la mandataria.

Al hacer un balance de la situación de su segundo gobierno, que ayer cumplió exactamente un año, Rousseff reconoció que la crisis política y económica no le permitieron aplicar medidas importantes por lo que demandó a la oposición que deje de lado la estrategia de incentivar "el odio".

Durante la entrevista destacó, por otra parte, el "éxito" de las políticas sociales en curso, según citó la cadena Globo. "En los últimos 10 o 12 años, Brasil tuvo 36 millones de personas en la pobreza extrema y hoy se convirtió en un país de clase media", señaló.

En tanto el Partido de la Socialdemocracia prometió renovar esta semana su demanda de un enjuiciamiento político contra Rousseff por sus presuntos vínculos con el esquema de corrupción del "Petrolao" —que provocó pérdidas de 2.000 millones al Estado, dejó a varios políticos tras las rejas y que ha afectado la popularidad de la mandataria brasileña—.

Dirigentes de esa agrupación estiman que el costo de la crisis causará derrotas importantes en las elecciones municipales en 5.600 ciudades que se realizarán en 2016, publicó hoy el diario Valor Económico.

Más corrupción

Casi todas las semanas en Brasil hay nuevas denuncias de corrupción que se destapan.

Ayer, la Policía Federal realizó una gran redada contra un grupo de fabricantes de automóviles sospechosos de haber sobornado al Gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para obtener exoneraciones tributarias.

La Justicia emitió siete órdenes de arresto preventivo y la Policía pretendía llevar a la comisaría a otras nueve personas para interrogarlas y efectuar registros en 18 direcciones de cuatro estados.

Una de las redadas se realizó en una empresa de un hijo del exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva.

El consorcio de empresas es sospechoso de negociar sobornos con miembros del Ejecutivo para conseguir la firma de un decreto que fue aprobado en 2009 y que concedió descuentos de impuestos a la fabricación de automóviles.

Las empresas también son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), el departamento del fisco encargado de multar a defraudadores de impuestos.

Las irregularidades en los procesos del CARF son investigadas desde el pasado marzo y se han extendido a decenas de grandes empresas de diversos sectores.

El caso de los fabricantes de automóviles fue destapado el pasado 1º de octubre por el diario Estado de São Paulo, que divulgó mensajes entre las empresas, en los que se habla del pago de sumas millonarias a grupos de presión para que estos sobornaran a los políticos.

Los documentos publicados por el diario citan a las empresas MMC Automotores, subsidiaria de Mitsubishi, y el Grupo CAOA, fabricante y vendedor de marcas como Hyundai, Ford y Subaru.

El objetivo del grupo era la prórroga del plazo de un decreto que concedía importantes rebajas tributarias a los fabricantes de automóviles, calculadas en 1.300 millones de reales (unos 740 millones de dólares al cambio de la época) al año.

El Gobierno de Lula da Silva aprobó el 20 de noviembre de 2009 el decreto que prorrogó hasta 2015 los descuentos tributarios a la fabricación de automóviles, una medida que tenía como objetivo impulsar a ese sector, afectado por la crisis y considerado como uno de los pilares de la industria brasileña y uno de los que más mano de obra emplea en todo el país.

La empresa del hijo de Lula fue incluida en la investigación debido a que la firma Marcondes & Mautoni, citada como la intermediaria del pago de sobornos, hizo una transferencia por 2,4 millones de reales (unos 1,45 millones de dólares) en marzo de 2011 a esa compañía de márketing deportivo.

Los abogados del empresario hijo del expresidente calificaron como "injustificado" el registro que la Policía hizo ayer a la sede de una de las empresas de su cliente.

"La empresa registrada no tiene ninguna relación con el objeto de la investigación de la llamada Operación Zelotes", aseguraron los abogados.

De acuerdo con los defensores, otra de las empresas del hijo de Lula, la "LFT Marketin Esportivo", sí figura entre los blancos de la Operación Zelotes pero, alegaron, igualmente sin justificación.

"Tan solo es necesario observar la fecha de la constitución de esta empresa para concluir que no está involucrada con las sospechas investigadas", dijeron los abogados.

Entre las personas detenidas por la "Operación Zelotes" figuran Mauro Marcondes Machado, quien era el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) y los socios de Marcondes & Mautoni.

SABER MÁS

Otro camino de destitución

El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso ve en la Justicia electoral el camino para una salida anticipada de la actual mandataria, Dilma Rousseff, y no mediante un juicio político con fines de destitución en el Congreso, como propone otro sector de la oposición. "El PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña, su formación) le pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) la destitución. Si eso va a pasar no lo sé y va a depender de las investigaciones. Brasil es un país que se ablandó mucho en lo que tiene que ver con la ley", declaró Cardoso a la revista Veja. Para Cardoso, su partido "apostó" más por esa salida por vía de la Justicia electoral que por el así llamado "impeachment", el juicio político con fines de destitución.

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