EXTRANJEROS PERSEGUIDOS

Cada día provoca angustia y dudas

Cientos de miles de jóvenes inmigrantes ilegales viven una perspectiva incierta en EE.UU.

Incertidumbre: Jovan Rodríguez, que se beneficia del DACA, en su departamento de Nueva antes de salir a trabajar. Foto: Reuters
Incertidumbre: Jovan Rodríguez, que se beneficia del DACA, en su departamento de Nueva antes de salir a trabajar. Foto: Reuters

Con nervios y rezos, con la cuenta regresiva en su pensamiento y con los abogados que se encargan de temas migratorios trabajando a toda velocidad, cientos de miles de jóvenes inmigrantes han pasado los últimos meses siguiendo atentamente las negociaciones entre el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso de las que depende su futuro, en tanto cada novedad se convierte en un presagio que martiriza.

"Es como mirar una telenovela. Cada día es diferente", señala Francis Madi, de 28 años, quien fue traída a Estados Unidos desde Venezuela en 2003 y ahora vive en Long Island. "Ahora entramos en la parte de mayor tensión de la telenovela, en la que uno pregunta qué le pasará al protagonista".

En este caso, la protagonista es la propia Francis.

Quizás más que ningún otro grupo de personas en Estados Unidos, los Dreamers (Soñadores) como se les conoce a estos jóvenes inmigrantes, han visto sus vidas condicionadas directamente por las oscilaciones caprichosas del humor de la política nacional.

Sueño: "No se puede deportar los ideales", proclama la chica. Foto: Reuters
Sueño: "No se puede deportar los ideales", proclama la chica. Foto: Reuters

Pero, en los cuatro meses desde que el gobierno de Trump anunció que terminaría con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, según su sigla en inglés), que protege a 800.000 jóvenes inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran menores, lo que courre en Washington ha tenido una repercusión personal para ellos. Mientras el Congreso y la Casa Blanca siguen sin acordar un programa sutitutivo, los inmigrantes empezaron a perder las protecciones que tenían y quedan expuestos a la deportación.

Y, la situación parece más complicada aun después de la reunión que Trump sostuvo la semana pasada con legisladores republicanos y demócratas, en la que preguntó en términos de menosprecio por qué Estados Unidos tiene que recibir a personas de "países de mierda" como los de África, Haití y El Salvador.

Tensión.

La noche del martes pasado, un juez federal en San Francisco dictaminó que el gobierno de Trump había revocado el programa de manera incorrecta y ordenó su restablecimiento. Aunque los defensores de los migrantes vieron la decisión con buenos ojos, advirtieron que esperaban que fuera impugnada, si no es que anulada, y señalaron que un mandato judicial no puede reemplazar una ley del Congreso.

Alrededor de las 5:00 horas, en Fall River, Massachusetts, Hellosa Silva, de 18 años, quien estudia el último año de Bachillerato y llegó a Estados Unidos desde Brasil cuando era una bebé en brazos, se levantó sobresaltada con la alerta en su celular de una noticia que informaba sobre la sentencia del juez. "La leí y me emocioné mucho", comenta.

Ramiro Luna todavía estaba trabajando el martes en Dallas, cuando vio la noticia sobre el dictamen del juez en Facebook. En realidad, no alivió la tensión que siente cada vez que piensa en su condición de beneficiario de DACA, es decir, cada vez que echa un vistazo a la cuenta regresiva en su iPhone que le dice cuántos días le quedan antes de que expire el amparo.

El miércoles pasado, el conteo marcaba 280 días.

"Todos los días me siento como si solo me quedara apenas un día en el que pudiera considerarme seguro aquí", manifestó.

En riesgo.

Luna, de 33 años, vino a Estados Unidos desde México con su padre a la edad de 7 años. Estudia psicología en la Universidad del Norte de Texas en Dallas y trabaja como director de campaña de la representante estatal de Dallas Victoria Neave, quien es demócrata.

Comenta que se había acostumbrado a vivir en el caos y la incertidumbre. Para empezar, podría perder su permiso de trabajo antes de las elecciones.

El DACA les ha permitido a sus beneficiarios obtener empleos, ir a la universidad, lograr licencias para conducir y abrir planes de retiro denominados fiscalmente como "401(k)". Todas esas oportunidades ahora están en riesgo.

"En este momento ya estoy pensando en qué tipo de trabajo informal para subsistir podré hacer sin papeles", indica.

Tocar puertas, llamar a los legisladores, hacer que corriera la voz en las redes sociales: el activismo fue la única esperanza que tuvo la mayoría de los beneficiarios de DACA. Más de cien beneficiarios se dan cita en el Capitolio en Washington para narrar sus historias a los legisladores en un esfuerzo urgente para persuadirlos de convertir el programa en ley.

Uno de ellos es Hector Rivera Suárez, de 20 años, presidente del consejo estudiantil de Guilford College, en Carolina del Norte, cuyo estatus en DACA expira el 21 de enero. "Ahora siento que ya no tengo el control sobre mi propio futuro", advierte. "Tenía muchos planes, pero ahora dependen de que alguien más tome esas decisiones por mí".

"Uno se siente como si le hubieran dado una puñalada en la espalda"

Hay miles de historias entre los dreamers, que pueden diferir en los detalles, pero describen situaciones similares.

Hafsa Mamun, de 18 años, dedica unos 30 minutos por noche —al retornar de las clases en el Hunter College en Manhattan— a leer las informaciones sobre las negociaciones para una ley migratoria, en los sitios digitales de los principales diarios. Nacida en Malawi de padres indios, llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años. Su estatus de protección bajo DACA vence en 2019. Reconoce que no tiene planes de futuro, debido a que la situación es de incertidumbre.

"Estoy siempre en tensión", señala Mamun. "Una día surge esperanza porque parece que puede aprobarse una ley, pero de pronto surge algo que aleja la solución".

En el caso de Missael García, de 27 años, el problema dejó de estar en la teoría. El permiso de trabajo que obtuvo a través del programa DACA, ya venció, lo que lo obligó a dejar su trabajo en el sistema de enseñanza primaria de la ciudad de Baltimore.

El miércoles pasado, García estuvo en Washington DC, golpeando a las puertas de los legisladores como parte de un grupo de acción en favor de los inmigrantes.

"Tengo la sensación de que el gobierno hace comentarios y anuncios que estimulan a la gente, pero después les tira abajo su esperanza", señala. "Al final del día, uno se siente como si hubiera recibido una puñalada en la espalda". (The New York Times)

SALVADOREÑOS BAJO AMENAZA

Hay 200 mil en riesgo de expulsión

Decenas de miles de salvadoreños en Estados Unidos están atrapados en una pesadilla. Si no hay un milagro legislativo que lo impida, tienen hasta septiembre de 2019 para tomar una decisión trascendental: volver a su empobrecido país, del que huyeron hace años; tratar de convertirse en inmigrantes legales o quedarse en Estados Unidos, pero con el riesgo de ser deportados. Sus vidas penden de un frágil hilo. Muchos se horrorizan al pensar en dejar atrás a sus hijos, que, como nacieron en Estados Unidos, tienen la ciudadanía y no pueden ser deportados.

Donald Trump ha puesto fecha de caducidad al Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas inglesas) para El Salvador, iniciado en 2001 tras dos terremotos en ese país. La decisión afecta a unos 200.000 inmigrantes salvadoreños e indirectamente a sus 192.000 hijos estadounidenses. En los últimos meses, ya se canceló, aunque con menos afectados, el TPS para haitianos, nicaragüenses y sudaneses. El programa se creó en 1990 para conceder visados temporales y permisos de trabajo a personas que ya vivían en Estados Unidos de forma ilegal y originarias de países afectados por guerras o desastres naturales.

Por ejemplo, Jorge Escobar llegó de forma ilegal, "caminando por la frontera", en 1998. Tenía 20 años y estudiaba en El Salvador, pero perdió su trabajo, dejó de pagar la universidad y decidió seguir el camino de su hermano, que vivía en Estados Unidos. Lleva 20 años trabajando en la construcción y desde hace 10 tiene su propia empresa. "Esperábamos que el Gobierno nos fuera a dar una oportunidad. Como pagamos impuestos, pensábamos que después del TPS nos iban a dar la residencia permanente", dice.

Escobar, que vive en Hyattsville (Maryland), tiene dos hijas de 15 y 16 años, y uno de 8. Está divorciado de su esposa, que también está bajo el TPS. "Mis hijos tienen que crecer, no sé quién les va a ayudar", lamenta.

Está sumido en un mar de dudas sobre su futuro. Piensa que una posibilidad para, poder quedarse legalmente en Estados Unidos, es casarse con una estadounidense. Le aterroriza volver a El Salvador, donde viven su madre y otro hermano, a los que manda remesas. "Allá todavía es peligroso", advierte en alusión a las maras. (Fuente: El País de Madrid)

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