La denuncia de que las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron a 22 personas en 2015 fue la chispa que detonó la salida de Enrique Galindo como titular de la Policía Federal (PF), una institución cuya credibilidad se vio afectada por varias de sus actuaciones.

Es la manera que el Ejecutivo tiene de "reivindicarse", en unos momentos en los que la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto permanece en sus niveles más bajos y están faltos de "reconocimiento y legitimidad", afirmó ayer el experto José Antonio Crespo.

Al anunciar este lunes la separación de Galindo de su cargo, "por instrucciones del presidente", el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, no quiso concretar el motivo de la salida del comisionado de la Policía, pero afirmó que esta ocurría "en el marco de los hechos recientes".

La destitución, dijo Osorio, se produce "con el objetivo de facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación ágil y transparente", lo que remitió, aun sin una referencia explícita, al reporte publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el operativo realizado en un rancho de Tanhuato, en el occidental estado de Michoacán, en mayo de 2015.

La CNDH reveló hace dos semanas que, en un operativo contra presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los agentes federales ejecutaron de manera arbitraria a 22 personas y otras cuatro más murieron por el "uso excesivo de la fuerza".

Estas acusaciones, sumadas a las que el reporte presentó sobre tortura, manipulación de evidencias y falsedad en las informaciones, "precipitó" la salida de Galindo, dado que es "lo menos" que el Gobierno puede hacer en estos momentos, defiende el experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Pese a que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende la Policía Federal, aseguró que los agentes actuaron "en legítima defensa" y que el uso de armas fue "necesario", Tanhuato fue otro aspecto más a sumar en el listado de casos relacionados con los derechos humanos que se han vuelto incómodos para las autoridades, como Ayotzinapa o Tlatlaya.

"El daño para el Gobierno está hecho, pero mejor que haya alguien que pague las cuentas a que no haya nadie", valoró Crespo sobre la salida de Galindo, quien será sustituido por Manelich Castilla Craviotto.

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