RICARDO PÉREZ MANRIQUE

“Es necesario mantener la bandera de los derechos humanos bien firme”, puntualizó el exministro de la Suprema Corte de Justicia.

EDUARDO BARRENECHE - EL PAÍS/URUGUAY/GDA

—Es uno de los candidatos a integrar la Corte Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA. ¿Qué representa para usted esa nominación?

—La Corte es el organismo máximo desde el punto jurisdiccional del sistema de protección de los derechos humanos de la región. Tiene 40 años de existencia, dentro de los cuales ha ido señalando estándares de derechos humanos que hoy son aplicados prácticamente por los sistemas judiciales de todos los países. Y eso ha motivado que la Corte vaya ganando en prestigio y en respeto. Llevó también a que los jueces nacionales se vean siempre en el espejo de la Corte a los efectos de aplicar su jurisprudencia.

—¿Qué puede aportar en caso de ser elegido miembro de la Corte Interamericana?

—De hecho durante muchos años en la Suprema Corte de Justicia (de Uruguay) hemos trabajado de esa manera: siguiendo los fallos de CIDH. Nos ha parecido muy importante el punto de vista de la experiencia personal que podemos volcar después de 30 años de magistratura en Uruguay. Y específicamente (tengo) una experiencia personal vinculada con la aplicación de los derechos humanos en forma directa en temas como familia, adolescentes infractores, libertad de expresión, temas de género. (En los distintos tribunales uruguayos) siempre hemos trabajado el derecho interno con perspectiva de los derechos humanos. La Corte Interamericana tiene un papel muy importante y trascendente en la región, en momentos de cambios políticos notorios, en los cuales es necesario mantener la bandera de los derechos humanos bien firme.

—¿Cómo ve el papel de la Corte frente a los grandes desafíos democráticos en la región y más en específico frente a la libertad de expresión, cuando el derecho penal es usado como mecanismo para castigar o silenciar voces disidentes?

—La Corte tiene una jurisprudencia que comparto desde el punto de vista del pensamiento y de mi idea de la libertad, de que el derecho penal, salvo casos muy excepcionales, jamás debería ser utilizado para sancionar a periodistas o presuntos excesos a la libertad de expresión. Creo que la vía civil es la adecuada para estos casos. La vía penal siempre termina siendo un riesgo para provocar lo que el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece como censura de manera directa o indirecta.