Tras el despliegue de fuerza en los ejercicios militares que ordenó Maduro, la oposición dice que busca impedir que se vote para terminar con su mandato.

Después de 48 horas de ejercicios en todo el país, en los que más de 500 mil militares y milicianos sacaron a relucir su poderoso armanento, la situación de alta tensión se mantiene en Venezuela entre el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro y los sectores de la oposición reunidos en la Mesa de Unidad Nacional (MUD), que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento).

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sacó la artillería —siguiendo las órdenes del presidente Maduro— para prepararse ante una agresión externa, en medio de la conflictividad social y de los renovados reclamos de la oposición para quitarlo del poder a través del referéndum. Maduro sostiene que Estados Unidos está planeando una intervención en Venezuela, a pedido de "la derecha fascista venezolana" para terminar con la revolución bolivariana. Sostuvo que es el siguiente paso después de lo que calificó de "golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff".

Maduro impartió la orden un día después de decretar un estado de excepción y emergencia económica. No es la primera vez que ordena ejercicios bélicos. El año pasado, después de que el presidente Barack Obama declaró a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos, el líder bolivariano dispuso prácticas similares. Sin embargo, los ejercicios que finalizaron ayer no sólo movilizaron más combatientes, sino que incluyeron a la Milicia Bolivariana, un cuerpo de civiles con instrucción militar creado por el fallecido Hugo Chávez para complementar a las Fuerzas Armadas.

Desde que Chávez, militar de profesión, asumió la Presidencia de Venezuela en 1999, las Fuerzas Armadas han cobrado un papel preponderante en la política del país. No solo aumentó su presupuesto año tras año, sino que el fallecido líder socialista les dio derecho al voto, las declaró antiimperialistas y cambió su grito de guerra a la usanza del Che Guevara: "Patria, socialismo o muerte".

A pesar de ser un civil, Maduro ha continuado con la militarización de la política, lo que es criticado por la oposición. En la actualidad, casi la mitad de los gobernadores y el 25% de sus ministros son uniformados.

Pasado el despliegue de fuerzas dispuesto por Maduro, la alianza opositora MUD insiste en su intención de activar el referéndum revocatorio del mandato del presidente, que termina en 2019, un mecanismo establecido por la Constitución. La MUD aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está buscando excusas para invalidar las casi dos millones de firmas consignadas el pasado 2 de mayo para solicitar el revocatorio. El órgano electoral anunció, el jueves, que el proceso de análisis de las rúbricas se realizará en cinco fases de validación, luego otra de auditoría y, tras esto, la verificación en puntos automatizados por cada elector.

"Ahora están buscando artilugios, con unas observaciones por medio de la dacticloscopía, a ver si una firma colocada en una planilla se corresponde con las huellas reales", dijo a la emisora Éxitos, el vocero de la MUD, Vicente Bello. Consideró que esas fases no son "legalmente necesarias pues lo que procede es convocar a los ciudadanos y que ellos, cada uno personalmente, ratifiquen su huella" y la coloquen "en una captahuella para que sea verificada". Sostuvo que las autoridades del Poder Electoral intentan "ver si a Maduro le ocurre un milagro y anulan las firmas".

Por su parte, el representante de la MUD ante el CNE, Juan C. Caldera, afirmó que estas fases de validación ponen unas 800 mil firmas en riesgo de anulación.

El proceso planteado por el CNE verifica varios campos que incluyen huellas digitales, firmas, datos del elector, entre otros, que, serán revisados por técnicos en grafología y dactiloscopía.

Los opositores han admitido que muchas de esas firmas pueden no cumplir los estándares de los técnicos y tener errores porque fueron recogidas en las calles.

Sin embargo, representantes de la "Revolución Bolivariana" han insistido en que se ha cometido fraude al incurrir en acciones más complejas para promover el referéndum, como incluir los datos de personas fallecidas o emplear la misma huella con los datos de más de un ciudadano. Asimismo, los afectos al gobierno de Maduro señalan que los opositores han convocado el revocatorio para ilusionar a sus bases y provocar, con esa excusa, un revuelo social. También aseguran que los opositores saben que "los tiempos no dan" para que el referéndum se realice este año, como pretende la MUD.

La legislación establece que cualquier funcionario designado mediante elección popular puede ser revocado tras cumplir la mitad de su gestión, momento que Maduro superó en abril. Pero si el jefe de Estado cumpliera las dos terceras partes de su mandato, al ser revocado el vicepresidente, asumiría en su lugar.

De allí la urgencia de la oposición en que el revocatorio se realice este año y su exigencia de celeridad en todos los trámites.

Desde el viernes último, en medio de una situación de alta inflación y escasez de productos esenciales y medicamentos, Maduro se arrogó amplias facultades para preservar la seguridad y paliar esas carencias que golpean a la población. El decreto que aplica el estado de excepción y emergencia económica lo faculta, por un periodo de 60 días, a dictar las "medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes". Si bien el texto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno para "ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público".

Además, ordena a la FANB y demás órganos de seguridad a "garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y demás productos de primera necesidad", que están en grave escasez desde hace varios meses. Eso se realizará en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados para evitar que terminen en manos de contrabandistas. Los CLAP entregan bolsas de alimentos puerta a puerta, a través de una "tarjeta de abastecimiento" disponible para beneficiarios de programas sociales.

El director del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, una ONG local, Oscar Meza, dijo que "con unos niveles de precios en los alimentos del 700% e índices de escasez que se acercan al 50% en los productos de la canasta básica, es obvio que el decreto de excepción no sirve". En su concepto, "tiene la intención de profundizar el control político para mantenerse en el poder frente al derrumbe del apoyo popular que sustentaba".

La comisión conformada por los expresidentes José L. Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), con el apoyo de la Unsaur, intenta promover el diálogo entre el gobierno y la oposición. Rodríguez Zapatero dijo que todos han expresado su voluntad de poner en marcha un diálogo nacional y espera, en un tiempo razonable, definir una agenda concreta para las conversaciones. Reconoció que será "un camino largo y difícil".

UN PAÍS QUE VIVE EN TENSIÓN