Unas 200 personas serían escuchadas de manera ilegal

Denuncian al Gobierno de CFK por espiar a jueces

Las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, del Partido Republicano (PRO) radicaron el martes dos denuncias penales ante la Justicia tras recibir un listado de políticos, jueces, economistas, empresarios y periodistas que por orden del Gobierno serían escuchados de manera ilegal por el Ejército o la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE).

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El director de Inteligencia, Oscar Parrilli, negó la escuchas ilegales. Foto: La Nación / GDA

Una de las denuncias quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello —quien la remitió al fiscal Ramiro González para que analice los pasos a dar—, en tanto que la segunda recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien se excusó de inmediato de intervenir ya que figura en ese presunto listado.

Según detalló Alonso en su escrito, un supuesto "miembro de los servicios de inteligencia" la contactó para entregarle datos sobre la "interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de WhatsApp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras" de un listado de más de 200 personas.

Ese listado abarca a cinco de los seis candidatos presidenciales —Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás del Caño—, así como al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, los restantes miembros de ese tribunal, empresarios, sindicalistas e incluso figuras de la televisión como Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Jorge Rial.

En ese listado figuran, también, el exjefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández (hoy junto a Massa), el ex itular de la SIDE durante una década kirchnerista, Héctor Icazuriaga, y también el exjefe del Ejército César Milani.

Sin embargo, en ese listado no aparece el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ni sus principales colaboradores, así como tampoco algunos de los empresarios más cercanos a sus competidores, como Nicolás Caputo o Jorge Brito.

La filtración de ese supuesto listado ocurre a cuatro días de las elecciones presidenciales y registra un marcado énfasis por seguir al exjefe operativo de la SIDE, Antonio Horacio Stiuso, sus familiares (incluida su expareja, hijas, yernos y nieto), sus principales colaboradores (también con sus familiares directos) y presuntos testaferros y empresarios cercanos.

Según Alonso en su denuncia, su informante le detalló que las "interceptaciones" aún se desarrollan desde el último piso de un edificio en el cruce de las avenidas Entre Ríos y San Juan de la ciudad de Buenos Aires, del que no aportó más precisiones.

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