En una denuncia de 14 carillas que promete acercar hoy a Tribunales, el legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común) acusará al espía Antonio "Jaime" Stiusso de enriquecimiento ilícito, a través de empresas que formó junto con otros agentes de la ex SIDE cuando ejercía funciones en ese organismo, hoy descabezado y en vías de ser reformado.

La acusación llega en momentos en que desde la Casa Rosada se apuntan todos los focos para cargar sobre el ex jefe de contrainteligencia la responsabilidad en la muerte, aún misteriosa, del fiscal Alberto Nisman. Vera es, sin embargo, un opositor al kirchnerismo aunque su denuncia contra Stiusso le sea funcional.

Vera sostiene que las firmas habrían sido utilizadas para blanquear capitales obtenidos de modo ilícito por el ex hombre fuerte del espionaje argentino.

Según el legislador de la ciudad, a partir de denuncias anónimas e investigaciones de la Fundación Alameda —que él dirige— sobre una red de trata de personas atribuida al ex agente de Inteligencia Raúl Martins, llegó a dar con un número de firmas vinculadas entre sí, tanto por sus domicilios como por los integrantes del directorio. Y afirma que algunos de ellos pertenecen al área de Inteligencia del Estado.

En el texto que presentará en la Justicia, el legislador señala que Stiusso formó en 1994 la empresa American Tape SRL. Afirma que lo hizo asociado con otros agentes de Inteligencia, como Horacio García, y también con Juan Carlos Ioanu y Ricardo Kleinberg. Stiusso y García eran en ese momento personal directivo de la empresa, explica Vera en su denuncia. Tras sucesivos cambios gerenciales, que se produjeron luego de que los cuatro mencionados dejaran sus puestos, en el año 2000 quedaron al frente Ioanu y Manuel Constantino García Mutto. Vera asevera que son parientes. La sede fijada por la firma se encuentra en Jujuy 240, Capital Federal, la misma que figura para American Vial Construyendo Futuro, una de las marcas que registró American Tape, dice Vera. Comparten también abonados telefónicos.

El legislador indica que el capital de American Tape, en 2013, tuvo un crecimiento exponencial y pasó de $ 6.000 a 6 millones.

Vera fundamenta su denuncia en consultas realizadas a ediciones del Boletín Oficial de 1994, 1997, 1998 y 2008, y al sistema informático Nosis. Además, adjunta avisos fúnebres de periódicos, con los que pretende comprobar que existe una relación de parentesco que vincula a Ioanu y a García Mutto.

El legislador reclamará en sede judicial que Stiusso y los restantes acusados justifiquen la composición de su patrimonio en forma legítima, a través de una actividad legal. Asegura que los ingresos como agentes de Inteligencia no pudieron nunca ser el origen del incremento patrimonial que denuncia.

El titular de La Alameda señala que Stiusso y García también se asociaron en 1997 en la empresa Construcciones y Tecnologías SA, una firma dedicada a redes de distribución de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones.

Vera adelantó a La Nación que posee "más material probatorio, que se está receptando y revisando". En la denuncia solicita que, si las autoridades judiciales lo consideran pertinente, Stiusso y los otros sospechados sean citados a declaración indagatoria. El pedido incluye que se libre un oficio a la Oficina Anticorrupción, para saber si alguna vez se investigó el patrimonio del espía.

De buena relación con el papa Francisco y usual denunciante de empresas textiles por trabajo esclavo en talleres clandestinos, Vera se separó del Frente Amplio-UNEN, por el que ganó su banca en la Legislatura Porteña. Hoy lidera Bien Común, desde el que busca competir por la jefatura del gobierno porteño.

Los días previos a su muerte, Nisman no paraba de pedir cosas: dar órdenes, juntar documentos y encargar tareas para la semana siguiente. Nada que sorprendiera a su equipo, acostumbrado a un sistema de trabajo sin horarios.

Muchos de esos pedidos fueron para Soledad Castro, la secretaria letrada de la fiscalía que se quedó durante la feria, una de las pocas personas en las que Nisman confiaba para trabajar y de las últimas que lo vieron con vida. El sábado se contactaron por teléfono todo el día, desde la mañana hasta las 19, cuando él le anunció que la iba a necesitar el domingo al mediodía: quería reunirse con ella para cerrar su presentación en la que acusaba a Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento. Esa llamada fue el último contacto.

Ninguno de los WhatsApp que Castro le mandó la tarde del domingo fue respondido. Por la noche, parada en la vereda de la torre Le Parc, ella escuchó de un custodio que su jefe estaba muerto. Durante los últimos días, la fiscal Viviana Fein citó a declarar a varios miembros de la Unidad Fiscal AMIA como testigos en la causa que deberá determinar si se trató de un suicidio o un crimen.

El que fuera hasta el pasado 17 de diciembre director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Antonio Horacio Stiusso —que actuó también bajo el nombre de Jaime Styles— ha aparecido reiteradamente vinculado al caso Nisman. El agente tenía una estrecha relación de trabajo con el fiscal, a quien le suministró toda la información en la causa AMIA.

Diego Lagomarsino, el dueño del arma hallada junto al cadáver de Alberto Nisman, le respondió por primera vez al gobierno a raíz de los reiterados intentos de la presidenta Cristina Kirchner de responsabilizarlo por la muerte del fiscal Nisman. En una entrevista con el diario británico The Guardian, sugirió que se había decidido a hablar en público en los últimos días porque sentía que lo estaban usando como un chivo expiatorio. "Yo era todo lo que tenían y se aprovecharon de mi silencio —declaró—. Llegó un punto en el que empecé a sentir miedo. La gente está diciendo cosas de mí que no son ciertas."

Dijo además que Nisman "no tenía miedo de terroristas; tenía miedo de que algún fanático pudiera atacar su auto con palos mientras estuviera manejando con sus hijas". Reiteró que le había contado su desconfianza con la custodia que debía protegerlo.

Lagomarsino se presentó el miércoles pasado después de que la fiscal Viviana Fein lo imputara por haberle entregado una Bersa calibre 22 de su propiedad a Nisman, que no tenía permiso para usarla.

La ofensiva oficial contra Lagomarsino siguió el sábado con una catarata de tuits publicados desde la cuenta @CasaRosada, alimentada desde el kirchnerismo. Se insistió en centrar la atención en Lagomarsino: recordaron que el arma mortal era propiedad de él, que fue el último que lo vio con vida hasta donde se sabe y también que era un duro opositor al gobierno, como se deduce de lo que escribió en las redes sociales.

caso amiaLA NACIÓN / GDA