LA REPRESIÓN DEL RÉGIMEN CHAVISTA

En el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, desde el pasado 21 de marzo hay combates entre el ejército de Venezuela y grupos armados. Hasta ahora se han denunciado decenas de muertos, miles de civiles que han huido y denuncias de ejecuciones y torturas a la población del lugar por parte de militares venezolanos.

Ayer lunes la organización Human Rights Watch (HRW) entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) y a Naciones Unidas información sobre “abusos aberrantes” de los que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro, contra la población del estado de Apure.

En una entrevista con EFE, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que toda la información que ha recopilado esa organización ya está en manos de la Fiscalía de la CPI y de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, creada por la ONU en 2019.

En concreto, HRW ha entregado a esos dos órganos internacionales un informe en el que documenta la ejecución extrajudicial de al menos cuatro campesinos de Apure, torturas, 13 detenciones arbitrarias y el procesamiento ante tribunales militares venezolanos de civiles a los que se les acusa de colaborar con grupos armados.

“El análisis de lo acontecido en Apure nos lleva a la conclusión de que estos hechos son parte de un patrón de conducta abusiva de las fuerzas de seguridad de Maduro. Esto no es distinto”, afirmó Vivanco.

Por su lado, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reportó ayer lunes nuevos enfrentamientos con “grupos irregulares armados colombianos” y la muerte de militares y presuntos insurgentes. El ministro no dio una cifra de uniformados venezolanos fallecidos ni heridos, tampoco de los miembros de grupos irregulares que fueron abatidos, y sólo agregó que “fueron capturados varios sujetos”.

Durante los enfrentamientos en “sectores despoblados” cercanos a La Victoria, en el municipio Páez, del estado Apure, “hemos infligido un importante número de bajas a los precitados grupos (...) de igual modo fueron capturados varios sujetos”, dijo Padrino en un comunicado. “Lamentablemente también fallecieron algunos de nuestros efectivos”, agregó.

Venezuela ha informado desde mediados de marzo combates con grupos que vincula al paramilitarismo, sin mencionar a disidentes del acuerdo de paz que firmó el Gobierno colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen presencia en la zona, según grupos de derechos humanos.

Colombia y las ONG de Venezuela aseguran que al menos 5.000 personas huyeron de los enfrentamientos en marzo desde La Victoria hacia Arauquita, en territorio colombiano.

El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos que nunca identificaron, pero que HRW dice que son una escisión de las FARC, conocida como el Frente Décimo Martín Villa.

HRW denunció que muchos de los arrestados por Venezuela “no eran miembros de grupos armados”, sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas huidas de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios. Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. (Con información de EFE y Reuters)