Los tribunales de Ecuador demoran las apelaciones de manifestantes que se encuentran en prisión y deberían revisar las condenas sobre las base de las nuevas normas, indicó Human Rights Watch (HRW), organización no gubernamental con sede en Nueva York que hace un seguimiento y defensa de los derechos humanos en el mundo.

"No hay dudas de que si alguien comete un delito durante una protesta, debería ser investigado", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. "Pero, es inadmisible que no se concedan audiencias para revocar condenas por terrorismo o sabotaje impuestas a críticos del gobierno y a manifestantes pacíficos, incluso cuando el derecho ecuatoriano ha sido reformado para evitar este tipo de abusos del sistema judicial".

HRW consideró que las definiciones amplias de "terrorismo y sabotaje" contenidas en el Código Penal de Ecuador hasta agosto de 2014 no cumplían con el principio de legalidad reconocido, que exige que los delitos estén definidos de manera precisa en las leyes.

Destacó que el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia en agosto de 2014, estableció definiciones mucho más precisas para "terrorismo y sabotaje" e incrementó las penas de 10 a 13 años de prisión y entre 22 a 26 años cuando se provoque la muerte de una persona.

Señala que el nuevo Código establece que debe aplicarse "la ley posterior más benigna" a los casos que fueron juzgados por las normas anteriores, en los que se ha pedido la revisión.

HRW menciona la situación de "Los 10 de Luluncoto", un grupo condenado en febrero de 2013 por tentativa de terrorismo, cuando las pruebas fueron libros, camisetas y música, hallados en sus domicilios. Según HRW, el caso sigue en los tribunales, 18 meses después de la apelación.

En otro hecho, la estudiante universitaria María Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de prisión por sabotaje. Fue acusada de ingresar por la fuerza a la sede de Ecuador TV durante el motín policial del 30 de septiembre de 2010, que fue considerado un intento de golpe de Estado. Señala que la joven quería que el gobierno tomara en cuenta a los ciudadanos disconformes con el gobierno.

Asimismo, menciona a Mery Zamora, condenada a ocho años de prisión por sabotaje, en septiembre de 2010. La Corte de Justicia revocó la condena en junio de 2014, y el presidente Correa estimó que esa decisión era muy grave. Después el Fiscal General presentó una "acción extraordinaria de protección", ante la Corte Constitucional. El Fiscal mantiene la acción y la Corte no ha resuelto el caso.

HRW también describe la situación de Pepe Acacho, condenado por terrorismo, en agosto de 2013. La Fiscalía lo acusó de usar estaciones de radio para incitar a manifestantes a salir a las calles a protestar de manera violenta contra una ley de minería. El abogado de Acacho apeló y pidió a la Justicia que aplique las normas nuevas, pero en octubre de 2014, una corte de apelaciones se negó a evaluarlo, según el nuevo Código y confirmó la condena. Acacho apeló otra vez y espera que la Corte Nacional de Justicia fije una fecha para la audiencia.

Vivanco consideró que estas condenas "son un ejemplo claro de cómo el gobierno utiliza leyes represivas contra sus críticos".

En Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicó que las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a opositores son para todos los venezolanos y acusó de las mismas al presidente Nicolás Maduro.

"Los inhabilitados no son solamente Daniel Ceballos, María Corina Machado o Enzo Scarano. Aquí sobrevivimos 30 millones de inhabilitados", señaló el secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, en un texto en la página web de la coalición titulado "10 puntos para enfrentar las inhabilitaciones".

Los tres mencionados fueron elegidos por la MUD como candidatos a la Asamblea Nacional en las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre, pero esta medida les impedirá presentarse.

"El gobierno quiere que hablemos de las inhabilitaciones y las persecuciones a candidatos de la oposición, para que dejemos de denunciar el drama de las colas, la escasez de comida , la destrucción de la moneda y la inseguridad atroz", sostuvo. (Fuente: EFE).

Human Rights Watch indica que deben aplicar el nuevo Código Integral Penal