ESTADOS UNIDOS

Demandas contra Cuba por bienes confiscados

Mayor petrolera de EE.UU. presenta tercera acción por tráfico ilegal de propiedades bajo el comunismo.

Foto: Reuters
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ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, presentó una demanda contra la Unión Cubana-Petróleo (Cupet) y la Corporación Cimex, por los bienes confiscados en Cuba, convirtiéndose en la tercera empresa estadounidense en acudir a la justicia tras la activación del Título III de la ley Helms-Burton.

La demanda fue presentada el jueves por la petrolera con sede en Irving (Texas) ante una corte del Distrito de Columbia, informó el viernes el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.

En la acción judicial, ExxonMobil demanda al grupo empresarial estatal Cimex, que opera una amplia red de tiendas, cafeterías y centros comerciales, y a Cupet, la empresa que controla el sector energético de la isla, por “tráfico ilegal de propiedades” que le fueron confiscadas por el “régimen de Fidel Castro en 1960”.

Las propiedades, según el documento, incluyen refinerías de petróleo y estaciones de servicio, que “todavía están en uso a pesar de que el demandante nunca ha recibido alguna

ExxonMobil solicita al juez una “indemnización compensatoria” por 71,6 millones de dólares y que se le conceda un interés “a una tasa del 6 % anual desde el 1 de julio de 1960”.

El jueves último, dos estadounidenses de origen cubano presentaron en Miami sendas demandas contra la empresa de cruceros Carnival. Ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación.

Voceros de Carnival se limitaron a señalar a Efe: “continuamos operando nuestro calendario previsto de cruceros a Cuba”.

Desde el jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista podrán demandar en tribunales de Estados Unidos a cualquier empresa que se beneficie de ellas por la activación del Título III de la ley Helms-Burton de 1996.

En un movimiento sin precedentes, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el 17 de abril la activación de los Títulos III y IV (este último impide la entrada a Estados Unidos de los demandados por el anterior), que permanecían suspendidos desde su promulgación debido al rechazo de la Unión Europea (UE) y otros países cuyas empresas pudieran verse afectadas.

Firmas españolas y otras europeas, canadienses, japonesas rusas o chinas -generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- hoteles y otros negocios ubicados en propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años del mandato de Fidel Castro.

De multiplicarse las demandas en tribunales estadounidenses se podría generar una complicada espiral de litigios internacionalñes que perjudicaría a las empresas demandadas, especialmente si cuentan con algún tipo de activos en Estados Unidos.

La UE. que aglutina a la mayoría de las compañías amenazadas, advirtió que contraatacará con “todas las opciones a su alcance”, según la alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmatröm, que emitieron un comunicado conjunto tras el anuncio de Estados Unidos.

La UE prometió recurrir a su “estatuto de bloqueo” que prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales de Estados Unidos referidas al Título III en territorio europeo y permite a los demandados recibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.

“Condenadas al fracaso”, afirma cuba

Cuba ha emprendido una intensa campaña para desacreditar la medida y recabar apoyos de la comunidad internacional, lo que refleja su preocupación. El canciller Bruno Rodríguez reconoció que las medidas tendrán “un impacto probable en la economía” de su país, si bien consideró que “están condenadas al fracasdo”. Apeló a la tradicional resistencia de los cubanos ante situaciones de adversidad.

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